The Clinic investigó y descubrió detalles de algunos de los proyectos militares conjuntos que mejoran armas y crean otras nuevas y que se estarían desarrollando más allá de lo que permiten acuerdos vigentes, mientras el gobierno intenta que se apruebe un nuevo pacto, en un Congreso que poco lo conoce y que lo ha debatido […]
The Clinic investigó y descubrió detalles de algunos de los proyectos militares conjuntos que mejoran armas y crean otras nuevas y que se estarían desarrollando más allá de lo que permiten acuerdos vigentes, mientras el gobierno intenta que se apruebe un nuevo pacto, en un Congreso que poco lo conoce y que lo ha debatido escasamente.
Aunque no se notó, por estos días Chile fue la meca de la guerra en la región. Barcos norteamericanos surcaron las costas para la operación Unitas número 60 y fuerzas especiales de 20 países se juntaron acá para entrenar y competir. Es verdad que esto no es nuevo y se hace de distintas maneras por lo menos desde 1952, cuando Chile y Estados Unidos firmaron un Convenio de Ayuda Militar, pero durante los últimos años Chile ha adquirido un rol cada vez más importante, liderando todo tipo de ejercicios militares con sus congéneres estadounidenses, desde maniobras de rescate de submarinos a ejercicios conjuntos de fuerzas navales y terrestres.
El asunto no para allí.
Se ha comenzado a implementar una serie de intercambios militares de información, de científicos y de ingenieros, que han escalado -al parecer de forma ilegal- hasta desarrollar mejoras de armamentos y prototipos de equipos de uso militar, amparados en un acuerdo que aún no ha sido ratificado por el Congreso.
Otro acuerdo, que nunca pasó por la Cámara, pero que habría entrado en vigencia en enero de este año, llega al extremo de autorizar -por decreto ministerial- la transferencia de personal de defensa chileno al Ejército estadounidense «con la finalidad de satisfacer los requerimientos operacionales» de la fuerza militar de ese país.
Actividades y acuerdos que se mantienen fuera de la discusión pública e incluso de la parlamentaria, a pesar de las graves implicancias que podrían tener para la soberanía y las relaciones internacionales de Chile.
NO HAY ACUERDO SOBRE LOS ACUERDOS
Los actuales proyectos militares conjuntos entre Estados Unidos y Chile, presentados como de simple intercambios de información, o de científicos e ingenieros, datan desde hace varios años y se estarían llevando a cabo bajo el alero de dos antiguos acuerdos: uno de 2007, referido al Intercambio de Información sobre Investigación y Desarrollo y el otro, firmado en abril de 2008, bajo la administración de Bachelet, referido al Intercambio de Científicos e Ingenieros.
Un nuevo pacto llamado «Acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de los Estados Unidos de América para la Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación de proyectos en materia de defensa» fue firmado en Trinidad Tobago en 2016, pero aún no ha sido ratificado por el Congreso. Éste propone «una relación más estrecha y fluida entre las partes, de manera de fomentar, facilitar y desarrollar la cooperación científica y tecnológica en el sector de la defensa».
Desde agosto del año pasado el gobierno de Sebastián Piñera está empecinado -sin éxito- en que el Congreso ratifique este nuevo pacto, que llevaría la relación entre las fuerzas armadas chilenas y las norteamericanas a niveles superiores de acciones conjuntas, para algunos peligrosas e inconvenientes.
Si bien hubo fuertes críticas la única vez que se ha discutido en el plenario de la Cámara de Diputados, el 9 de enero del 2019, el convenio pasó soplado por dos comisiones de la Cámara Baja: la de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y la de Defensa. En ambas comisiones logró ser aprobado, con sólo dos votos en contra, de los frenteamplistas Jorge Brito y Pablo Vidal y con el voto aprobatorio de la derecha y todos los diputados de la ex-Nueva Mayoría (excepto la abstención de Guillermo Tellier).
POCA TRANSPARENCIA
Según dijo en la Cámara el ministro de Defensa Alberto Espina, este último acuerdo «tuvo su origen en un Memorándum de Entendimiento que data del año 1996» y que condujo a los acuerdos de Intercambio de Información de 2007, el de Científicos e Ingenieros de 2008 y al de Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación firmado de 2016, que está siendo actualmente revisado en el Congreso.
«Me gustaría poder contarles más a ciencia cierta qué implicancias tiene este Tratado, pero la verdad que ni siquiera nosotros sabemos, porque no nos han podido decir», comenta a The Clinic el diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara.
No es que no se haya entregado ningún tipo de información. Un vistoso y aparentemente detallado PPT presentado ante la comisión que lidera Brito por el subsecretario de Defensa (y ex vicealmirante de la Armada), Cristián de la Maza, mostraba información sobre la génesis del acuerdo que se está tratando de ratificar, sobre el personal militar chileno y estadounidense que ha participado en una serie de proyectos al alero de los tratados anteriores e incluso las materias de los intercambios.
El diputado Brito señala, sin embargo, que aunque se entregó esta información, y es público lo principal del Tratado, esto no sería suficiente:
-El tratado hace referencia a documentos que sí son reservados. Ustedes, al leer el Tratado no notarán qué acciones se harán en conjunto, no pueden saber si estas acciones tienen lugar en territorio nacional o en Estados Unidos. No dice si esas acciones se limitarán a la Antártida, particularmente, que creo es donde Estados Unidos está teniendo mayor interés, y no dice tampoco cuántos recursos le va a costar al Estado de Chile suscribir este Tratado.
Esta falta de transparencia está afectando también a la prensa. En una respuesta insólita a una petición por Ley de Transparencia presentada a la Subsecretaría de Defensa, en que The Clinic pedía información sobre el texto de los acuerdos anteriores y detalles de las personas y objetivos de los diez proyectos que el subsecretario presentó en la Cámara como «logros alcanzados», la respuesta fue limitarse a remitir el texto de los antiguos acuerdos y señalar que: «No hay proyectos en virtud de los acuerdos que se acompañan», a pesar de la tabla presentada (y reproducida junto a este artículo) especifica diez áreas de trabajo conjunto en virtud del Acuerdo de intercambio de Información (IEA, Information Exchange Agreements) y 11 científicos e ingenieros (cinco chilenos y seis estadounidenses) como parte del intercambio de ingenieros y científicos (ESEP, Engineer and Scientist Exchange Program). Como puede verse en el gráfico, bajo Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación (RDT&E, Research, Development Testing and Evaluation), no aparece nada.
Sin embargo, los actuales proyectos estarían yendo mucho más allá de un simple intercambio de información y de ingenieros y de científicos. Estarían implementándose ya verdaderos proyectos de investigación y desarrollo conjunto de armas y otros sofisticados equipos militares, asunto expresamente prohibido en los tratados vigentes, y con graves implicancias en términos políticos y de soberanía, según afirma el diputado Brito: «El gobierno no debiera poder realizar proyectos que requieren la aprobación del Congreso, sin antes tenerla. El Estado de derecho implica que el Congreso tiene que ratificar estos tratados. Si el Congreso no lo ha ratificado, no entiendo por qué ya está en implementación. No puede ser que el gobierno escuche más al gobierno estadounidense que a su propio Congreso Nacional, donde debiera estar manifestada la libertad soberana de Chile».
Si bien para el diputado Brito la implementación de los proyectos sin autorización del Congreso es claramente ilegal, otros diputados, también críticos al Acuerdo, no están tan seguros.»Pueden estar amparados en otros convenios, no lo sé. Si se están implementando convenios en virtud de este Tratado, que no ha sido aprobado, es un acto ilegal, derechamente», dijo el diputado (PS) Marcelo Díaz.
GATO POR LIEBRE
Los antecedentes recabados por The Clinic, a pesar de la negativa de Defensa a entregarlos, apuntan al desarrollo y prueba de equipos militares y/o tecnologías aplicadas para esos fines, y no a un simple intercambio de información, ni simple intercambio de científicos e ingenieros, que es lo único que permiten los tratados vigentes.
Lo que se está llevando a cabo, al alero de los acuerdos anteriores, estaría explícitamente prohibido al señalarse en el Acuerdo sobre Intercambio de Información del 2007 que: «No se intercambiará información sobre producción al amparo del presente acuerdo» y en el otro, el de Intercambio de Científicos e Ingenieros del 2008, se señala, en su artículo 2 que: «Este programa e intercambio (… ) no se utilizará como un mecanismo para obtener información relacionada con el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas militares».
Pero entre los proyectos conjuntos que hemos logrado identificar -menos de los que se estarían ejecutando- hemos constatado que por lo menos un par claramente es de desarrollo, prueba y evaluación de equipo bélico, y lo están llevando a cabo las fuerzas armadas chilenas con sus contrapartes militares de EE.UU. (con el apoyo también de universidades y entidades privadas chilenas).
Dicha información la hemos rastreado a partir de fuentes norteamericanas públicas, la mayoría sitios militares y diplomáticos.
MEJORANDO TANQUES
A comienzos del año 2017, Diálogo, publicación del Southcom, Comando Sur del Ejército Norteamericano, (comando conjunto de las Fuerzas Armadas para América Latina y el Caribe con base en Miami) publicó una entrevista al brigadier general Anthony Potts, segundo a bordo del Rdecom (Comando de Investigación, Desarrollo e Ingeniería del Ejército de Estados Unidos), quien recién había visitado las instalaciones del Instituto Geográfico Militar en Santiago.
En la entrevista, Potts, al evaluar el nivel de los militares chilenos en cuanto a ciencia, investigación y desarrollo, declaró estar muy impresionado con un «gran socio», de «gran capacidad» y entregó detalles de un proyecto que ya en esa época se llevaba a cabo para mejorar la operación de tanques de su país.
«En específico, tenemos una asociación con ellos (militares chilenos) relacionada a la intrusión en sus tanques de la arena de los desiertos de la parte norte de Chile. Es de gran interés para nosotros asociarnos en esta iniciativa, porque tenemos algunas de las mismas condiciones con nuestros vehículos blindados. Pero, sencillamente, no tenemos el mismo tipo de polvo muy fino que se introduce, arena que parece polvo de talco», relató el brigadier general a la publicación de las fuerzas armadas estadounidenses.
En el mismo artículo, señaló también el trabajo conjunto que se realizaba en un centro de investigación y desarrollo del país del norte para resolver este problema muy concreto para Chile y eventualmente para Estados Unidos. «Están mandando una persona a Detroit, Michigan, para el ESEP (Programa de Intercambio de Ingenieros y Científicos), para que trabaje con nuestro Tardec (Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería para Tanques y Vehículos) y juntos vamos a resolver, colectivamente, cómo ayudar a nuestras flotas de vehículos blindados en este tipo de condiciones», explicó.
Casi dos años después, en noviembre el 2018, la versión digital de la revista española Defensa, dio cuenta de la visita de uno de los directivos del centro Tardec (Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería para Tanques y Vehículos, que ya el Comando Sur el año anterior había anunciado como destino de personal chileno) a diversas instalaciones militares en Santiago, Talagante, Pozo Almonte e Iquique, visita enmarcada, según la nota, en el Acuerdo de Ciencia y Tecnología suscrito entre Chile y EEUU (RDT&E, Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación), el mismo que aún no ha sido ratificado por el Congreso chileno.
En aquella entrevista el militar estadounidense reconoció, aunque sin entregar detalles, la existencia de un proyecto de procesamiento de señales para el reconocimiento de voz que se estaría llevando a cabo entre la Marina y los ejércitos de Chile y de EE.UU., en conjunto con universidades chilenas, proyecto que pudimos rastrear investigando a una empresa citada por otro alto militar estadounidense.
Fue en agosto de 2018 cuando el exgeneral y entonces ministro de Defensa del gobierno de Trump, James Mattis, alababa la tierra de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, además de sus Fuerzas Armadas, por supuesto, frente a altas autoridades chilenas con las cuales recién había acordado cooperar en ciberseguridad. En ese discurso, pronunciado en La Moneda y reproducido por una página del Pentágono, el alto funcionario mencionó el liderazgo chileno en operaciones militares regionales e indicó que también «apoyaban una colaboración más profunda en ciencia y tecnología» y mencionaba a una «institución innovadora» en ese ámbito: Innervycs.
PRUEBAS EN LA ANTÁRTIDA
Revisando la página de Innervycs, a primera vista solo destaca un centro de talentosos jóvenes emprendedores en el Cerro Alegre de Valparaíso, la mayoría exalumnos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Pero, al indagar con mayor detenimiento, aparecen mencionados diversos proyectos que están desarrollando con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y por lo menos uno, en alianza con universidades chilenas, en este caso con la Universidad de Chile, y que al parecer es el proyecto de procesamiento de señales reconocido por el brigadier general Potts en su visita de 2017.
Lo dice una nota, sin fecha, sobre la innovadora empresa, en la sección exalumnos del sitio web de la PUCV: «Su principal financista es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con quien ha impulsado ya varios proyectos. Uno de ellos fue financiado por la Oficina de Investigación Naval en cooperación con la Universidad de Chile, el cual involucra la construcción de un cuadricóptero controlado por un sistema de comando por voz».
Curiosamente, hace más de medio siglo, el año 1965, cuando la opinión pública chilena supo de un programa de investigación financiado por el Ejército de Estados Unidos a través de la Universidad de Chile, se armó tal escándalo que el proyecto, conocido como Camelot, tuvo que ser suspendido por el gobierno norteamericano.
La nota menciona además otros proyectos llevados a cabo por Innervycs: «También el Ejército de Estados Unidos financió un proyecto relacionado con el camuflaje, basado en el desarrollo de un software que simula una función del ojo humano que recibe distintos patrones de camuflaje del entorno, hace una evaluación y entrega un determinado resultado, el que se traduce en un patrón a utilizar por la institución».
Además se habla en la página de la PUCV de la existencia de otro proyecto, cuya existencia y antigüedad constatamos en la página de la empresa de Valparaíso, que muestra también fotos y videos. Se trata de un sofisticado vehículo para zonas polares que -pese a no haberse ratificado el acuerdo de investigación y prueba- habría comenzado a ser desarrollado y probado hace ya varios años.
Este proyecto, impulsado por una oficina de la Marina de Estados Unidos en Santiago, sería clave dentro de las nuevas estrategias geopolíticas y militares de Estados Unidos, que organiza un consorcio militar internacional con sus aliados, alianza de la cual Chile estaría evaluando hacerse parte.
Este interés en las zonas polares coincide con algunas de las aprensiones manifestadas por el diputado Brito.
EL POLO SUR EN LA MIRA
«La soberanía no solo se ve amenazada ante la presencia inminente de pólvora y acero. También la soberanía se ve amenazada, o se puede ver perjudicada, ante la posesión de conocimiento geopolítico estratégico sobre nuestros recursos naturales, sobre la variación en las condiciones climáticas y sobre los movimientos que tiene Chile y los otros países en lugares tan estratégicos como la Antártica chilena. Yo creo que la Antártica puede ser escenario prontamente de disputa internacional», afirma el diputado Brito.
La página de Innervycs entrega mayores pormenores de la historia de este proyecto. Se cuenta, por ejemplo, de una visita realizada a fines de 2013, en que el gerente general de la empresa, el joven ingeniero Ian Hughes, reconoce que se había terminado la etapa de «capturar las muestras y hacer las mediciones requeridas por el proyecto» y que se daba entonces «inicio, oficialmente, a las etapas de investigación y desarrollo de T.R.A.C.E.R.». Hughes planteaba también un viaje para fines de 2016, para «probar prototipos».
El prototipo desarrollado y posiblemente ya probado y evaluado por la empresa porteña sería vital para la Marina norteamericana en el marco de la importancia estratégica de las zonas polares para los militares de ese país, quienes en una publicación señalan no reconocen reclamaciones territoriales, como la chilena, sobre esa zona.
«(Las polares) constituyen vastas extensiones congeladas de tierra y mar. Están escasamente pobladas. Y serán claves en la década que viene, tanto para las fuerzas navales norteamericanas como para el resto del mundo (….) De hecho, las dos regiones son radicalmente distintas, tanto en su composición geológica como en su impacto naval. El Ártico es un océano, con reclamaciones territoriales de múltiples naciones costeras que lo rodean. En contraste, la Antártica es un continente sin demandas territoriales, por acuerdo internacional, y rodeada por aguas internacionales», señala la nota de Future Force (Fuerza Futura), que se identifica como publicación oficial de la marina norteamericana.
Esa revista nombra al proyecto Polar Tracer (Polar Traversing Robotics for Autonomous, Collaborative and Efficient Reconnaissance; es decir, Robótica de Travesías Polares para Exploración Autónoma, Colaborativa y Eficiente) y señala que es un proyecto de la Oficina de Investigación Naval de Santiago, asociada al Ejército, la Fuerza Aérea norteamericana y a una «destacada empresa chilena».
El largo artículo habla también de un acuerdo internacional entre los militares de siete países (EE.UU., Canadá, Dinamarca, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia que se han unido para estudiar el Ártico). Curiosamente, un material digital de ese programa, señala textualmente en una lámina, que en la actualidad «Chile está considerando opciones para unirse en una fecha futura».
Razón tendría entonces Jorge Brito al pensar que la Antártica es un objetivo estratégico para Estados Unidos: «El territorio que aparece en los mapas como chileno también aparece en los mapas de otros países. Hay acuerdos internacionales que van a llevar a que en un plazo cercano a diez años tengamos en la Antártida disputas territoriales».
Las contradicciones respecto al financiamiento del nuevo Acuerdo con el Pentágono son otro tema que le provoca desconfianza: «Tiene muchas preguntas sin respuesta. Dice (el tratado) que los costos serán asumidos equitativamente entre ambas partes. Sin embargo, el ministerio de Defensa dijo que esto no traía costos para el Estado de Chile. Entonces, acá tenemos la palabra del ministerio de Defensa contra lo que sale escrito en el acuerdo», acota el actual presidente de la Comisión de Defensa.
ASOCIÁNDOSE CON EL VICTIMARIO
Pero las incertidumbres por el presupuesto, la poca transparencia, y la supuesta ilegalidad al implementarse los proyectos sin haberse ratificado el nuevo acuerdo por parte del Parlamento, no son las únicas críticas que se han levantado.
Las implicancias políticas que tiene en la actualidad hacer acuerdos con la administración Trump y la necesidad de no olvidar lo que significaron las relaciones militares con ese país en el pasado reciente de Chile, han surgido también con fuerza en el muy poco tiempo que hasta ahora se ha debatido el acuerdo en el plenario de la Sala, donde, hasta el momento, solo se ha visto en una ocasión, el pasado 9 de enero. En la opinión pública, por otra parte, hasta ahora el tema ha pasado totalmente desapercibido.
En el plenario de enero, uno de los que planteó objeciones fue el diputado René Saffirio, quien afirmó que se había tratado de aprobar el tratado sin siquiera conocer el texto y aduciendo erróneamente que no significaba gastos: «El informe financiero del ministerio de Hacienda, que era el informe con el que querían que resolviéramos este acuerdo, sin el texto del acuerdo -que después logramos que se tradujera-, dice que la implementación del acuerdo no tiene efectos sobre el presupuesto del sector público. ¡Falso! ¡Mentira! ¡No es cierto!», expresó enfático el diputado, quien en la misma ocasión agregó: «¡Esto sí que es una violación a la soberanía! ¡Esta sí que es una concesión gratuita a la soberanía! ¿Creen ustedes, acaso, distinguidos colegas, que Estados Unidos nos va a entregar información confidencial sobre lo que ocurre al interior y al exterior de sus fronteras, cuando tiene un jefe de Estado, el Presidente Trump, que cierra las fronteras físicas construyendo muros y que cierra las fronteras económicas abriendo una guerra comercial con China, que no solo busca proteger los intereses económicos de los Estados Unidos sino dañar, aún a ese riesgo, y paralizar prácticamente la economía en el mundo?».
El diputado Vlado Mirosevic por otra parte también resaltó las implicancias de firmar acuerdos con la administración Trump: «Con respecto a los derechos humanos, fue el propio Presidente Donald Trump quien, en junio del año pasado (2018) decidió el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, algo inédito en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. El retiro de Estados Unidos del Consejo fue una noticia que en Chile no tuvo la cobertura que debió tener, porque retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es muchísimo más preocupante que no concurrir a la firma de un acuerdo específico, como el Pacto Migratorio (…) Por lo tanto, si Donald Trump no tiene una convicción profunda en materia de derechos humanos y de multilateralismo, me parece que tenemos derecho a sospechar que es una amenaza para la seguridad mundial».
Quien también se opuso en el hemiciclo de Valparaíso fue el diputado socialista Marcelo Díaz quien posteriormente nos reiteró el problema de firmar acuerdos con la administración Trump: «Habla de muchos aspectos de una cooperación militar muy profunda entre Chile y Estados Unidos y yo creo que en este momento (ese país) está dirigido por un personaje no confiable y yo me abstendría de suscribir acuerdos con EE.UU. mientras gobierne un personaje como Trump. Esa fue la razón política. Mi objeción no es que firmemos o no convenios, incluso convenios militares, incluso hasta con ese país, pero: ¡Ojo! Éste es el Estados Unidos de Trump, no el de Obama», dijo Díaz a The Clinic.
El diputado socialista mencionó también la falta de debate sobre este acuerdo: «Me parece que no son acuerdos para ver tan a la liviana y votarlos sin discusión». Díaz reconoció que tampoco su partido le ha puesto atención al tema. «No lo hemos analizado», dijo y declaró ignorar por qué otros socialistas, como el diputado Marcelo Schilling, habían votado a favor en la Comisión de Defensa.
Schilling mismo parece no saberlo tampoco. Consultado al respecto dijo que creía haber votado en contra.
LECCIONES NO APRENDIDAS
«Es evidente que Estados Unidos tiene intereses en nuestra región y en consecuencia actúa conforme a sus intereses. Yo eso lo entiendo, y sé que es así y la historia dice que es así. Lo que no puedo entender es ¡cómo Chile no ha aprendido de su historia!», se pregunta Brito.»La historia de Chile, de Latinoamérica y de Estados Unidos no nos da antecedentes para confiar a ciegas en ningún país, y menos en Estados Unidos, que ha tenido acciones de inteligencia y de defensa importantes en nuestro país, y que han dañado nuestra democracia».
Quién sí también bien recuerda, y mucho, ya que ha investigado el tema desde fines de los años 60, es el escritor, abogado y diplomático Armando Uribe Arce, Premio Nacional de Literatura del año 2004, autor -además de sus muchos libros de poesía y memorias- del «Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile», publicado en Europa en 1974 y en Chile sólo muchos años después, en 2001.
En ese texto Uribe relata cómo él fue especialmente mandatado, a fines de esa década, por el entonces canciller de Eduardo Frei Montalva, Gabriel Valdés, para estudiar las relaciones militares entre Chile y Estados Unidos. El 13 de noviembre de 1970, a pocos días del triunfo de Salvador Allende, Uribe entregó un informe denunciando la falta de información detallada y completa con que se encontró: «Se ha configurado a la fecha un complejo cuadro de relaciones militares entre nuestro país y EE.UU. Los diversos rubros que lo componen no están en apariencia bajo el control coherente de ningún órgano determinado del Ejecutivo chileno, aunque teóricamente el ministerio de Defensa Nacional maneja como contraparte del gobierno de EEUU en este campo todos los aspectos militares entre los dos países».
Este desconocimiento incluía también a la Cancillería, donde él trabajaba. «El ministerio de Relaciones Exteriores no ha contado al parecer en ningún momento, ni con el control político de estas relaciones, ni siquiera con el conocimiento completo y oportuno de las actividades en la materia», escribía Uribe hace casi medio siglo.
Siguió el exdiplomático investigando el tema durante el gobierno de Allende, cuando ejerció como embajador en China. Durante ese período fue tal el nivel de intromisión que detectó Uribe por parte de los militares y otros personeros norteamericanos, que le planteó su preocupación en persona al mismísimo Salvador Allende, quien compartió su alarma. No así Clodomiro Almeyda, entonces canciller, ni Orlando Letelier, ministro de Defensa, quienes, en persona, luego del golpe, le confesaron a Uribe que había tenido la razón. En esa época, el exdiplomático escribía desde Europa sobre cómo EE.UU., después de asumir Allende, había mantenido su apoyo a las fuerzas armadas chilenas a través de contactos directos que en ocasiones baipaseaban la voluntad del gobierno: «Las relaciones del Pentágono con cada una de las ramas armadas chilenas (no solo con la Marina, que por cierto recibió un trato especial) se mantuvo incólume y aún aumentó en algunos casos. Ello se produjo por canales directos entre fuerzas armadas de uno y otros países, y sobrepasó a veces la voluntad política del gobierno chileno», escribía en su libro sobre la intervención.
Hoy, más de cuarenta años después, Uribe de 85 años de edad, vive prácticamente recluido en su departamento en el Parque Forestal. A pesar de su delicada salud, responde a nuestras preguntas por teléfono: «No entiendo, si no han sido ratificados, ¿cómo pueden llevarse a cabo? ¿cómo no han sido puestos en conocimiento público?», dice enterarse de sobre los proyectos que se estarían implementando y sobre la discusión en el Parlamento.
Uribe señala además que habría que pensar y analizar muy bien las implicancias de un tratado militar con Estados Unidos, más allá de Trump: «No solamente con el actual gobierno, sino con cualquier gobierno norteamericano».
https://www.theclinic.cl/2019/08/01/oscuros-acuerdos-militares-entre-chile-y-estados-unidos/