En nombre de la lucha contra «el terrorismo internacional», en los años 70 los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de derecha de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Perú, actuaron coordinadamente al margen de la Ley para eliminar masivamente y sin importar las fronteras, a quienes se consideraba la «amenaza terrorista», en […]
En nombre de la lucha contra «el terrorismo internacional», en los años 70 los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de derecha de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Perú, actuaron coordinadamente al margen de la Ley para eliminar masivamente y sin importar las fronteras, a quienes se consideraba la «amenaza terrorista», en ese entonces, militantes -o sospechosos de serlo- de cualquier organización de izquierda.
Esta actuación coordinada en el marco de la Guerra Fría, conocida como La Operación Cóndor, permitió a organismos de inteligencia de las dictaduras militares desplazarse por todo el mundo para vigilar, perseguir, secuestrar, desaparecer, torturar, «repatriar» o asesinar , a cientos de miles de personas.
La Operación Cóndor tenía por finalidad, de acuerdo a un informe rendido por un agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) << La recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas , con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona (…) operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, del «Operativo Cóndor» implica la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros del «Operativo Cóndor». Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro del «Operativo Cóndor» se encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial del «Operativo Cóndor» para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo del «Operativo Cóndor» para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros del «Operativo Cóndor»>> (1) (Subrayado nuestro)
El descubrimiento de los archivos secretos de la inteligencia represiva paraguaya en diciembre de 1992, conocidos como «Los Archivos del Terror», confirmaron que en el marco de la Operación Cóndor los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur, la CIA estadounidense, neofascistas italianos, la policía secreta del régimen franquista español, anticastristas, entre otros, hicieron minuciosos trabajos de seguimiento internacional para asesinar a miles de personas , entre ellas al ex ministro chileno Orlando Letelier en Washington ; al ex presidente de Bolivia, general Juan José Torresdo en Argentina ; y al ex vicepresidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats en Buenos Aires . También se atentó contra el ex vicepresidente de la República de Chile, Bernardo Leighton en Italia .
Aunque nunca se podrá medir el dolor que causó la Operación Cóndor, y quizás tampoco se conozcan las cifras exactas de víctimas de esos años del terror, se maneja que esta operación produjo, en nombre de la «libertad y la democracia»: «50 mil asesinatos, 30 mil desaparecidos, 400 mil encarcelados y millones de refugiados y exiliados políticos. Entre los asesinados y desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños». (2)
¿Otra Operación Cóndor?
Más de 30 años después, ya no en medio de dictaduras, sino bajo «gobiernos democráticos», dos grandes escándalos reviven sospechosamente los recuerdos de la Operación Cóndor:
El 2 de enero de 2004 es detenido en Quito, Ecuador, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Simón Trinidad, quien fungió como negociador durante los fallidos diálogos de paz con el ex presidente Andrés Pastrana.
Declaraciones del comandante del Ejército de Colombia, general Martín Orlando Carreño, y del ministro colombiano de Defensa, Jorge Alberto Uribe, reseñadas en la versión digital del diario nicaragüense La Prensa (bajo una advertencia de estar prohibida su difusión parcial sin autorización de este medio, pero que pueden leerse en la página http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/enero/05/elmundo), dejan ver que a Trinidad l o siguieron en Ecuador durante varios meses, organismos de seguridad de Estados Unidos, Ecuador y Colombia, antes de ser capturado mientras caminaba por una calle de Quito con su esposa e hija.
En diciembre de ese mismo año, otro escándalo sacude al mundo. Es secuestrado por policías colombianos y militares venezolanos en Caracas, sin conocimiento del gobierno presidido por Hugo Chávez, y al margen de las leyes internacionales y de los convenios binacionales, otro miembro de las FARC, Rodrigo Granda, quien es llevado a Colombia para simular su detención legal por las autoridades de ese país, a pesar de no estar solicitado por la INTERPOL para el momento de su detención ilegal. Antes de su secuestro, ya habían sido detenidos en territorio venezolano otros policías colombianos que lo seguían ilegalmente .
En mayo de 2004 las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a un grupo de paramilitares colombianos en Caracas, con planes de realizar asaltos a guarniciones militares y asesinar al presidente Hugo Chávez.
En 2001 fue detenido en Caracas José Ballestas, del Ejército Nacional de Liberación (ELN) de Colombia. De acuerdo a declaraciones del ministro de Interior y Justicia de ese entonces, con intervención del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, sin consentimiento del gobierno venezolano (3)
En Bolivia fue detenido en abril 2003 el colombiano Francisco «Pacho» Cortés, uno de los mediadores en las negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo el cargo de terrorismo, «por tratar de establecer un ejército guerrillero «ELN-B», – o una supuesta, según ellos, nueva rama del ELN colombiano». Abogados y organizaciones de Derechos Humanos que han revisado el caso dicen que la evidencia presentada por el Estado, un manual de guerrilla de 64 páginas, es insubstancial y da fuertes indicios de haber sido fabricada; sin embargo, quien informó a los medios de comunicación bolivianos del arresto de un «terrorista colombiano» -antes de que se abrieran las investigaciones-, fue un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en la Paz, y no las autoridades judiciales de Bolivia. (4)
Como en la década de los 70, ya no bajo los esquemas de la Guerra Fría sino de la ahora llamada «Guerra Preventiva», en nombre de la «lucha internacional contra el terrorismo» cuerpos policiales de manera encubierta y coordinada persiguen, detienen y secuestran, violando las leyes y la soberanía de varios Estados , a quienes ellos han criminalizado como «terroristas». Como en la época de la Operación Cóndor, agentes secretos obtienen pasaportes y visas en cualquiera de los países involucrados para ingresar o salir de ellos, y otras facilidades jurídico-administrativas, financieras y logísticas que los protegen y les facilitan sus tareas ilegales, con discrecionalidad e impunidad.
Entonces cabría preguntarse si estamos otra vez en presencia del uso sistemático e ilegal de la fuerza -por parte, no sólo de un gobierno en su territorio, sino de varios gobiernos coordinados desde fuera-, a través de operaciones secretas para detener a sus adversarios y disidentes políticos, a quienes catalogan de «terroristas», desconociendo las fronteras, violando la soberanía, las leyes nacionales e internacionales y las convenciones de Derechos Humanos de la ONU.
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(1) Stella Calloni: Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor. En: http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html
(2) Ibidem
(3) http://www.meridiano.com.ve/20010311/columnas/Columnas15.htm
(4) http://www.narconews.com/Issue32/articulo892.html