Fuertes denuncias hicieron organizaciones de derechos humanos de Antioquia contra la iniciativa del gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, de crear siete vicealcaldías de paz en el departamento, su principal propuesta para el acuerdo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. «La propuesta de Antioquia para el proceso de paz son las vicealcaldías», dijo […]
Fuertes denuncias hicieron organizaciones de derechos humanos de Antioquia contra la iniciativa del gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, de crear siete vicealcaldías de paz en el departamento, su principal propuesta para el acuerdo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.
«La propuesta de Antioquia para el proceso de paz son las vicealcaldías», dijo en octubre de 2016 el gobernador Luis Pérez al anunciar ante los medios de comunicación la intención de crear Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia.
En aquella ocasión, a través de una carta Luis Pérez le pidió al presidente Juan Manuel Santos crear 25 vicealcaldías en Antioquia, las cuales serían «ejercidas por militares activos en comisión de trabajo, con funciones de comisarios de policía y corregidores, capaces de coordinar toda la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en el territorio».
Pero la iniciativa fue rechazada por organizaciones y movimientos sociales que cuestionaron el carácter militarista de la estrategia y recordaron los costos que para la población civil han tenido otras iniciativas similares como los operativos militares de 2002 en la Comuna 13 de Medellín y, particularmente, la Operación Orión realizada el 16 de octubre. Esta intervención, autorizada por Luis Pérez siendo alcalde de la ciudad, dejó 1 persona muerta, 38 heridas y 8 desaparecidas.
Ante la polémica desatada, la Gobernación guardó silencio hasta el pasado 7 de junio, cuando anunció que en el mes de julio empezará a funcionar la propuesta, esta vez, denominada Vicealcaldías de Paz.
Por ello, este jueves 22 de junio voceros de los movimientos sociales Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, de la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías en Antioquia se pronunciaron.
Las organizaciones estudian la posibilidad de adelantar una demanda de orden constitucional, pues consideran que la propuesta vulnera derechos de los ciudadanos. En tal sentido, se pediría un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero esto dependerá del tipo de acto administrativo que ampare la iniciativa del gobernador.
Vicealcaldías usurpan el poder de los alcaldes
El argumento del gobernador para presentar las vicealcaldías es que a los territorios donde las FARC han sido la única autoridad durante décadas, es necesario llevar de inmediato la presencia del Estado y sus instituciones, porque tras la salida del grupo insurgente otros actores armados podrían tomar el control y causar un problema mayor.
Pero Johan Giraldo, vocero del Proceso Social de Garantías, sostuvo que la propuesta es regresiva en materia de derechos civiles y políticos, y aseguró que «va en contra de los principios constitucionales de descentralización y autonomía de los entes territoriales en el país».
Giraldo explicó que la regresividad «se evidencia en la usurpación que harán los vicealcaldes, quienes dependerán políticamente de la Gobernación, de las funciones civiles que tienen por competencia los alcaldes municipales».
El líder social agregó que de esta forma se terminará suplantando a las personas que por elección popular fueron electas por los ciudadanos y advirtió que a los alcaldes no solo se les usurparán funciones en términos de salud y educación, sino también de orden público.
Cabe recordar que la elección popular de alcaldes en Colombia, promulgada en el Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986, durante el gobierno de Belisario Betancur, representa una de las principales conquistas democráticas del país. Hasta entonces, los mandatarios locales eran designados por el Presidente de la República. La reforma hizo parte del proyecto de descentralización y modernización del Estado, y se dio en medio del proceso de paz con las guerrillas que culminó con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la cual se incluyó la elección popular de gobernadores.
Recurren nuevamente a estrategias militaristas
Para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, las vicealcaldías son una propuesta guerrerista y de control social.
En primer lugar, señaló, «esta no es una propuesta nueva sino que representa una visión que históricamente han mantenido sectores políticos del país, y es la seguridad basada en una concepción militarista de control de los territorios».
La abogada recordó que entre los años 1995 y 1997, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, implementó las Alcaldías Militares en Amalfi y San Carlos, dirigidas por militares activos que «dejaron situaciones tan graves como la de Amalfi donde el coronel, Juan Francisco Díaz Quiñonez fue acusado por organizaciones de derechos humanos y sociales de generar graves violaciones a los derechos humanos».
Posteriormente, añadió la abogada, se dieron las zonas de Consolidación Territorial que les otorgaban poderes especiales a los militares. «Bajo el marco de esa figura se cometieron varias acciones entre ellas una masacre en Segovia».
Al respecto, Johan Giraldo recordó que la propuesta inicial del gobernador planteaba que las vicealcaldías serían ejercidas por militares activos, lo que «jurídicamente es improcedente en nuestro país». Y advirtió que el carácter de las mismas no deja de ser militarista pese a que ahora la Gobernación propone a oficiales en retiro.
Lo que preocupa a las organizaciones sociales, denunció Adriana Arboleda, es que el Gobierno ha incumplido con el espíritu civilista del acuerdo de paz, que es uno de sus elementos esenciales.
«Justamente este acuerdo plantea que las armas sean sacadas de la política y que podamos construir una democracia directa en los territorios -expresó la abogada-, pero cada vez tenemos más militares, activos o no, en distintos escenarios del Estado».
Están ubicadas en zonas de circunscripciones de paz
En su último pronunciamiento sobre el tema, el gobernador Luis Pérez precisó que habrá siete vicealcaldías, cinco en las zonas de normalización donde se agrupan los guerrilleros de las FARC en los municipios de Dabeiba, Ituango, Anorí, Vigía del Fuerte y Remedios, y dos en las poblaciones de Briceño y Segovia.
Para Adriana Arboleda esto es preocupante porque «las zonas coinciden con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y con las Circunscripciones Especiales de Paz. Y estando en un periodo electoral, entonces ¿cuál va a ser la posibilidad de controlar que esas circunscripciones no terminen en manos del paramilitarismo?»
Por su parte Yesid Zapata, vocero de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, considera que las vicealcaldías representan una práctica política equiparable al «feudalismo». Por ello manifestó que terminarán afectando el acuerdo de paz especialmente en el tema de participación.
En este sentido anotó que la estrategia de «entregar a dedo funciones de orden civil, consolidando poderes hegemónicos en el territorio,» es contraria a «la idea de que las comunidades y las personas que históricamente no pudieron participar en la política, tengan esa oportunidad».
A esto, Johan Giraldo agregó que «cuando se tienen territorios con gran control militar, lo último que se prioriza es la participación de la sociedad en política».
No obstante, el líder social aclaró que aunque las organizaciones están de acuerdo con que se copen con institucionalidad los territorios dejados por las FARC, rechazan que esto se haga por encima del orden constitucional, generando regresividad en los derechos, usurpando las funciones de los alcaldes y bajo un modelo principalmente militar.
Giraldo concluyó que, dejando de lado las vicealcaldías, hay cosas mucho más importantes por resolver en esos territorios para poder superar las necesidades sociales que han tenido históricamente.