Lo preocupante de esta verdadera «cruzada contra la delincuencia», es que el oportunismo político se ha sobrepuesto a la búsqueda de respuestas y soluciones que vaya más allá de la judicialización de cualquier conducta transgresora y que su resultado sea la privación de libertad de las personas. Las cifras sobre la delincuencia no dejan de […]
Lo preocupante de esta verdadera «cruzada contra la delincuencia», es que el oportunismo político se ha sobrepuesto a la búsqueda de respuestas y soluciones que vaya más allá de la judicialización de cualquier conducta transgresora y que su resultado sea la privación de libertad de las personas.
Las cifras sobre la delincuencia no dejan de inquietar a la sociedad chilena. Se dice que los medios de comunicación han contribuido a exacerbar la sensación de temor ante estos hechos, pero es también una responsabilidad política que trasciende a la prensa y que tiene como protagonistas a un conjunto de actores institucionales que pugnan por consolidar sus estrategias en el escenario político, para lo cual hacen uso de la delincuencia -sabiendo que es uno de los temas de mayor interés para la sociedad- cada vez que consideran necesario cuestionar el proceder de los distintos gobiernos en esta materia, casi siempre sobre la base de proyecciones electorales.
La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito -en que se analizaron más de diez mil casos- entre septiembre y diciembre del 2013, demostró que, en términos de la Victimización General, esta se mantuvo estable entre 2013 y 2014, pero que sin embargo hubo una variación a partir del año en que se realizó el sondeo y el 2003, disminuyendo en un 42%. Asimismo, el informe establece que «todos los delitos presentan disminución significativa entre 2003 y 2014». En términos generales, dicha encuesta establece, a grandes rasgos, que la delincuencia en Chile se habría reducido.
Eso sí, lo que cambia en estos sondeos es precisamente la percepción de la sociedad frente a la delincuencia, lo cual responde no necesariamente a hechos objetivos sino que simplemente al temor a ser víctima de un delito. Es en este ámbito donde la prensa juega un papel importante. Por ejemplo, la pauta informativa de los noticieros nocturnos son el mejor indicador para dar cuenta que los delitos «se roban» al menos los primeros 20 minutos de pantalla; asimismo, las secciones de crónica de los principales diarios del país dedican varias páginas a este tipo de acontecimientos, así como programas de televisión que son emitidos en horario estelar.
Es cierto que el deber de un medio de comunicación es informar con veracidad, pero el periodismo no se trata tan solo de arrojar datos para que los receptores los intercepten e interpreten a su arbitrio sino que de comunicar, es decir analizar y ofrecer una posición franca de los acontecimientos, porque una prensa que no es educativa se transforma en un obstáculo para la superación de los problemas sociales.
Sin embargo, son los partidos políticos -cuyos proyectos expresan intereses de clase- los que operan a través de los medios -directa o indirectamente- y de sus diversas herramientas al interior del escenario político, reproduciendo y posicionando sus estrategias. Fundaciones y centros de estudios entregan periódicamente un verdadero espectáculo de las encuestas, transmitiendo datos «objetivos» que luego son procesados y transformados en opinión pública por los actores y gremios más influyentes, para finalmente ser difundidos masivamente, permeando la reflexión colectiva e influenciando el sentir de millones de personas. Es esta la manera en que se instalan ideas y enfoques aunque estos actores aparezcan ante la sociedad como cuerpos autónomos el uno del otro, cuando en los hechos y por sobre rencillas y diferencias particulares, resguardan los mismos intereses en función de un objetivo común.
El interés que subyace a esta asonada alarmista sobre la delincuencia que han protagonizado tanto medios, como fundaciones y partidos políticos, es más bien una maniobra comunicacional detrás de un objetivo político habitual: aprovechar el escenario coyuntural, esta vez marcado por la desaceleración económica que comprometerá las reformas impulsadas por el Gobierno, para instalar un clima favorable a la desaprobación ciudadana hacia este -en la perspectiva de futuros réditos electorales-, haciendo uso de un tema sensible para la sociedad chilena.
El discurso populista para referirse a la delincuencia ha fluctuado entre la puerta giratoria versus el discurso progresista sobre la integración social, transformándose en el eslogan de algunos analistas destacados -llamados líderes de opinión pública-, mientras los medios actúan como plataformas de posicionamiento y otorgan así un escenario para visibilizar las pugnas al interior del bloque dominante, masificando ante la audiencia la disputa de intereses entre fuerzas políticas emergentes -hoy vinculadas al progresismo- y partidos tradicionales que impulsan propuestas programáticas, las que obedecen a una misma dirección y descansan sobre un consenso estratégico.
En este debate se ha cuestionado la labor de las policías y se ha apuntado a la Fiscalía como el organismo responsable de la sensación de inseguridad en las personas, a partir de una crítica a las políticas de persecución criminal. Aunque pudiese resultar un elemento a considerar, la creciente sobrepoblación en los recintos penales desacredita el argumento comunicacional sobre la puerta giratoria. Por lo demás, las cárceles chilenas no son espacios apropiados para estimular una verdadera reinserción social sino que, por el contrario, aportan a perfeccionar la vocación delictual. Tal como en los ambientes escolares o en el mundo del trabajo y en las familias, al interior de las prisiones se reproducen las relaciones sociales establecidas, esta vez caracterizadas por un tipo de relación específica entre pares criminógenos, potenciando sus conductas transgresoras no tanto con el derecho sino que con el trabajo como forma de subsistencia diaria, deslegitimando su rol social fundamental.
Lo preocupante de esta verdadera «cruzada contra la delincuencia», es que el oportunismo político se ha sobrepuesto a la búsqueda de respuestas y soluciones que vaya más allá de la judicialización de cualquier conducta transgresora y que su resultado sea la privación de libertad de las personas.
Por estos días, los resultados de la encuesta Adimark (reconocida por su adscripción a la derecha) establecen que un 89% de los chilenos rechaza el desempeño del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, la Fundación Paz Ciudadana (del Grupo Edwards) ha sido la «voz autorizada» para alertar sobre un supuesto clima de descontrol delictual, ya que un 85% de los delitos contra la propiedad privada no logran ser resueltos por un juez. A ello se suman los grupos reducidos de personas que han protestado en algunos sectores altos de Santiago en rechazo a la delincuencia (dicho sea de paso, con bastante más tribuna que la movilización de los profesores), quienes azuzaron el interés de un sector de la prensa mostrándolos ante la opinión pública como una minoría representativa del sentir social colectivo, amparándose en las cifras antes mencionadas.
De este modo, todo indica que el interés que subyace a esta asonada alarmista sobre la delincuencia que han protagonizado tanto medios, como fundaciones y partidos políticos, es más bien una maniobra comunicacional detrás de un objetivo político habitual: aprovechar el escenario coyuntural, esta vez marcado por la desaceleración económica que comprometerá las reformas impulsadas por el Gobierno, para instalar un clima favorable a la desaprobación ciudadana hacia este -en la perspectiva de futuros réditos electorales-, haciendo uso de un tema sensible para la sociedad chilena. El año 2011 la Nueva Mayoría -en ese entonces actuando como oposición- hizo lo propio aprovechando la movilización estudiantil.
Detrás de todo este comidillo oportunista, la delincuencia sigue sin resolverse. Ni la Reforma Procesal Penal, la inversión millonaria en tecnologías de vigilancia e implementación policial, así como la modernización del Ministerio Público, han podido aportar en los hechos a la solución de esta problemática social, sino que tan solo a un control en la medida de lo posible. Hay que indagar en sus causas estructurales para pensar luego en las estrategias y los instrumentos que aportarán a su superación, comprometiendo esfuerzos que vayan más allá de la reflexión orientada hacia la aplicación de medidas represivas, o en una integración social cuando la sociedad carece de condiciones materiales para que esta resulte efectiva, reproduciendo exponencialmente la desigualdad.
La delincuencia es, ante todo, un problema ideológico cuya explicación debe buscarse en los objetivos de nuestro modelo de desarrollo y en el modo de producción que determina expectativas e intereses en la sociedad.
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/08/06/oportunismo-politico-y-delincuencia/