Varias organizaciones sociales en Colombia, llevarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) una propuesta para juzgar al presidente colombiano Álvaro Uribe y varios líderes paramilitares, por crímenes de lesa humanidad, por la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Jairo Ramírez, del Comité Permanente […]
Varias organizaciones sociales en Colombia, llevarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) una propuesta para juzgar al presidente colombiano Álvaro Uribe y varios líderes paramilitares, por crímenes de lesa humanidad, por la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
Jairo Ramírez, del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, acusó a la Ley de Justicia y Paz de crear «un clima de impunidad» en Colombia, que evitará enjuiciamientos a los paramilitares por «los crímenes que estos grupos han cometido a lo largo de los años».
«Una alternativa que nos queda es acudir a la Corte, para llevar al presidente Uribe y procesar a militares que estén implicados y desde luego a los propios grupos paramilitares que han actuado en contubernio con el Estado», aseguró Ramírez.
Alirio Uribe, vocero de la Federación Internacional de Ligas de defensores de Derechos Humanos, aseguró que el «clima de impunidad» creado en Colombia con esta ley, traerá «consigo un agravante y es que, los grupos paramilitares no están desapareciendo, sino más bien se están reciclando y se están acomodando económica, política y socialmente»,.
De acuerdo al informe de Freddy Morales, corresponsal de TeleSUR en Colombia, la demanda contra Uribe y los jefes paramilitares será presentada también organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, el Comité Permanente por le Defensa de los Derechos Humanos y otras entidades asociadas,
Estas asociaciones organizaron el viernes en Colombia un taller de capacitación acerca del funcionamiento técnico y jurídico de la CPI.
En el encuentro participó Paul Seils, un representante de la Corte Penal Internacional, quien explicó el concepto y funcionamiento de este alto tribunal. Recordó que el CPI ya está realizando capturas contra acusados de crímenes de lesa humanidad.
«El mandato tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y está ahora mismo trabajando en tres países (…) la República democrática del Congo y del Norte de Uganda; en dos casos ya tenemos órdenes de captura sobre líderes de grupos de milicias que han cometido, según nosotros, en las acusaciones, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad», explicó Seils.
La CPI, fue establecida en base al estatuto de Roma, y la conforman 100 Estados, muchos de ellos latinoamericanos.
Pero la CPI, sólo estaría en capacidad de actuar sobre casos colombianos acaecidos a partir del 2002, fecha que coincide con el inicio del mandato del presidente Uribe, y aunque varios de los denunciantes consideran una limitante el no poder actuar retroactivamente, para el Comité de Defensa de derechos Humanos, durante estos cuatro años se han cometido hechos lo suficientemente meritorios para sostener una denuncia contra el presidente y su gobierno.
«Del 2002 para acá todos sabemos que el gobierno pactó con los grupos paramilitares un cese de hostilidades; sobre todo un cese de hostilidades contra la población civil, la población inerme, sin embargo, desde ese momento hacia acá ha habido más de tres mil personas asesinadas por grupos paramilitares», aseguró Jairo Ramírez.