Si en el mapa colombiano definimos un gran rectángulo con el Océano Pacífico al occidente, los Andes occidentales al oriente, la frontera con Ecuador al sur, y las cuencas medias del San Juan y del Baudó al norte, nos encontramos no solamente ante el territorio con mayor concentración de población afro en Colombia, sino también con el área de mayor densidad de cultivos de coca para uso ilícito en el mundo. Un estimado del área sembrada de coca para cocaína en el andén pacífico y la cordillera occidental puede estar cerca a las 140,000 ha, lo que equivale a 2/3 de las siembras colombianas y al 45% del cultivo global para producir cocaína.
¿Qué relación tiene esta cifra con el 169 aniversario de la abolición de la esclavitud?
En el conjunto del litoral pacífico del continente americano, desde el estrecho de Magallanes hasta Alaska, los 1600 km de costa colombiana constituyen el área más atrasada. En contraste, es sintomático que la inversión pública en el pacífico colombiano se concentre sólo en dos ítems: el puerto de Buenaventura y la carretera que lo conecta con el interior del país. Estas inversiones no logran lo que supone la doctrina neoliberal: ni siquiera llegan a “derramar” beneficios sobre la ciudad que alberga al puerto, donde -sin entrar a detallar los puntos que gestaron el paro de hace 3 años- a manera de ejemplo y en época de pandemia, los dos únicos hospitales adolecen de personal y dotación.
Muy al contrario de la teoría del derrame, estamos ante una suerte de colonialismo interno. Desde el prisma del país central, que involucra Bogotá y el área de concentración empresarial de Medellín hasta Cali, pasando por el eje cafetero, sólo se valoriza al Pacífico, porque viabiliza el comercio exterior y sólo importa el puerto y su conexión, porque a través de esa “manguera” se extraen las materias primas que exportamos y entran los bienes que importamos. Las condiciones de vida de los 400 mil habitantes de Buenaventura o del millón y medio de todo el pacifico, devienen estorbo para la lógica de eficiencia portuaria y comercial, una molestia colateral para el centralismo que rige la planeación del desarrollo colombiano.
En el municipio caucano que colinda al sur con Buenaventura, López de Micay, existe un alto riesgo de enfermarse y morir porque su “hospital” no alcanza el nivel de un puesto de salud en Bogotá, y sacar al enfermo hasta el puerto requiere 6 horas, siempre y cuando alcance la única lancha diaria que realiza ese tránsito. En contraste a la inexistencia de Estado, en todo el rectángulo descrito arriba, habemus coca.
El abordaje racista tradicional diría “negros tenían que ser”, como antes respecto al mambeo decían “cosa de indios”. No sobra recordar, que entre racismo y prohibición de las drogas existe un maridaje histórico: en 1910, al gestarse en USA la primera ley prohibicionista se recurrió a mentiras racistas, como aquella del comisionado anti-drogas Hamilton Wrigth, quien afirmaba que «estaba demostrada su conexión directa -de la cocaína- con el delito de violación de blancas por los negros del Sur».
En la Colombia del siglo XXI, crecieron los cultivos de uso ilícito en el Pacifico, gracias a desplazamientos masivos generados por la aspersión aérea de glifosato en el Putumayo y el Caquetá. Debemos preguntarnos ¿cuáles son las condiciones de este territorio que lo hicieron tan competitivo para el cultivo y la transformación ilegal? Primero lo evidente, la ventaja comparativa de estar en el litoral oceánico, la única zona donde se puede integrar toda la cadena productiva: cultivo, proceso y exportación. En segundo lugar, algo que normalmente se oculta pero que realmente tiene más peso que la ubicación geográfica: el atraso socioeconómico, el aislamiento y el abandono por parte del Estado colombiano, crean las condiciones idóneas para el florecimiento de un cultivo de uso ilegal, como la coca.
Ya vimos las dificultades para sacar un enfermo desde los ríos del pacífico, si esto lo vemos desde la óptica productiva, es prácticamente imposible sacar al mercado productos legales desde las selvas del litoral, tanto por sus bajos precios, como por la dificultad de transportar sus altos volúmenes. En contraste, la introducción del cultivo de coca para uso ilegal solucionó esta situación, la hoja de coca procesada merma su peso en más de 500 veces, lo que viabiliza su transporte fluvial y marítimo, y el producto tiene mercado garantizado. Subrayemos que esto sólo es viable gracias al atraso al que tienen sometido al Pacífico los gobiernos que desde Bogotá juegan el rol de metrópoli colonial, es decir, gracias a la continuidad de la segregación racial, 17 décadas después de la abolición de la esclavitud.
Las familias campesinas afro-colombianas, indígenas y mestizas, hoy siguen viviendo el riesgo de la ilegalidad cultivando coca, a cambio de la estabilidad del mercado de su producto ilegal, la pasta básica de cocaína y esto solo es posible porque no existen alternativas económicas. Pero no sólo estabilidad comercial trae el mercado ilegal, en toda la periferia cocalera y en especial en el Pacifico, las últimas 2 décadas han visto fluir ríos de sangre campesina, ejecutados por los poderes facticos que se nutren del narcotráfico, por ejemplo, Tumaco donde se produce más cocaína en el mundo, también es el municipio más militarizado, lo que curiosamente no impide el poder factico de 17 bandas narcotraficantes que esclavizan a la población.
Para revertir este escenario, se necesita desarrollar al litoral y al campo colombiano, así que en el Pacifico las inversiones no se pueden concentrar en el puerto y la carretera, tienen que abarcar toda la inclusión social, y además crear vías fluviales e industrias rurales que viabilicen económicamente los productos legales alternativos. En el Pacífico, esto equivaldrá a erradicar el racismo de la sociedad y la economía, así como la erradicación del colonialismo interno en el Estado colombiano.