Ante la obligación que tiene de proteger los derechos y seguridad de sus ciudadanos, el Estado mexicano está obligado a demandar al gobierno colombiano en la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato de cuatro estudiantes connacionales durante el ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, aseguran diversas […]
Ante la obligación que tiene de proteger los derechos y seguridad de sus ciudadanos, el Estado mexicano está obligado a demandar al gobierno colombiano en la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato de cuatro estudiantes connacionales durante el ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, aseguran diversas organizaciones civiles.
En un llamamiento urgente a Felipe Calderón, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al rector de la UNAM, José Narro; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a otras instancias nacionales e internacionales, las ONG -encabezadas por la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem)- exigieron, en el ámbito internacional, que se inicie una investigación exhaustiva e imparcial sobre este crimen para sancionar a los responsables, y demandaron a la administración federal no criminalizar al movimiento estudiantil y defender a la UNAM como un espacio de libre opinión y conocimiento.
También solicitan información oficial para coadyuvar al esclarecimiento de la verdad; que organismos como la OEA o la ONU realicen una «enérgica condena por los ilícitos cometidos por el gobierno de Álvaro Uribe», y se asegure la repatriación de Lucía Morett -la única mexicana sobreviviente- sin cargo alguno y en calidad de testigo de la masacre, amén de que se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.
En entrevista Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, señaló que la exigencia de los familiares de los jóvenes universitarios, que perdieron la vida tras ese ataque militar, en el sentido de que el gobierno mexicano se pronuncie es valiente, pero bastante escrupulosa. «Nosotros creemos que hay una responsabilidad de la cancillería mexicana que está violentando parte de su función de proteger a todo mexicano en cualquier parte del mundo. Si lo ha hecho con personas acusadas de delitos, e incluso sentenciados a muerte en Estados Unidos, no vemos por qué no hacerlo por estos cuatro jóvenes que mueren en una masacre.»
Con base en el artículo 16 del Estatuto de Roma de la CPI, adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, los activistas señalan: «el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y nacionales, (por ello) sobre el fundamento de crímenes de guerra debería demandar a Colombia o al menos mandar a la fiscalía de la CPI remisión e informaciones sobre lo que ocurrió en Ecuador para que examine y encabece las investigaciones y prosecuciones».
Ramírez informó que además se promoverá una reunión «multilateral» en la que participen los padres de los jóvenes asesinados, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, el Congreso de la Unión, la UNAM y el Politécnico, las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal, las embajadas de Colombia y Ecuador, una delegación de la Unión Europea, el comité internacional de la Cruz Roja y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a fin de «abordar el mecanismo de seguimiento a todas las acciones a realizar» para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables.
Asimismo, las ONG expresaron su preocupación ante la campaña de «desprestigio» emprendida por algunos medios de comunicación en la que «se pretende criminalizar a los estudiantes mexicanos, se atenta contra la libertad de cátedra, pensamiento y expresión y se busca afectar a la UNAM, el IPN y a la educación pública en general».