El proceso social de garantías para la labor de las y los defensores de derechos humanos de Antioquia, en documento enviado al defensor Nacional del pueblo Carlos Alfonso Negret, el día 16 de junio, denunció la grave situación de peligro latente para las comunidades del municipio de Ituango, personas que defienden los Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, comunales, campesinado y población reincorporada del ETCR de Santa Lucía, y demás habitantes de las zonas urbanas y rurales del municipio.
El proceso social de garantías advirtió, que esta situación está enmarcada en las alertas tempranas que emitió la defensoría del pueblo, frente a las cuales no ha habido respuesta por parte del Estado. En el documento se hace la grave denuncia de qué existe una estrategia paramilitar denominada, “operación 1000”, qué consistiría en un plan desplegado por las denominadas Autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, en la idea de copar con la estructura paramilitar toda la región, donde afirma la denuncia, esperan rodear con 1000 hombres armados el municipio de Ituango, para garantizar el control de zonas urbanas y rurales.
El siniestro plan se vendría robusteciendo, a partir del movimiento de unidades armadas desplazadas desde el departamento del Chocó, miembros de las estructuras autodenominadas “Roberto Vargas Gutiérrez, Pacífico y carretera”, y de grupos armados que provienen del Sur del departamento de Córdoba conocidos como “Zulley Guerra, Juan de Dios Usuga y Rubén Darío Ávila Martínez”. Otro grupo en la operación tenaza que se está desarrollando contra la región, provendría del Urabá, con hombres armados de la estructura “Carlos Vázquez”.
Se conoce que para estos desplazamientos, el grupo armado utiliza corredores de zonas de varios municipios como Peque en el occidente de Antioquia, la zona del Parque Nacional nudo del paramillo, y rutas del Sur de Córdoba y Bajo cauca, en la intención de rodear el municipio del norte antioqueño. El proceso social de garantías, expresa en la misiva, su profunda preocupación frente a esta situación que se presenta en el marco de los reiterativos incumplimientos del acuerdo de paz, que definía con claridad la no repetición de la violencia contra las comunidades, pero entretanto se siguen fortaleciendo estructuras paramilitares y grupos de disidencia en la zona frente a la falta de coherencia del estado, en tanto políticas articuladas a la implementación de los acuerdos y la presencia estatal en la región.
Un elemento que resalta este documento y evidencia el nivel de gravedad de la crisis humanitaria, es el trágico hecho de la masacre perpetrada el 6 de junio por las Autodefensas gaitanistas, contra la comunidad en la vereda Quebrada del medio, dónde fueron asesinados William Pérez, conductor de una chiva de transportes, Camilo Sucerquia Naranjo y Carlos Barrera, dos menores de edad familiares de excombatientes reincorporados de las FARC. Posteriormente se conoció el caso del secuestro, tortura y posterior asesinato del Campesino Alberto Elías Mora Uribe, el pasado 12 de junio en la vereda Buena Vista, colindante al casco urbano y una zona de acceso al cañón del Río Cauca, región de influencia del nudo de paramillo.
Estos hechos se constituyen en antecedentes de la avanzada paramilitar en la región. como lo plantea el documento es una situación que se agudizo después de que el sistema de alerta temprana de la defensoría del pueblo, emitiera los informes de riesgo y las alerta temprana que daban cuenta de la situación de crisis humanitaria padecida por las comunidades, lo cual implica el conocimiento del Estado frente al recrudecimiento del terror generado por los actores armados, esto evidenciaría, según plantea el documento, que hay una abierta omisión por parte de instituciones y funcionarios, de los deberes constitucionales para prevenir y proteger a la población.
El proceso organizativo territorial informó, que el 5 de junio sostuvo una reunión de la mesa territorial de garantías con el viceministro del interior Carlos Alberto Baena, Carlos Caicedo de la consejería presidencial para la estabilización y la consolidación, y otras autoridades del orden nacional, donde las organizaciones sociales y la comunidad expresaron las preocupaciones, inquietudes y denuncias, frente a la situación del avance y evidencias del control territorial de estructuras de las AGC y las disidencias, que generan vulnerabilidad para las comunidades del municipio, asegura la carta que solo se obtuvieron respuestas ambiguas, actitud que evidenciaría la negligencia institucional, y tal cómo lo denuncia el proceso, la incompetencia burocrática y la Peligrosa inacción del Estado, además de la vergonzosa desidia frente al tema.
Las organizaciones sociales de la región insisten en exigirle al presidente Iván Duque, que se debe actuar de inmediato para neutralizar evitar el avance de esta denominada “operación 1000” del paramilitarismo, que de concretarse, va a generar toda una emergencia humanitaria en la región, potenciando masacres, homicidios, desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamiento, reclutamiento infantil y todas las dinámicas de violencia, revictimizando a la población de Ituango. Las organizaciones advierten del peligroso papel de omisión frente a la situación, donde la perspectiva debe ser el cumplimiento de los acuerdos de paz y el cumplimiento del estado con sus obligaciones constitucionales.
La denuncia de la existencia de este plan exige respuestas del Estado, no la militarización exacerbada del territorio, que agudiza el conflicto afectando a la población civil, sino la cabal implementación del acuerdo para desactivar las estructuras paramilitares y brindar las garantías de seguridad para las comunidades, sus organizaciones y la población reincorporada. El avance paramilitar esta íntimamente ligado al tema del narcotráfico, la manera de neutralizarlo es fortaleciendo los programas de sustitución, implementando el punto de los acuerdos sobre la reforma rural integral, llevando soluciones socio económicas a las comunidades, acabando la exclusión que ha cabalgado en esos territorios, para así desterrar a los señores de la muerte.
Que esta denuncia de la macabra operación paramilitar contra el golpeado municipio antioqueño, no sea la crónica de una muerte anunciada, el gobierno tiene el imperativo de detener esta tragedia, so pena de convertirse en su cómplice.