A propósito de la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a la Víctimas de Tortura, en la ciudad de Bogotá, organizaciones de derechos humanos atribuyeron a las políticas del Estado colombiano, el incremento de torturas a líderes sociales, jóvenes indígenas y campesinos. La Coalición Colombiana contra la Tortura, que agrupa a 10 Organizaciones No Gubernamentales […]
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a la Víctimas de Tortura, en la ciudad de Bogotá, organizaciones de derechos humanos atribuyeron a las políticas del Estado colombiano, el incremento de torturas a líderes sociales, jóvenes indígenas y campesinos.
La Coalición Colombiana contra la Tortura, que agrupa a 10 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), denunció este martes en Bogotá, con motivo al Día Internacional de Apoyo a la Víctimas de Tortura, que la política del presidente Alvaro Uribe, alienta el uso de este delito como arma de guerra oficial, afectando a la población civil.
«La política de seguridad democrática es un factor fundamental para que se agrave la situación de la tortura, principalmente por la exigencia del Gobierno a la fuerza pública de resultados en la supuesta lucha contra el terrorismo», dijo el líder del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y miembro de la Coalición, Agustín Jiménez. .
Según el informe, realizado por estas asociaciones, entre 2000 y 2001 la Defensoría del Pueblo recibió sólo cuatro denuncias, mientras que, entre 2002 y 2003 se conocieron 435 casos de «malos tratos, tratos crueles o degradantes y torturas».
Para las ONG, «se ha traducido en que la fuerza pública utiliza cada vez más la tortura como mecanismo de investigación en la búsqueda de positivos».
El estudio, de carácter preliminar y en el que participaron además, la Organización Mundial Contra la Tortura y Terre des Hommes de Italia, documenta 40 casos denunciados entre 2004 y 2006 que involucran a agentes estatales y paramilitares de ultraderecha, en algunos casos actuando en complicidad.
De acuerdo con la Coalición pro derechos humanos el subregistro puede ser el más alto entre todas las violaciones en Colombia, de las cuales sólo se denuncia 30 por ciento.
«Esta es apenas una pequeña muestra de lo que pasa en el país, es una situación lamentable», afirmó Jiménez.
El documento, publicado con motivo del Día Internacional de Ayuda a las Víctimas de la Tortura, indica que los abusos ocurren principalmente en «las cárceles, el campo, los grandes centros urbanos, las zonas indígenas y sectores populares cuyos líderes son perseguidos».
«La tortura hace parte de la educación de los agentes oficiales», sostuvo Agustín Jiménez, quien urgió al Estado a cumplir los tratados internacionales y a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
«El daño moral causado a las víctimas, sus familiares y comunidades es devastador, extremo y complejo, de allí la necesidad de hacer un acompañamiento psicosocial y tomar acciones jurídicas culturales y políticas para restablecer el daño causado», agregó.
Las Naciones Unidas han declarado el 26 de junio como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.