Tras la detención de Néstor Salvador, los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores Óscar Reina, Diego Cañamero y Manuel Rodríguez pueden ser los siguientes. Dos patrullas de la Guardia Civil acudieron ayer al Campamento por la Libertad de Andrés Bódalo a detener a estos sindicalistas en busca y captura por la expropiación de material escolar […]
Tras la detención de Néstor Salvador, los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores Óscar Reina, Diego Cañamero y Manuel Rodríguez pueden ser los siguientes. Dos patrullas de la Guardia Civil acudieron ayer al Campamento por la Libertad de Andrés Bódalo a detener a estos sindicalistas en busca y captura por la expropiación de material escolar en un Carrefour. De momento, aún no han sido detenidos.
«Han ido a detenernos al Campamento por la Libertad de Andrés Bódalo. Pero no lo han conseguido porque veníamos de camino para reunirnos con el Defensor del Pueblo Andaluz a Sevilla, por la Libertad de Andrés Bódalo, donde nos encontramos ahora mismo. Seguramente nos detendrán al salir», escribía en su perfil de Facebook ayer por la mañana Óscar Reina, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
Fuentes del SAT han confirmado que las dos patrullas de la Guardia Civil que se presentaron en la mañana de ayer en el campamento tenían la intención de detener tanto a Reina como a Diego Cañamero, responsable institucional del sindicato, y Manuel Rodríguez, responsable de finanzas, en relación a la causa abierta contra ellos por la expropiación de material escolar realizada en un Carrefour de Sevilla realizada el 30 de agosto de 2013.
Por esta misma causa, ayer fue detenido en Madrid, cuando se disponía a tomar un autobús, el secretario de coordinación nacional de este mismo sindicato, Néstor Salvador, que pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad a las 15h30 ese mismo día.
En todos los casos, los sindicalistas se han declarado insumisos judiciales, es decir, se niegan a acudir a las citaciones judiciales al considerarlas injustas y basadas en una campaña política de represión. En una entrevista realizada a Óscar Reina hace escasos días, éste explicaba a Diagonal sobre esta estrategia de desobediencia civil: «Es una injusticia que tengamos que declarar por ocupar fincas pacíficamente o por parar desahucios, así es que no nos presentamos ante citaciones judiciales». «Es una herramienta -añadía Reina- para denunciar que no creemos en esta forma de hacer justicia por algunas élites que no se guían por los derechos fundamentales, sino por otros intereses más oscuros».
Tanto Diego Cañamero como Óscar Reina y Manuel Rodríguez se encuentran en busca y captura, al igual que lo estaba Néstor Salvador, por haber expropiado en un Carrefour diez carros cargados de material escolar, que entregaron a familias sin recursos. Anteriormente, en el año 2012, unos 200 militantes del SAT también realizaron varias expropiaciones de alimentos en supermercados de Mercadona y Carrefour en Andalucía para entregar igualmente a familias en dificultades.
Además, estos cuatro sindicalistas han estado participando en las últimas semanas en el pueblo de Jódar en el Campamento por la Libertad de Andrés Bódalo, histórico sindicalista del SAT y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de dicha localidad, encarcelado el pasado 30 de marzo acusado de agresión al teniente de alcalde en el contexto de luchas relacionadas con la campaña de vendimia en la localidad. Desde entonces, el sindicato ha realizado distintas manifestaciones y acciones pidiendo la libertad de Bódalo, además de un campamento permanente en el que se mantiene diariamente una media de entre 50 y 60 personas. El SAT ha lanzado también una campaña de firmas pidiendo el indulto del sindicalista, que ha sido firmada hasta ahora por más de 11.000 personas, y prepara una marcha que partirá el 1 de mayo hacia Madrid «para pedirle el indulto a Rajoy directamente».
Por acciones reivindicativas como las expropiaciones, ocupaciones de tierras de terratenientes o la realización de acciones y piquetes sindicales, los activistas del SAT acumulan multas que se acercan al millón de euros y tienen 657 represaliados para los que se piden penas que en conjunto superan los 300 años de cárcel.
Al cierre de estas líneas, los tres dirigentes sindicales aún no habían sido detenidos.