En las condiciones actuales de Colombia, mantiene plena validez y sigue siendo un imperativo, la lucha por la solución política y la paz. Pero igualmente se requiere construir y aplicar otro modelo de negociación y salida política, que trascienda los procesos de pacificación, las frustraciones y la perfidia que se han presentado en el pasado, que han impedido avanzar hacia nuevas realidades de país, la paz y los cambios.
Históricamente, las clases dominantes han desarrollado e impuesto procesos de pacificación, negándose a lo que son propiamente los procesos de paz. Para estas lo que importa es la desmovilización y el desarme de las guerrillas, pero que todo el resto siga igual. Arrancar y conquistar un proceso de paz es el reto que esta por delante como sociedad.
Racionalizando la experiencia de los procesos de negociación con las fuerzas guerrilleras en las décadas pasadas y pensando de manera más global en los acuerdos que a lo largo de la historia colombiana se han realizado entre las clases dominantes y los sectores populares movilizados, es verificable una constante, estas no han cumplido con lo pactado, después de desactivar mediante un proceso de negociación la presión de las masas o de la lucha guerrillera.
Una vez desactivada la fuerza de la movilización popular o la presión de las armas, la oligarquía ha desconocido lo pactado, en especial cuando el cumplimiento de los acuerdos ha descansado en la palabra o la supuesta buena fe de las clases dominantes.
Los hechos, una y otra vez, han mostrado que las “garantías” para que se cumpla lo acordado tienen que afincarse en otros factores que obliguen o fuercen a los de arriba a cumplir.
La perfidia de la clase dominante con lo pactado, tiene una larga historia, se ha repetido una y otra vez en Colombia. Recordemos cuando los acuerdos de la colonia española para desactivar el levantamiento de los negros palenqueros encabezados por Benkos Biohó; no cumplieron, cuenta la historia que una vez levantado el movimiento todo se desconoció, acompañándose de la más brutal represión y de la captura y muerte de Benkos el 16 de marzo de 1621
Dos siglos después, en 1.781, cuando la insurrección de los comuneros, los gobernantes españoles se vieron obligados a negociar. Pero una vez se desmoviliza el movimiento y se pierde la fuerza, nada se cumple, son asesinados y perseguidos o desterrados sus principales lideres. Ahí esta la ejecución de José Antonio Galán el 1 de febrero de 1782
Desde el siglo pasado, hace 70 años, los acuerdos de paz firmados con los alzados en armas, han repetido la misma historia, iniciándose con las guerrillas liberales de los llanos orientales, encabezadas por Guadalupe Salcedo en la década del 50. Los de arriba firmaron, las guerrillas entregaron las armas, se desmovilizaron, pero la casta oligárquica liberal-conservadora, les incumplió, Guadalupe Salcedo es asesinado el 6 de junio de 1957.
En tiempos más recientes, en la década del 80, cuando el gobierno de Belisario Betancur, se firmaron los pactos de la Uribe con las FARC de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, los que progresivamente se fueron quebrantando en los años siguientes para quedar definitivamente aplastados con el bombardeo a Casa verde en la presidencia de Cesar Gaviria.
Cuando Belisario también, se dieron los acuerdos y la tregua con el M-19 y el Epl, pero una vez más fueron quebrantados por sectores oligárquicos, terminando con el ataque y asedio a sus campamentos por parte de las fuerzas militares.
Después, cuando el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), se realizan nuevas negociaciones, se firma la paz, se desarman y desmovilizan estas dos guerrillas, siendo asesinado meses más tarde el dirigente dirigente principal del M-19, Carlos Pizarro, estando ya este como candidato presidencial. El país, siguió igual, sin el M, ni el EPL, pero sin ningún cambio, con el neoliberalismo encima, el paramilitarismo en ascenso y un terrorismo de estado sin limites. Una vez más asistíamos a la pacificación, no a la paz, ni a la erradicación de la violencia de los de arriba, ni a nuevas realidades de país.
Ahora ya en este siglo XXI, 26 años después, en el 2016, se firmaron los llamados acuerdos de paz con con las FARC, llevando estos al desarme y a la desmovilización de una parte de las mismas, principalmente del sector encabezado por Timoleon Jimenez y la mayoría del Secretariado. Ahora en el 2021, cinco años después, esta demostrado, esos acuerdos, en sus aspectos sustanciales, han sido desconocidos por las clases dominantes y su actual gobierno.
Hace 3 años, en el 2018, el gobierno de Duque también desconoció e incumplió los acuerdos suscritos en Caracas, en Marzo del 2016, entre el gobierno de ese momento y el ELN para desarrollar el proceso de dialogo y negociación que se instalado en Quito en Febrero del 2017. Duque negó los acuerdos y rompió la mesa.
La violencia de los de arriba, una constante en nuestra historia
En Colombia las guerrillas revolucionarias aparecieron a principios de los años 60 del siglo pasado. Desde ese entonces hasta hoy, a diferencia de otros países en el continente, la lucha guerrillera ha permanecido, en ello ha tenido decisiva incidencia el comportamiento de las elites en el poder, al persistir en un trato extremadamente violento y en especial de terrorismo de estado, a los movimientos y a los procesos sociales y políticos que luchan por los cambios y otro futuro.
En el continente latinoamericano, la clase dominante colombiana sigue siendo la más violenta y represiva. En las ultimas 4 décadas y producto del terrorismo de estado, han obligado al desplazamiento de 8.2 millones de colombianos, especialmente de las zonas rurales y han sido expropiadas casi el mismo número de hectáreas de tierra.
En 1949 fue asesinado Jorge Eliecer Gaitan, dirigente de gran ascendencia popular, que se distancio de la oligarquía y que para el momento tenia la opción de ganar las elecciones presidenciales. Por esa época se desato un ciclo de violencia, conocido como la violencia liberal-conservadora que dejó aproximadamente 300.000 muertos[1 ].
A fines del segundo quinquenio de la década del 80, después de quebrarse un primer acuerdo de tregua y paz con las FARC, el M-19 y el EPL, realizado por el gobierno de Belisario Betancur, se desato una despiadada violencia paramilitar y una sistemática política de terrorismo de estado, que se han prolongado hasta hoy.
A fines de los 80, en la década del 90 y en en los primeros años de la siguiente, los paramilitares se instalaron como fuerza armada, con sus propias guarniciones militares, en distintas regiones del país, sometiendo a sangre y fuego a la población, exterminando a las organizaciones sociales y a las fuerzas legales de la izquierda. Todo ello con el auspicio y complicidad de los poderes regionales, de distintos sectores oligárquicos, de los Estados Unidos, de la fuerza pública y las autoridades.
El terror paramilitar y de estado, aniquilo a tres de las organizaciones políticas legales de masas más representativas de la izquierda hacia los años 80 y 90; la Unión Patriótica, el Movimiento A Luchar y el Frente popular. Tal como esta documentado, les causaron aproximadamente 8.000 asesinatos y desapariciones, lo que llevo a la extinción o al exterminio de estos movimientos.[2]
Entre fines de los años 1987 y 1990, fueron asesinados 4 candidatos presidenciales, tres de ellos representantes de sectores de izquierda, Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987) , Bernardo Jaramillo (22 de marzo de 1990), los dos integrantes de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro León Gómez (26 de abril de 1990), del M-19, organización que acababa de firmar un pacto de paz con el gobierno de Virgilio Barco, el cuarto, Luis Carlos Galán del Nuevo liberalismo (18 de agosto de 1989), representaba sectores disidentes de los partidos tradicionales
En estas últimas cuatro décadas, incluso después de la firma del acuerdo de paz de las FARC, en el 2016, han permanecido el terrorismo de estado en su sentido global y el paramilitarismo como una de sus expresiones. Este problema no fue resuelto, ni desapareció con el acuerdo de paz, suscrito entre las FARC y el gobierno de Santos, como lo constata la realidad del país en la actualidad.
Desde el momento de la firma de los acuerdos de paz con esa guerrilla y hasta este Septiembre del 2021, han sido asesinados 287 excombatientes de FARC, firmantes del acuerdo de paz y 1.245 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos[3].
En el paro nacional de este 2021, en los últimos días de Abril y los meses de Mayo y Junio y Julio, fueron asesinados por la fuerza pública y por paramilitares, 86 personas, la mayoría de ellos manifestantes, fueron víctimas de agresiones oculares 82 jóvenes, de estas movilizaciones sigue desaparecidos un poco más de 300 colombianos[4]
El año anterior, en las protestas por el asesinato de Javier Ordóñes, en los días 10 y 11 de Septiembre del 2020, fueron asesinados a bala por la policía 13 ciudadanos, 10 en Bogotá y 3 en Soacha[5]
Situación actual de los procesos de solución política
Estos últimos, el pactado con las FARC y el que que se canceló con el ELN, están en crisis, destruidos por las elites dominantes y en especialpor la conducta de este gobierno, la situación del país se ha agravado, la violencia paramilitar y estatal sigue en una espiral ascendente, indicativo de ello son las cifras del asesinato de lideres sociales, de excombatientes firmantes del acuerdo y de los manifestantes de este 2021 y del 2020.
En más de una ocasión, este gobierno y el anterior, obligaron a las FARC a renegociar los acuerdos, pero no contentos con ello, también los han desconocido y los han modificado de forma unilateral.
En el acuerdo firmado hace 5 años entre el gobierno y las FARC, estas se comprometían a cesar la lucha guerrillera, a entregar las armas y a demovilizarce, el Estado una vez se diese ello, se comprometía a realizar unas reformas, a aplicar un sistema integral de verdad y justicia y a un proceso de participación política y de reinserción colectiva.
Las FARC cumplieron. Pero las clases dominantes y el Estado no han hecho lo mismo, no han cumplido con las reformas, ni con el resto de los componentes centrales de lo firmado, redujeron el acuerdo a la mera reinserción y aún en este aspecto hay grandes incumplimientos[6]
Las FARC como opción política no se fortaleció después de la firma, se ha debilitado, esta dividida en varios grupos; unos dentro del acuerdo y la institucionalidad, fracturados en distintas tendencias , otros, encabezados por Ivan Lozada y Gentil Duarte, que no participaron, ni respaldaron el pacto de paz, se mantienen como fuerza armada, otra vertiente conocida como la Segunda Marquetalia, encabezada por Ivan Marques, el difunto Jesús Santrich y otros mandos guerrilleros, retornó a la lucha armada en respuesta al incumplimiento del Estado, y por último, varios sectores dispersos, grupos autónomos que se siguen autodenominando como Farc.
Como ya lo indicamos, con el ELN, el gobierno de Duque no le dio continuidad al proceso que se traía con la administración del expresidente Santos, rompió la Mesa, desconoció lo acordado y estableció unilateralmente precondiciones inaceptables para retomar el proceso.
Otro modelo
La lucha por la solución política, los cambios y la paz, obedece a las realidades actuales del país y al trasegar de la misma lucha revolucionaria en estos años, a la vez ha conquistado un creciente respaldo en la sociedad colombiana y en el campo internacional.
Después del estallido social de este 2021, Colombia, la lucha insurgente y la misma lucha popular, empiezan a transitar diversos y nuevos caminos, algunos imperceptibles todavía, que tienden a generar distintos desarrollos y expresiones de la lucha en las calles y en la misma lucha insurgente, gracias a las nuevas dinámicas de los estallidos sociales y los levantamientos en los centros urbanos.
Para que los nuevos procesos de diálogo y negociación conduzcan a nuevas realidades de país, a derroteros de paz y cambios, para que la oligarquía una vez más no se salga impunemente con la suya, frustrando las aspiraciones de de las mayorías, no es viable, ni repetible el modelo de “desarme, desmovilización y reinserción”.
Para lograr otros derroteros y avanzar hacia el futuro, Colombia ha de conquistar la realización de procesos de paz, dejando atrás los de pacificación, lo que requiere de una correlación de fuerzas en la sociedad que habilite e imponga este camino. En esa dirección hemos de trabajar los que queremos los cambios y la paz.
El aprendizaje de lo procesos anteriores, indican la necesidad y factibilidad, de desarrollar de otro modelo de solución política, que desactive la atávica violencia ejercida desde las elites dominantes y que propicie nuevas realidades socio-económicas y de soberanía.
En ese nuevo modelo, la sociedad ha de tener una participación sustancial, no es sólo la negociación gobierno-guerrilla, igualmente el proceso ha de estar acompañado por la lucha social y política de masas y por ende ha de servir para el fortalecimiento del campo popular.
Pactar y ejecutar lo que se va acordando, simultaneidad y equivalencia en la implementación, son otros componentes de la experiencia aprendida, al igual que el respaldo y la presión social para cumplir lo pactado, no tanto la supuesta buena fe de las clases dominantes.
Igualmente ha de tenerse un importante acompañamiento de lo comunidad internacional y ojalá contar con el respaldo y la solidaridad de los pueblos hermanos y sus organizaciones
Las armas son la garantía. Pero también son decisivas la participación de la sociedad, el respaldo de la misma, la fuerza de masas, el respaldo social y político y la presión internacional, todos estos son factores que inciden en la correlación de fuerzas, cuestión que es vital.
El ELN le aporta a ese nuevo modelo la agenda que se acordó con el gobierno en Marzo del 2016, en la que se destaca, como primer punto, la participación de la sociedad, la experiencia cuando del cese al fuego bilateral de 100 días en Octubre del 2017, la bilateralidad como elemento rector, la construcción como sociedad de una agenda común de paz y otras más.
Pero asumimos que el nuevo modelo de negociación no esta aún resuelto, sino que esta en construcción y que en la misma tienen participación todas las fuerzas populares, todos quienes estamos por los cambios y la sociedad entera. Todos, sin exclusiones tenemos aquí la palabra.
Notas
[1]. Uno de los estudios más reconocidos sobre la violencia de esos años, es el libro “La violencia en Colombia”, publicado en dos tomos, de la autoría de Monseñor Guzman, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna.
[2]. Documental el Baile rojo sobre la UP. 2003 y Luchas, resistencias y genocidio del Movimiento !A luchar!. Diego Fajardo. Universidad Nacional. 2017
[3]. Ver registros de INDEPAZ
[4]. Registros de INDEPAZ y de la ong Temblores
[5]. Ver los principales medios de comunicación del país en esas fechas
[6]. Revista Izquierda. Colombia. #s89 a 93
Aureliano Carbonell, Delegado en los acuerdos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano