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Documento parcial Sexto Pleno de la Dirección Nacional del ELN de Colombia

Oposición al continuismo y a la crisis social

Fuentes: Rebelión

Readecuación del régimen En los últimos años el imperialismo y la oligarquía colombiana han venido adecuando el régimen político a la implementación del modelo de dominación. Con la Asamblea Nacional Constituyente del 91 se negoció un nuevo consenso donde sin afectar el modelo neoliberal y la concepción de Seguridad Nacional. Y adecuando la legislación laboral […]

Readecuación del régimen

En los últimos años el imperialismo y la oligarquía colombiana han venido adecuando el régimen político a la implementación del modelo de dominación. Con la Asamblea Nacional Constituyente del 91 se negoció un nuevo consenso donde sin afectar el modelo neoliberal y la concepción de Seguridad Nacional. Y adecuando la legislación laboral al interés imperialista, se introdujeron reformas con aspectos democráticos. Con esto quisieron dejar sin banderas al movimiento insurgente.

Para entonces el régimen se la jugo captando una parte del movimiento insurgente, desmovilizándolo; (M19, EPL, PRT, QL) y al resto le lanzó una ofensiva militar e ideológica, para sellar con ello su triunfo político en la constituyente.

La respuesta insurgente fue oportuna e integral, por primera vez de manera unitaria la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar lanzó una campaña político militar, forzando con esta a los diálogos de Caracas, con lo cual se logró abrir un nuevo escenario político en el país, legitimando propuestas y la interlocución con la insurgencia.

A partir de ese momento no hubo una propuesta unificada desde el bloque dominante, sobre todo en lo referente a las salidas al conflicto, unos se inclinaron mas por la negociación y la aplicación gradual del modelo neoliberal y otros por la guerra total, con la idea de debilitar militar y políticamente a la insurgencia para obligar a negociar en condiciones desventajosas y así llevarla a su desmovilización, o en su defecto convertirlas en organizaciones marginales a la vida política del país, aplicando a fondo el neoliberalismo.

Pastrana optó desde su candidatura por un proceso de Diálogo con la insurgencia, en particular con las FARC para desactivar su ofensiva militar, pagar la deuda electoral de la foto con Marulanda, y atenuar la crisis económica; procedió de manera distinta con el ELN a quien le definió una ofensiva mientras negociaba con las FARC, entre tanto adecuaba y reestructuraba las FFMM en el marco del Plan Colombia.

Recomposición de ultraderecha

El desgaste del proceso de diálogos entre gobierno e insurgencia fue propiciado en parte por el equivocado manejo dado por la insurgencia, que desaprovecho el espacio logrado ante el país.

Uribe logró reagrupar a la burguesía y a toda la institucionalidad en un proyecto de recomposición de ultraderecha desde la opción de la guerra total, apuntalado en la ofensiva «Antiterrorista» del imperialismo y respaldado por el gran capital y el narcotráfico; aprovechó el debilitamiento del movimiento popular, producto de la guerra sucia, el desgaste en la lucha contra el paramilitarismo, el descrédito político por el accionar equivocado de la insurgencia.

Su objetivo es la derrota de la insurgencia como proyecto de nación y de sociedad, recomponer el modelo de dominación y ganar estabilidad para implantar con mayor profundidad el modelo Neoliberal, el Tratado de Libre Comercio y el ALCA que anexa el país a los intereses del imperialismo.

Esta recomposición le exige al régimen la implementación de la contrarreforma constitucional y otras medidas de reestructuración del Estado: Plan de ajuste fiscal, reforma política, reforma a la justicia, fortalecimiento del militarismo con el estatuto antiterrorista. Con esto se fortalece en el Estado una práctica autoritaria y excluyente.

Crisis y realinderamiento de los partidos políticos

Producto de la practica guerrerista, el autoritarismo, la irregularización del funcionamiento del estado, el excesivo arrodillamiento a los intereses gringos, el desconocimiento a sectores de la burguesía, se ha polarizado el país gestándose un reagrupamiento de ultraderecha expresado en el partido uribista y otro agrupamiento de oposición que incluye a algunos sectores de los partidos tradicionales por ejemplo la Senadora Piedad Córdoba. Este bloque opositor y democrático, heterogéneo en su composición, por la confluencia de: Liberales, sectores democráticos, de izquierda, independientes y organizaciones sociales y populares, se presenta como una propuesta alternativa para el país, que no ve en la guerra la manera de resolver el conflicto y se propone la solución política como la posibilidad de lograr la reconciliación de los colombianos.

Economía que crece a costa de la pobreza y miseria para las mayorías

Los últimos periodos de gobierno: Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, asumieron de manera obediente las directrices del Banco mundial, FMI, BID, ejecutar el neoliberalismo, con efectos nefastos para la economía del país.

Al igual que el resto de países de América Latina, todas las empresas estatales y privadas nacionales están quedando en manos de las multinacionales. Tendencia que se ahondara a medida que se aplique el ALCA. Esto significa pérdida de soberanía, aumenta la brecha entre ricos y pobres, que hoy son más de 27 millones de colombianos y 10 de estos en la miseria absoluta.

Para sostener la guerra al Estado no le ha sido suficiente la financiación externa, por lo tanto ha venido recortando el presupuesto para la inversión social. Aplicando las medidas de ajuste dictadas por el FMI, Privatizaciones, despidos masivos de trabajadores, recorte de presupuesto para la educación y salud, recorte a las transferencias regionales, ahondando la crisis del país.

Aumenta la crisis social

Este es un periodo en el que se evidencia con mas claridad la pauperización de la población Colombiana, donde los registros del índice de desempleo y subempleo cada vez son mas alarmantes y devastadores, por que disminuye el nivel de ingresos de las familias Colombianas. Según las estadísticas el desempleo en los últimos años ha aumentado por encima del 17 por ciento producto de los desplazamientos y despidos masivos de trabajadores entre otros.

Así como el hambre alcanzo niveles sin precedentes en el país, el problema social se agrava para del país configurando una «crisis humanitaria» con los 3 millones de desplazados-desterrados, producto de la guerra sucia, el conflicto armado, y los efectos generados por la implementación de los acuerdos del ALCA que acentúa la pobreza y marginalidad del campo. Afectando de manera particular a campesinos e indígenas.

Producto de la aplicación de la reforma laboral, pensional, los despidos y el terror por la guerra sucia, hay crisis organizativa de los trabajadores. De 21 millones de la PEA (Población Económicamente Activa), solo hay organizados 800 mil.

El pueblo sigue resistiendo

Hay parcial reactivación de la movilización social de las comunidades en defensa de La vida, los derechos humanos, contra el desplazamiento forzado y en defensa del estado social de derecho.

Las comunidades negras e indígenas resisten y se movilizan contra a la agresión que les genera la implementación de las medidas Neoliberales y de guerra.

Aunque no hay luchas generalizadas ni tan masivas, las últimas movilizaciones de masas (Como la de Cartagena contra el ALCA y la jornada de movilización indígena) tienen un notorio avance por cuanto confrontan las políticas imperialistas y en ellos participan las diferentes fuerzas sociales y políticas.

De gran importancia el surgimiento de agrupamientos de izquierda, independientes, sectores democráticos y de la intelectualidad, que inciden de manera significativa en la opinión del país, ganando espacios en la institucionalidad y en la gobernabilidad regional y municipal.

Estos, junto a diferentes expresiones de movimiento social y sectores del partido liberal vienen configurando un bloque de oposición, en la gran coalición democrática que derrotó el referendo, eligió al Alcalde de Bogotá y hoy desarrolla una gran campaña contra la reelección de Uribe.

El desgaste de la opción de la guerra por falta de resultados y las graves consecuencias que genera, despierta el interés y la participación de algunos sectores de la sociedad que abogan por la solución política al conflicto social y armado.

Narcotráfico y paramilitarismo

El imperialismo y el Estado colombiano han hecho alianza con carteles narcotraficantes en diferentes momentos de la historia reciente del país, como parte del plan contrainsurgente.

A comienzos de los 80 el paramilitarismo toma fuerza en Colombia como alianza macabra entre el narcotráfico y el estado para ejecutar el genocidio contra la izquierda más grande de nuestra historia.

Convirtiéndose en la principal arma del plan contrainsurgente provocando el debilitamiento insurgente a través del aniquilamiento de organizaciones políticas y sociales, utilizando la masacre, el genocidio político y el destierro como arma de terror.

Esta herramienta propia de la guerra de baja intensidad es hoy parte de la nueva doctrina de seguridad nacional implementada por el imperialismo y seguirá siendo utilizada así modifiquen su forma de aplicación.

Actualmente el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina (IRA), hacen parte de la gran ofensiva del imperialismo en la región, contra la insurgencia colombiana y como mecanismo para vencer la resistencia de los pueblos y el movimiento popular en América Latina, destacándose los intentos por desestabilizar el legítimo proceso venezolano. A través de este plan se modernizan las fuerzas militares, se triplica su pie de fuerza, se desarrollan nuevas modalidades y especialidades de combate y colocan al Ejercito colombiano como punta de lanza para el control y agresión en el área fronteriza y Andina.

Hoy el gobierno viene haciendo ingentes esfuerzos por legalizar a los narcotraficantes y paramilitares, para pagarles los servicios prestados en la lucha contra insurgente y contra la resistencia popular.

Con este proceso de «negociación» con los paramilitares, el gobierno a través de maniobras políticas y jurídicas intenta cubrir con un manto de impunidad, todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por estos agentes para-estatales.

Insurgencia

A pesar de la gran ofensiva contra insurgente de los últimos 4 años a través del Plan Colombia y su desarrollo en planes específicos regionales, como el plan «Destructor» y «Patriotas», entre otros, con grandes operaciones a profundidad en los acumulados estratégicos insurgentes extendiéndose en el tiempo, como campañas permanentes, saturando los territorios con efectivos militares, paramilitares y policiales; los días van pasando, y el compromiso de Uribe con la oligarquía y el imperialismo de derrotar a la insurgencia no se avizora por ningún lado.

Luego de dos años de exacerbar al país con el tema de la guerra total, para vencer al «terrorismo», Uribe y sus fuerzas militares no han podido presentar resultados tangibles que afecten la voluntad de lucha de la insurgencia Colombiana.

Es obvio el escalamiento del conflicto, aumentando la periodicidad de los combates y su intensidad pero hasta el momento no ha podido mostrar el aniquilamiento de una sola de las tantas estructuras guerrilleras existentes, ni tampoco ha podido debilitar la conducción estratégica de la misma.

La gran ofensiva contrainsurgente se ha ensañado contra el movimiento social y político. La persecución, detenciones masivas, asesinato de dirigentes sindicales y populares, la muerte de civiles en supuestos combates del ejército con la guerrilla, los campos de concentración en que se han convertido vastas zonas del país debido al cerco militar y paramilitar, son las expresiones cotidianas de la agresión del régimen de Uribe.

Ante la falta de resultados contra la insurgencia y con la crisis humanitaria que arrastra consigo el escalamiento de la guerra, la opinión de los colombianos se inclina hoy con mayor fervor por una solución política al conflicto, en la búsqueda de caminos que le conduzcan a una paz duradera con justicia social.