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Orgía de terror y sangre paramilitar en universidades costeñas

Fuentes: Prensa Rural

Desde la Universidad del Atlántico, de las más pobladas por estudiantes no sólo de Barranquilla, sino de toda la Región Caribe, comienza a descorrerse un velo que oculta una atroz orgía de asesinatos sistemáticos, que tuvo como escenario las universidades de Magdalena, Córdoba y el Cesar, entre los años 1996 y 2003. Esa fue una […]

Desde la Universidad del Atlántico, de las más pobladas por estudiantes no sólo de Barranquilla, sino de toda la Región Caribe, comienza a descorrerse un velo que oculta una atroz orgía de asesinatos sistemáticos, que tuvo como escenario las universidades de Magdalena, Córdoba y el Cesar, entre los años 1996 y 2003.

Esa fue una etapa de la vida estudiantil y académica de las ciudades costeñas, que vio caer jóvenes promesas del arte, la cultura, la investigación social, del derecho y de la docencia, asesinados a plena luz del día, frente a sus padres, hermanos, esposas, hijos quienes hoy retienen en su recuerdo a esos seres que representaron una esperanza, una alegría de vida, una fuente de amor familiar.

Casi no pasaba una semana sin que las páginas judiciales de los periódicos costeños no registraran homicidios de docentes o estudiantes que sus antiguos compañeros y colegas de hoy, están dispuestos a rescatar y lavar su memoria, y a no permitir que la impunidad caiga sobre sus tumbas.

Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, en cada una de las universidades públicas de la costa donde se tiene documentación de los asesinatos sistemáticos, se estableció un Comité de Derechos Humanos que representa a determinada cantidad de víctimas y que es muy importante para la investigación y la imputación de cargos.
Hoy la fiscalía tiene claro que los asesinatos dentro de la Universidad del Atlántico, situada en Barranquilla, la mano asesina fue la organización conocida como Autodefensas Unidas de Colombia AUC y que se trató de un plan dirigido a todas las universidades públicas de la Región Caribe, como lo confeso Salvatore Mancuso.

También se comprobó que para que funcionara el plan de exterminio contra estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, sus directivas permitieron que las AUC Infiltraran en todas las facultades esbirros disfrazados de estudiantes que tuvieron el encargo de señalar a sus víctimas con la mayor cantidad posible de datos, como lugar de residencia, sitios frecuentados, círculos amistosos, hábitos sociales, que pudieran servir para quitarles la vida.
Sin duda alguna, para el caso de Barranquilla la actuación del paramilitarismo fue aterradora, la lista es de 19 asesinados, compuesta por 11 estudiantes y 8 profesores.

El 5 de octubre de 2000 cayó Alfredo Martín Castro, de 46 años de edad, Vice rector de bienestar de la Universidad del Atlántico, acribillado delante de su esposa y una hija de corta edad.

En agosto 26 de 2000, cae asesinado en Barranquilla, el profesor de la Universidad del Atlántico Luis Meza Almanza. En la Universidad del Magdalena, con sede en Santa Marta, las AUC asesinaron a dos profesores y un estudiante, en la Universidad de Córdoba, sede Montería, cayeron 5 estudiantes y 5 profesores y en el Cesar, sede Valledupar asesinaron 2 profesores y 3 estudiantes.

Las víctimas del paramilitarismo dentro de la Universidad del Atlántico eran activistas denunciantes de actos de corrupción en el manejo del fondo de pensiones, que ocasionaron un desfalco de 156 mil millones de pesos. Eran también vigilantes contra el abandono administrativo y guardianes del cuidado de la planta física de la universidad.

Por la cadena criminal, sucedida en las más importantes y concurridas universidades públicas de la costa, la fiscalía imputó cargos de homicidio a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, de las AUC Tayrona, y a Eduardo Enrique Vengoechea, alias El Flaco, ambos presos en Estados Unidos.

Es muy importante, afirma la fiscalía de Barranquilla, que se mantengan activos los representantes de las víctimas de los asesinatos cometidos por las llamadas AUC, y los grupos de derechos humanos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, claves en la identificación de los paramilitares como en evitar la impunidad.