La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)-Valencia, junto a más de 25 colectivos vecinales, sociales y sindicatos, se concentraron el 6 de mayo con el fin de que un edificio de 134 viviendas en la pedanía de La Torre se incluyera en el parque público valenciano de viviendas; además remitieron un escrito a la alcaldía de valencia y a la Presidencia de la Generalitat, controladas por el PP, instando a que se paralice la venta del bloque y procedan su compra.
PAH-Valencia, la red EntreBarris, Ca Revolta, la Associació Veïnal de Benimaclet y Benimaclet per L’Habitatge convocaron el 8 de abril una concentración para frenar el desahucio de dos vecinos -Miguel y Marcia- de la calle Hermanos Villalonga (barrio de Benimaclet, Valencia); las dos personas mayores, que vivían en la barriada desde hace más de 30 años, fueron finalmente expulsadas.
“Han perdido su piso después de no poder afrontar una hipoteca abusiva; Miguel sufrió un ictus y perdió el empleo; además su deuda fue vendida a un fondo buitre”, denunciaron los cinco colectivos, que señalaron también el despliegue policial “desproporcionado” durante el desalojo.
Más allá de la acción concreta, varios miles de personas se manifestaron el 5 de abril -desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia- con la consigna Acabem amb el negoci de l’habitatge i del territori; movilizaciones de la mismas características se produjeron -el mismo día- en 40 ciudades del estado español.
Convocada por la campaña València no està en venda, de la que forman parte 240 colectivos, cuatro columnas se sumaron a la protesta desde diferentes barrios de la ciudad; una de las octavillas informaba que en Valencia “el alquiler de un piso que en 2015 costaba 520 euros actualmente tiene un precio de 1.270 euros; además, “en el País Valenciano se produjeron 3.610 desahucios durante 2024”.
El manifiesto 5A (5 de abril) abogaba por la expropiación de viviendas vacías, turísticas o de la SAREB, sociedad constituida en 2012 para la gestión de préstamos e inmuebles de entidades financieras nacionalizadas/reestructuradas tras la crisis inmobiliaria; el documento de los 240 colectivos reivindicaba asimismo que se obligara a los grandes propietarios a la cesión de uso.
Los movimientos proponen, como medidas urgentes, la aplicación de regulaciones en la vivienda de alquiler; la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional; y la creación de un parque público de vivienda “digna” (según Eurostat y Housing Europe, el parque de viviendas en alquiler social en la UE se sitúa en el 8% sobre las viviendas principales; en el estado español el porcentaje es del 3%).
Otro punto reclamado por las organizaciones es que finalice la venta de vivienda residencial a capitales extranjeros/especulativos; según el Colegio de Registradores de la Propiedad, la compra de viviendas por parte de extranjeros en el estado español -en el primer trimestre de 2025- ha alcanzado el 14,1% sobre el total de operaciones; el País Valenciano es la segunda autonomía con la proporción más elevada (28,3%), por detrás de las islas Baleares (30%).
Uno de los apartados aboga por la detención de las grandes infraestructuras “que amenazan el territorio” (proyectos urbanísticos -PAI-; de expansión portuaria, como la ampliación Norte del Puerto de Valencia; las de los aeropuertos de Valencia y Alicante; o el túnel pasante de Valencia).
Asimismo el manifiesto pone en cuestión la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto valenciano, de 773.000 metros cuadrados, paralizada durante más de dos décadas y hoy pendiente de sentencia judicial; Per l’Horta denuncia que esta iniciativa portuaria tiene en su origen tanto la destrucción de l’horta de La Punta como la expulsión de las familias propietarias.
A ello se agrega la crítica a la modificación de la Ley de l’Horta de Valencia (de 2018), aprobada en febrero mediante Decreto por el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón, del PP; a principios de mayo la coalición Compromís, el PSOE, Sumar, ERC y Podemos presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley, por considerar -entre otros puntos- que permite la urbanización de huerta protegida.
El escrito de los movimientos reclama además, respecto a los alquileres y el turismo, la declaración de Valencia como zona tensionada; una normativa que regule la cantidad -y la distribución- de alojamientos turísticos y paralizar la entrada de cruceros en la ciudad.
La estadística del INE revela que, en noviembre de 2024, el País Valenciano contaba con 64.745 viviendas turísticas, lo que supone 330.134 plazas; la ciudad de Valencia acoge 7.290 viviendas turísticas, la cuarta del estado español tras Madrid (17.274), Barcelona (9.750) y Málaga (7.490).
La campaña Que no te tiren, impulsada por Compromís, denuncia la existencia de pisos turísticos u obras que pudieran ser ilegales a partir de la información remitida -vía digital- por las personas interesadas; en agosto de 2024 -dos meses después de emprender la iniciativa- la coalición denunció 2.277 viviendas (posiblemente irregulares) ante el registro municipal.
El 19 de octubre de 2024 tuvo lugar otra manifestación masiva, que partió desde las Torres de Serranos en Valencia con la adhesión de 191 entidades; el lema València s’ofega resumía el objetivo de la marcha, por el derecho a la vivienda, la defensa del territorio y contra la turistificación; cuatro columnas de manifestantes convergieron en el punto inicial; al final del recorrido, un grupo de personas acampó en la Plaza del Ayuntamiento.
¿Qué realidad sustenta las reclamaciones ciudadanas? La Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politècnica de València señala, en el informe del primer trimestre de 2025, que el precio medio del alquiler residencial en Valencia se sitúa en 1.674 euros, frente a los 1.646 euros en el cuarto trimestre de 2024.
El análisis de la cátedra permite observar la escalada de precios a largo plazo: 875 euros en el cuarto trimestre de 2020, que se elevaron a 1.201 euros en los cuatro primeros meses de 2022 y a 1.531 euros en el cuarto trimestre de 2023. Se da la circunstancia que en el distrito de Eixample el precio medio del alquiler residencial -en el primer trimestre de 2025- alcanzó los 2.253 euros.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.