J’accuse…! Émile Zola
¿Por qué un artículo más sobre la Operación Chamartín hoy?
Simplemente porque, desde mi sustento disciplinar, mi compromiso con una cultura y una práctica política de izquierdas y mi responsabilidad como ciudadano, opino que la Operación Chamartín, rebautizada y maquillada con el nombre de MNN (Madrid Nuevo Norte), es un grave atentado físico, social y económico —político al fin— sobre la ciudad de hoy y una pesada hipoteca para el futuro de Madrid. Una hipoteca imposible de amortizar y, más aún, de borrar. Una operación cuya única razón de ser y su finalidad última es la extracción de rentas parasitarias de un suelo público, malvendido a un promotor privado ligado al negocio financiero inmobiliario. Un banco privado. Todo ello con la anuencia y el apoyo de los poderes públicos, sin los que el negocio privado no podría llevarse a cabo.
Porque la Operación Chamartín es un ejemplo, claro y descarado de la ofensiva del capitalismo financiero inmobiliario en la batalla por el dominio, el rapto del espacio urbano, de la ciudad y la metrópoli, cómo la geografía en la que con mayor rapidez pueden colmarse sus insaciables ansias de acumulación, basadas en un proceso especulativo ligado al tráfico financiero, que no en la transformación real de la ciudad y el territorio en aras de una mayor eficiencia colectiva. De una mayor igualdad social y justicia espacial.
Una doble amenaza, con visos de hacerse realidad en el caso de Madrid, que no puede eliminarse confiando su depuración en un largo y oscuro laberinto burocrático, ni siquiera en la acción correctora de una sentencia que restablezca el respeto a la legalidad. Solo una contraofensiva frontal de una ciudadanía responsable, de unas organizaciones vecinales, culturales, sindicales… puede presentar batalla, mantenerla y ganarla.
Así se ha hecho, con mayor o menor constancia, intensidad y capacidad de movilización en estos largos años de gestación de Madrid Nuevo Norte. Sobre todo a partir de 2015 en que eclosionó el huevo de la serpiente depositado en la incubadora en 1993. Denuncias, alegaciones (más de tres mil quinientas tras su aprobación provisional en 2018) y propuestas de alternativas posibles que nunca merecieron una contestación mínimamente argumentada por parte de las administraciones implicadas en este proceso —Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio—, con independencia del color político de sus responsables. Con especial significado en el caso del Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, siendo alcaldesa Manuela Carmena.
Un ominoso silencio, demostración de un desprecio a la voz de los ciudadanos, bajo el que se iba tejiendo una red de inconfesables acuerdos público-privados, siempre a favor del negocio financiero inmobiliario. De un banco de cuya dirección se están teniendo que ocupar los tribunales de justicia.
Un ominoso silencio que, tras la aprobación de la Operación, por unanimidad de todos los grupos políticos —PP, VOX, Cs, PSOE y Más Madrid—presentes en el Pleno Municipal celebrado el 29 de julio de 2019, fue después confirmada definitivamente por la Comunidad de Madrid gobernada por el PP.
Insólita unanimidad, exaltada como un gran triunfo de la política por los medios de comunicación y los propios partidos, pero que quedará marcada en el calendario como un negro día en el que la izquierda fue absorbida por la derecha y se entregó a los intereses que ésta ha defendido a lo largo de la gestación de esta siniestra operación
Muchos madrileños sentirán traicionado su voto, tanto al PSOE como a Más Madrid en las últimas elecciones municipales. Sentimiento que se agrava cuando vieron como un Ministro socialista, responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pudiendo frenar esta operación, más aun, estando obligado a desmontarla, no solo no lo hizo, sino que se transformó en su principal avalista.
Tras ello quedaba la sola alternativa de restablecer la legalidad clamorosamente infringida, mediante la interposición de unos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Buscando así el amparo de la Justicia, una vez agotado, por ahora, el debate político-cultural, más exigible y necesario aún en el ámbito municipal, en el que los intereses mayoritarios de sus vecinos deben ser acogidos y defendidos por los responsables políticos, garantes del buen gobierno de la ciudad que impida la privatización del bien común, como es el suelo de titularidad pública.
Era difícil la formulación y presentación de unos recursos en un tema tan complejo y con tantos intereses económicos y políticos implicados. Sin embargo, la constante presencia en este largo debate de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción y el Club de Debates Urbanos, les obligaba a asumir el reto. Con un esforzado trabajo y debate interno, consiguieron construir y dotar de rigor disciplinar, político y jurídico sus demandas, conscientes de la importancia que para Madrid tiene la solución que se le dé a la Operación Chamartín.
Madrid no puede permitir que la irrepetible oportunidad que ofrece este gran espacio, en el que el suelo de titularidad pública representa casi un 80% de su superficie, se transforme en un solar privado para el negocio financiero inmobiliario, amparado por el propio Ayuntamiento.
La redacción de este artículo oscila entre lo personal y lo colectivo. Sin arrogarme representatividad alguna, salvo la que pueda deducirse de mi respaldo a los recursos citados, me atrevo a dirigirme al TSJM en la confianza de que su Sentencia venga a restituir el orden legal vulnerado, impida la consumación física de este atentado urbanístico, y condene la privatización del suelo público, patrimonio común de los madrileños. Con la seguridad de que, con la declaración de nulidad de esta Operación, se restituiría la dignidad política y disciplinar del urbanismo y se abriría una nueva oportunidad para que el Ayuntamiento de Madrid pueda concebir un nuevo proyecto para este espacio estratégico de la ciudad y su entorno metropolitano, en aras de un Madrid más justo y bello.
En todo caso, sea cual sea el sentido de la sentencia el TSJM y de los futuros recursos a que dé lugar, los madrileños habrán de mantener abiertos los ojos y movilizadas sus organizaciones ciudadanas, de cualquier tipo y escala, para que el nuevo proyecto municipal, en el marco de una visión metropolitana, dé respuesta a las reales y urgentes necesidades y aspiraciones de los madrileños, como es la vivienda pública en alquiler.