La peculiar captura del jefe paramilitar Darío de Jesús Úsuga David, alias Otoniel, pone nuevamente sobre la mesa, debates irresueltos pero vitales para la real construcción de la paz. Más allá del manto de dudas que ha dejado el operativo y los múltiples usos electorales que hará el Centro Democrático de su “prisionero”, es hora de abordar las cuestiones de fondo que devela el caso: la persistencia del paramilitarismo y del conflicto social armado, la indecorosa e inefectiva política antidrogas del gobierno Duque, y el inconcluso proceso de reparación de las víctimas.
Otoniel y el llamado Clan del Golfo no son un simple cartel del narcotráfico como lo quieren presentar Duque y Molano. Su carácter mafioso, no le puede quitar su origen y esencia contrainsurgente, en lo que la profesora Vilma Franco ha llamado mercenarismo corporativo ilegal, pero que en términos del derecho internacional implicaría la categoría de agentes de facto del Estado. Nadie está desvirtuando la financiación criminal del Clan del Golfo y su participación en esa gran empresa capitalista transnacional de los narcóticos, pero tampoco se puede negar que son paramilitares. Los Urabeños (como se les conoció inicialmente) tomaron este nombre precisamente en la disputa dentro del paramilitarismo a principios de siglo, en representación del proyecto nacional fascista que dirigían los hermanos Castaño. No son simples capos de la droga, si no que han desarrollado acumulación por despojo en los territorios, han participado directamente de la guerra contra comunidades y movimientos sociales, y han intervenido electoralmente en sucesivas oportunidades.
El Clan del Golfo –con o sin Otoniel- representa el fracaso del proceso de desmovilización-legalización del paramilitarismo que desarrolló Uribe Vélez, pero también de las aspiraciones del acuerdo de La Habana por ponerle fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Por mucho que intenten camuflarlos bajo nombres estrambóticos como GAO o GDO, los Urabeños, al igual que Rastrojos, Caparrapos, Pachenca, entre otros, son grupos neoparamilitares y deben ser comprendidos como tales. Por eso hace un año solicité a la JEP como víctima del paramilitarismo, no excluirnos del proceso de verdad, justicia y reparación que está en curso, lo que exige la comparecencia de estos actores del conflicto dentro del sistema. Por eso mismo, hoy creo que la Paz Completa por la que hay que luchar no puede consistir en desmovilizar las guerrillas para dejar operando paramilitares en los territorios, sino que debe comprender también un proceso de sometimiento a la justicia de estos grupos antes que seguir insistiendo en el rentable negocio de la DEA de descabezar capos para que se regeneren automáticamente dejando intactas las estructuras criminales.
La persistencia del conflicto armado a través de estos grupos paramilitares, es un problema político, que debe ser asumido y resuelto como tal, no una llana cuestión policiaca y criminológica. Desmantelar el paramilitarismo implica no solo perseguir sus fuentes ilegales, si no sus raíces y tentáculos legales, y en todo caso reconocer a sus víctimas garantizándoles reparación integral. La extradición exprés que pretende Duque, lejos de atender nuestras necesidades como sociedad, le da la espalda a nuestros derechos y a la verdad, contribuyendo a la perpetuación del fenómeno narco-paramilitar.
En segundo lugar, la existencia de grandes grupos paramilitares financiados por la empresa transnacional de la cocaína, solo denota la bancarrota de la mal llamada «Guerra contra las Drogas» que declarase Nixon hace ya 50 años. Si se mantienen grandes carteles y grandes ganancias es porque el negocio sigue siendo rentable, por ello es una estupidez insistir en la misma receta. Más lamentable aún es que el gobierno colombiano sea más papista que el Papa, respecto a la política antinarcóticos, ya que hasta la Casa Blanca en su más reciente documento plantea enfatizar el combate al narcotráfico hacia la reforma rural integral en Colombia, antes que seguir insistiendo en las políticas represivas.
La extradición de nacionales es una vergüenza para la soberanía
jurídica de un Estado que se reivindique como independiente. Este
mecanismo judicial, así como la omnipresencia de la corrupta DEA
norteamericana en el país, solo garantizan negociaciones criminales para
alimentar la guerra jurídica continental y montajes judiciales para la
persecución política. No hay verdad, no hay reparación de víctimas, no
hay desmonte del narcotráfico. Tras casi 40 años extraditando
colombianos deberíamos reconocerlo de una vez por todas, que es un
modelo fracasado.
Otoniel ha hecho parte del conflicto armado. Otoniel fue determinador de crímenes de lesa humanidad, financió y organizó grupos armados. Hay miles de víctimas de Otoniel y Los Urabeños por desplazamientos, asesinatos o amenazas. Otoniel conoce la verdad sobre ese sórdido reciclaje de violencias del viejo EPL a las AUC, y de las AUC al Clan del Golfo. Pido a la JEP vincularlo en el macrocaso 004 que juzga los hechos de guerra en Urabá, así como en el anunciado nuevo proceso que se abre sobre relación entre Fuerza Pública y paramilitarismo. En mi próxima cita en la Comisión de la Verdad, donde aportaré mi testimonio sobre la persecución política contra la oposición política, también le pediré a esta entidad que lo llame a comparecer y aportar verdad. Solo así habrá reparación integral a las víctimas y quizás, hasta nos enteremos sobre los verdaderos detalles de su captura.
Fuente: Las 2 orillas
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