El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que el ex dictador Augusto Pinochet supo y amparó los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, tal como quedó registrado en el fallo de desafuero de 56 páginas que finalmente fue entregado el 7 de julio. La mayoría de ministros que concedió […]
El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que el ex dictador Augusto Pinochet supo y amparó los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, tal como quedó registrado en el fallo de desafuero de 56 páginas que finalmente fue entregado el 7 de julio. La mayoría de ministros que concedió el desafuero el 28 de mayo con 14 votos contra 9, por «fundadas sospechas» de su participación en estos delitos, incluso fundamentó su decisión con declaraciones de los propios jefes de esa operación, quienes culparon directamente a Pinochet de ordenar el plan.
Así ocurrió con los dichos en el proceso del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y del ex jefe del recinto clandestino de la DINA conocido como Villa Grimaldi, coronel (R) Marcelo Moren Brito. A este lugar fueron llevados varios de los chilenos detenidos en el extranjero con la colaboración de las policías del cono sur de América y traídos al país por agentes chilenos.
Culpando a Pinochet por primera vez en la historia desde el golpe militar de 1973, Contreras afirmó en el juicio que instruye el juez Juan Guzmán que «la DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me impartieron directamente por el Presidente de la República, de quien dependía».
El «Mamo» agregó: «Por lo tanto, el Presidente sabía exactamente lo que hacía o no la Dirección de Inteligencia Nacional y su delegado y director ejecutivo, puesto que no me mandaba solo. Y cualquier misión a cumplir tendría que haber venido, como siempre vino, del Presidente de la República».
Los ministros que desaforaron a Pinochet afirmaron que «es imposible» que quien en esos momentos «comanda el Ejército y gobierna el país con el título de Presidente de la República» no se haya «enterado ni dado su aprobación» a la Operación Cóndor, cuando su constitución se realizó incluso en Santiago en una reunión realizada entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975 que presidió Contreras. Según la resolución del pleno, en la cumbre represiva participaron los jefes de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú.
La resolución del pleno ha complicado al actual comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, que además ayer recibió la noticia de que se habían agravado los cargos contra su suegro, el ex vicecomandante en jefe, Carlos Forestier, en el caso Pisagua.
Cheyre aseguró ayer que le provocan «dolor» las interpretaciones que se hacen sobre la salud del general (R) Augusto Pinochet, pues «me consta su deterioro físico, su incapacidad notoria». Tras advertir que el ex jefe castrense «no es un actor político», Cheyre agregó que el ex senador vitalicio «está en los últimos años de su vida. A ninguna persona le gustaría para nadie una animadversión o, al revés, para otros un apoyo, tan grande».
«Quisiera que el general Pinochet estuviera como cualquier persona de su edad y en las circunstancias dolorosas en que se encuentra. Las interpretaciones de cuán bien o mal está; si va o no a buscar un libro, son muy interesadas y la manipulación de si sale o no, si entra o no, no me van a cambiar mi percepción que tengo por la edad que tiene, del grave deterioro físico, de la necesidad de apoyo médico diario, yo sé perfectamente y diariamente», sostuvo.
A pesar de esta implícita apelación a evaluar la salud de Pinochet, por la que fue exculpado en el caso Caravana de la Muerte en 2002 a cambio de su salida del Senado, acuerdo que el Ejército siente que se ha incumplido, Cheyre declinó comentar el fallo, pues «mi tema es el humano. No me cabe duda del deterioro, porque todos los días recibo un informe médico de su situación, que es preocupante, y es la que todos pueden ver si no les ponen a sus ojos un contenido de uso político indebido».
A su turno, tras reiterar que la doctrina de La Moneda es no comentar las sentencias, el ministro portavoz, Francisco Vidal, apostó a tranquilizar el cuadro y planteó que «el pueblo y la historia ya juzgó».
«Desde el punto de vista político, creemos que el pueblo, la historia ya juzgó (a Pinochet). Eso se vivió en 1988 y todo lo pendiente, se le deja en una democracia a los tribunales», aseguró Vidal.
En tanto, el voto disidente, en síntesis, evaluó que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un nuevo juicio, porque, como lo dijo la Sala Penal de la Corte Suprema cuando el 1 de julio de 2002 lo sobreseyó definitivamente de la causa Caravana de la Muerte, su salud mental, el estado de su memoria y su salud en general, no se lo permiten.