Defensores de los DD.HH. denunciaron la persecución sistemática y ataques a su trabajo por parte de agencias gubernamentales, además de impunidad judicial con grupos paramilitares.
Un total de nueve grupos realizaron estas acusaciones este lunes en una audiencia sobre la situación general de derechos humanos en Colombia que se desarrolló dentro del 138 periodo sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La portavoz de Corporación Reiniciar, Luz Estela Ponte, denunció «detenciones arbitrarias, amenazas repetidas y la permanencia de archivos de inteligencia» en manos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) de Colombia, sobre los grupos pro derechos humanos que actúan en el país.
Ponte enumeró casos de asesinatos a integrantes de estos colectivos, ataques a sus sedes y violaciones a mujeres, y acusó al Gobierno de permitir un «marco generalizado de impunidad» sobre este tipo de violaciones a derechos humanos y de «estigmatizar y señalizar» a estos grupos ante la opinión pública.
Por su parte, Gustavo Gallón, de la Comision Colombiana de Juristas (CCJ), se encargó de resumir lo que él llamó «la más gigantesca operación de impunidad de la historia del país», en alusión a los procesos judiciales a paramilitares.
Según Gallón, el Gobierno colombiano ha permitido que «una cantidad inmensa de paramilitares queden en libertad», debido a la aplicación de la legislación Ley de Justicia y Paz y un decreto del Gobierno.
De acuerdo con las cifras de su organización, unos 28.000 personas de las 31.000 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad quedaron en libertad sin investigación judicial.
El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, manifestó que el Gobierno colombiano está «abierto a discutir todos los temas», e insistió en que se trata de una «apertura real, no de palabras, sino hechos».
Pero exigió un respeto a la «dignidad» a la otra parte y una «actitud distinta» de los portavoces de los grupos presentes por la «falta de objetividad» en los hechos expuestos.
El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Colombia, Carlos Franco, rechazó las acusaciones sobre impunidad judicial y defendió el trabajo y la independencia de la Fiscalía en las investigaciones.
En defensa del Gobierno colombiano, señaló que estos asuntos se conocerán mejor sobre el terreno, con la visita que se ofreció a los miembros de la CIDH para estudiar la situación de los derechos humanos en Colombia.
Además, prometió un informe sobre la posición del Gobierno antes del próximo 30 de junio sobre las recomendaciones emitidas en un informe de la CIDH.
Piden a la CIDH condenar a Colombia por el caso del Palacio de Justicia
Representantes de los familiares de 11 desaparecidos por el holocausto del palacio de Justicia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se responsabilice al Estado colombiano por las violaciones cometidas en la operación de retoma, ocurrida hace 25 años.
Ante los miembros de la CIDH, representantes de las victimas pidieron que se acepte como prueba de la responsabilidad del Estado el informe final que emitió hace tres meses la Comisión de la Verdad por los hechos del Palacio de Justicia, creada por la Corte Suprema para esclarecer los hechos.
Según el abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en el documento final que entregó la Comisión de la Verdad el pasado 17 de diciembre se confirma que el Estado colombiano sí sabía del ataque y no hizo nada para evitarlo, al igual que se mantuvo un pacto de silencio para ocultar lo sucedido.
Los peticionarios también aseguraron que en ese informe se reconoce que los 11 empleados de la cafetería del Palacio sí fueron objeto de desaparición forzada, que se presentaron casos de tortura y retención ilegal y que uno de los magistrados, Carlos Horacio Urán, fue asesinado en un acto de ejecución extrajudicial.
El reporte final de la Comisión de la Verdad, a juicio de los representantes de las víctimas, no sólo genera un impacto positivo en los procesos judiciales que se desarrollan actualmente en el país, y respaldan las investigaciones que se adelantan contra miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos, sino que confirman las denuncias que se han hecho ante la CIDH desde hace 19 años.
También consideraron que los representantes del Estado colombiano presentes, «de mala fe» presentaron el caso sólo desde el año 2004, año en el que la Fiscalía inició las investigaciones por el holocausto.
Según el Alvaro Amaya, funcionario de la cancillería, y el abogado Jorge Ibáñez, agente especial de Colombia en el caso, la Comisión no tiene competencia para intervenir por que la justicia colombiana si ha actuado y ha tomado medidas por los hechos. Decisiones como la del consejo de Estado que condenó a la Nación por falla del servicio.