La detención de 21 internautas por orden de la Audiencia Nacional corrobora que España se ha convertido en un régimen autoritario y represivo. Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, es el responsable de la «Operación Araña», un nombre infantil y ridículo que ha movilizado al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil para […]
La detención de 21 internautas por orden de la Audiencia Nacional corrobora que España se ha convertido en un régimen autoritario y represivo. Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, es el responsable de la «Operación Araña», un nombre infantil y ridículo que ha movilizado al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil para lanzar un mensaje de miedo contra una sociedad maltratada por el paro, los desahucios, la corrupción política y la brutalidad policial. No sé qué criterio se ha utilizado para seleccionar a un grupo de personas sin un perfil público y mediático. Entre los detenidos, hay menores de edad y amas de casa. Solo Aitor Cuervo Taboada, rapero y poeta, posee cierto relieve como activista político, si bien no es tan conocido como Pablo Hasél, ya condenado por la Audiencia Nacional. Cualquiera que conozca las redes sociales sabe que se hallan saturadas de mensajes incendiarios. No apruebo que se humille a las víctimas ni justifico la violencia. De hecho, algunas de las frases aireadas en los medios de comunicación sobre Miguel Ángel Blanco o Irene Villa me parecen particularmente repulsivas. Tampoco añoro el regreso de la actividad armada de ETA o los GRAPO. Creo que el conflicto vasco debe resolverse por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, de acuerdo con el giro adoptado por la izquierda abertzale. Sin embargo, no creo que el Ministerio del Interior esté preocupado por la improbable aparición de un grupo armado. El objetivo real es intimidar a los que se atreven a protestar y cuestionar las políticas de austeridad. Los herederos ideológicos del franquismo están en el poder y quieren dejar muy claro que ganaron en 1939 y que seguirán triunfando en los próximos años, destruyendo los derechos laborales y sociales que había conquistado el pueblo trabajador mediante asambleas, huelgas y manifestaciones.
Pienso que el juez Eloy Velasco y Jorge Fernández Díaz, un fundamentalista católico que ha convertido el Ministerio del Interior en un ariete contra la libertad, la dignidad y la legítima disidencia, no ignoran que los internautas detenidos no son peligrosos terroristas, pero su estrategia es criminalizar las protestas y humillar a una sociedad que observa con impotencia cómo prospera la miseria, mientras la corrupción salpica a todas las instituciones, incluida la Casa Real. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Prohibir el Manifiesto comunista (1848), que expresa el deseo de destruir el capitalismo mediante la violencia? ¿Prohibir a Sartre, Marcuse o Lenin? ¿Volverá la censura? Sartre justificó la violencia de los independentistas argelinos contra la colonización francesa. En el prefacio a Los condenados de la tierra (1961) de Frantz Fanon, escribió: «Cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las prohibiciones desaparecen una por una; el arma de un combatiente es su humanidad. Porque, en los primeros momentos de la rebelión, hay que matar: matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre; el superviviente, por primera vez, siente un suelo nacional bajo la planta de los pies». ¿Ordenará el juez Eloy Velasco el secuestro del libro de Frantz Fanon, incluido el prefacio de Sartre? ¿Se arrojarán al fuego los libros de Bergamín, Alfonso Sastre, Leopoldo María Panero o Ramón María del Valle-Inclán, pues los cuatro autores justifican la violencia revolucionaria? ¿Se encargará la Guardia Civil de rociarlos con gasolina y Cristina Cifuentes encenderá la pira, mientras Esperanza Aguirre, José María Aznar, Ana Botella, Alberto Ruiz-Gallardón y Dolores de Cospedal sonríen, con el fervor y la devoción de Torquemada, martillo de herejes? ¿Algunos deberíamos plantearnos la posibilidad de pedir asilo en un país verdaderamente democrático? ¿Ordenarán la detención de Cayo Lara, diputado de IU, por decir hace un año en el homenaje a Hugo Chávez en Madrid que «nuestro país necesita jarabe vietnamita»? ¿Cómo es posible que siga funcionando la Audiencia Nacional, versión actualizada del antiguo Tribunal de Orden Público?
Creo que los exabruptos de los 21 internautas detenidos con un innecesario despliegue policial y judicial son el fruto de una ira provocada por la pervivencia del franquismo en una democracia débil, imperfecta e insuficiente. No me canso de repetir que el Valle de los Caídos es la mayor apología del terrorismo en un país con más de 100.000 desaparecidos. Entiendo y lamento profundamente el dolor de las víctimas de ETA, pero no creo que la derecha se haga cargo del sufrimiento de las víctimas del franquismo. Yo recibo muchos mensajes de jóvenes que desearían rescatar los restos de alguno de sus abuelos, enterrados en fosas clandestinas por falangistas, militares, requetés o guardias civiles que traicionaron a la Segunda República, sumándose al golpe de Estado de 1936. A estas alturas, no creo que el PP desee la paz, sino la revancha, la venganza y el escarnio. El primer e ineludible paso para una convivencia pacífica y democrática sería constituir una Comisión de la Verdad que elaborara un informe sobre los crímenes del franquismo y de los sucesivos gobiernos democráticos que han tolerado la tortura y han financiado las diferentes formas de guerra sucia contra ETA. A su vez, ETA debería pedir perdón por sus crímenes y colaborar activamente en la construcción de un futuro sin ninguna clase de violencia o exclusión. Solo entonces se podría hablar de paz, piedad y reconciliación. El atentado contra Irene Villa constituyó una infamia, pero no fue menos infame la brutal paliza que le propinó Jesús Muñecas, ex capitán de la Guardia Civil a Amparo Arangoa en el cuartel de Tolosa (Guipúzcoa) por el terrible delito de ser vicepresidenta del Sindicato de Papel y Artes Gráficas y vocal del Consejo de Trabajadores de Navarra. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha considerado que Muñecas, reclamado por la justicia argentina, no cometió delitos de lesa humanidad y le ha dejado en libertad, a pesar de la infinidad de testimonios que le describen como un torturador nato, que disfrutaba martirizando a sus víctimas.
Está claro que hay víctimas de primera y segunda categoría. Irene Villa es una víctima que disfruta de enorme visibilidad y yo no lo lamento, pero me resulta indignante que otras víctimas -como Amparo Arangoa (ya fallecida) o los dos chicos mutilados el pasado 22-M por las pelotas de goma de la UIP- no se beneficien de una reparación y consideración igualmente merecida. Escribo estas líneas y me pregunto si la Guardia Civil llamará a mi puerta en las próximas horas y me detendrá, colocándome unas esposas. En España, ya no se puede aplicar la famosa frase de Churchill: «La democracia es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero». La tortura no es un hecho remoto de nuestra historia, sino una práctica que en la última década ha provocado cinco condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo e informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, donde se estimaba que los testimonios de malos tratos eran «creíbles y consistentes». El último informe de Amnistía Internacional acusa al Estado español de reprimir la libertad de expresión y manifestación. Además, denuncia que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan con absoluta impunidad, provocando graves lesiones en manifestaciones pacíficas (Consolación Baudín de Lastra, Esther Quintana) o incluso la muerte en inofensivas celebraciones deportivas (Iñigo Cabacas). Los escasos policías condenados por tribunales son indultados por los diferentes gobiernos, lo cual alimenta la espiral de violencia y represión. En las manifestaciones, se queman contenedores y se rompen las lunas de los bancos. No es incomprensible. En España, el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Solo en 2012 aumentó en un 11’3%. Si se hacen políticas canallas que propician el paro, los desahucios, la malnutrición infantil y el recorte de los servicios sociales, ¿qué espera el gobierno de Rajoy, fiel lacayo de la Troika? Rodríguez Zapatero no fue menos servil, reformando el artículo 135 de la Constitución para convertir el pago de la deuda en objetivo prioritario. El 2 de marzo de 2012 España firmó el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE, que obliga a reducir la deuda pública a un 60% del PIB y a bajar la inflación hasta un 3%. ¿Cuántos españoles saben que eso significa llevar a cabo un nuevo recorte de 400.000 millones de euros? ¿Cuál será el coste social de este sacrificio? Ese dinero saldrá de nuevos recortes en salarios, pensiones y servicios sociales. ¿Propagar la pobreza no es un Delito Económico contra la Humanidad? En este contexto, ¿no es inevitable que las redes sociales crepiten de ira y en las manifestaciones se produzcan actos de vandalismo?
Las frases que celebran las mutilaciones de Irene Villa o el asesinato de Miguel Ángel Blanco proceden del mismo perfil de usuario de Facebook, lo cual revela un intento de manipulación o incluso la posibilidad de un montaje policial. Entre los detenidos, se encuentra mi entrañable amiga Natalia Varas. Se trata de un ama de casa en paro que no pertenece a ninguna organización política o social. Jamás ha escrito nada ofensivo en su muro y, por supuesto, nunca ha celebrado un asesinato. Se ha limitado a pedir el fin de la dispersión penitenciaria y el derecho del pueblo vasco a elegir libremente su futuro. Detenida en su casa por cuatro guardias civiles, pasó la noche en un calabozo. No ha sufrido malos tratos, pero la presencia de agentes con pasamontañas no contribuyó a tranquilizarla. Sin embargo, sucedió algo bonito. Un joven que se hallaba en la celda contigua se pasó la noche hablando con ella. Se animaron mutuamente con silbidos y canciones. Esta mañana quedó en libertad. Pensar que tendrá que enfrentarse a un juicio en la Audiencia Nacional por «enaltecimiento del terrorismo», me produce tristeza e impotencia. Si un ama de casa se expone a ser detenida y juzgada por manifestar opiniones en las redes sociales, cualquier ciudadano podría pasar por el mismo trago. La solidaridad es el arma más poderosa de los pueblos. Es la hora de recurrir a ella. Por favor, difunde este artículo para que en este país algún día los derechos y libertades sean reales, efectivos, y no una simple pantomima. Tal vez no debería decirlo en público, pero Natalia ya sabes que te quiero y te apoyo con todo mi corazón. BETI ZUREKIN.
Fuente: http://rafaelnarbona.es/?p=7477