El máximo tribunal había dejado en suspenso el 31 de marzo pasado su pronunciamiento sobre la petición del ministro de fuero Víctor Montiglio para cuadrar las querellas contra el ex comandante en jefe del Ejército. El Pleno de la Corte Suprema confirmó por 10 votos contra cinco un segundo desafuero para el general (R) Augusto […]
El máximo tribunal había dejado en suspenso el 31 de marzo pasado su pronunciamiento sobre la petición del ministro de fuero Víctor Montiglio para cuadrar las querellas contra el ex comandante en jefe del Ejército.
El Pleno de la Corte Suprema confirmó por 10 votos contra cinco un segundo desafuero para el general (R) Augusto Pinochet en el marco de la Operación Colombo, esta vez por 37 secuestros calificados, causa en la que se encuentra imputado como autor.
El máximo tribunal había dejado en suspenso el 31 de marzo pasado su pronunciamiento sobre la petición del ministro de fuero Víctor Montiglio para cuadrar las querellas contra el ex comandante en jefe del Ejército por el montaje para ocultar la muerte de 119 opositores a su gobierno.
La «Operación Colombo», concebida para encubrir el asesinato de opositores al régimen militar, fue la primera prueba de que los detenidos y desaparecidos en Chile estaban siendo asesinados.
Con aquellas muertes, atribuidas por la dictadura a supuestas luchas internas en la izquierda, comenzó también la llamada «Operación Cóndor», acción combinada de las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur para exterminar a los opositores en los años 70 y parte de los 80.
La operación salió a la luz pública el 22 de julio de 1975, en el primer y único número de la revista argentina «Lea», que informó sobre 60 «extremistas» chilenos eliminados por sus propios compañeros en los últimos tres meses.
Dos días después, un periódico que tampoco sacó más que ese número, «O Novo Día» de Curitiba (Brasil), entregó la lista de otros 59 chilenos muertos durante «choques con fuerzas guerrilleras en la provincia argentina de Salta».
Las afirmaciones de ambas publicaciones fueron reproducidas profusamente por la prensa chilena de esos años, que semanas antes había empezado a dar supuestas noticias de que los «marxistas» estaban arreglando cuentas entre ellos en el exilio.
La mayoría de los 119 eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuya desaparición la dictadura chilena intentó encubrir en momentos en que llegaba a Chile una comisión de la ONU a investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.