El 09 de Enero de 2016, alrededor de las 06:35 en el kilómetro 88 de la ruta R-86 que une las comunas de Angol con Los Sauces, en el cruce Huequén, se produjo un accidente de tránsito con terribles consecuencias. Nueve personas fallecidas y un herido grave. Las identidades corresponden al conductor Rodrigo Zambrano Flores […]
El 09 de Enero de 2016, alrededor de las 06:35 en el kilómetro 88 de la ruta R-86 que une las comunas de Angol con Los Sauces, en el cruce Huequén, se produjo un accidente de tránsito con terribles consecuencias. Nueve personas fallecidas y un herido grave.
Las identidades corresponden al conductor Rodrigo Zambrano Flores (32), Fernando Canío Cuitiño (17), Aldo Pérez Sepúlveda (20), Bhayron Díaz Muñoz (19), Segundo Muñoz Alarcón (64), Nicolás Bravo Flores (18), María Garrido (33), Daniela Retamal (35) y Bárbara Henríquez de 17 años, quien deja a un niño de 1 año. La única sobreviviente de la tragedia, identificada como Madeleine Vallejos Muñoz (17), se encuentra hospitalizada en el Hospital de Angol y sería trasladada hasta el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.
No se trata de un hecho extraordinario, que se produce una vez en un millón y que por lo mismo es impredecible.
Es algo habitual, que deja al descubierto la soterrada «trata de personas» común en el trabajo de temporada y que no solamente se produce en el agro, sino también en el turismo, comercio y otros sectores que ven aumentadas sus ventas en fechas especificas (semana santa, fiestas patrias y de fin de año), todo avalado por normas legales como el subcontrato, trabajo de tiempo parcial y otras, que se dictaron para posibilitar la explotación de trabajadores en extenuantes jornadas y sin fiscalización de ningún tipo. Lamentablemente y una vez mas los que pagaron un alto precio por intentar llevar recursos económicos a sus hogares fueron los trabajadores.
Hace mucho tiempo que venimos denunciando esta «nueva esclavitud». Un proceso de explotación de la fuerza de trabajo humano, avalado por las autoridades políticas del país, en cuanto no se hace ningún esfuerzo por fiscalizar el mínimo cumplimiento de normas legales en procesos productivos o de servicios, donde por algunas monedas al día miles de individuos cumplen labores sin ninguna protección.
Quienes fallecieron en este accidente carretero eran personas que se ganaban la vida cosechando arándanos, y por las informaciones hasta ahora entregadas que los medios de comunicación han evitado difundir, lo hacían en la más absoluta indefensión. Tomemos nota los dirigentes sindicales y los trabajadores:
– No hay constancia total de que existieran contratos de trabajo y ni siquiera se tiene certeza de quien es en definitiva el empleador.
– Se desconoce si se les dotaba de los mínimos elementos de protección en el trabajo y sí disponían de uniformes y calzado adecuado a las labores que realizaban.
– No se sabe el horario de trabajo diario, pero ciertamente tiene que haber superado las 45 horas semanales distribuidas en 5 o 6 días, desconociéndose la existencia de algún mecanismo de control horario.
– A lo menos 3 de los afectados eran menores de edad, pero no se sabe si contaban con las autorizaciones que demanda la ley y si estas fueron exigidas por el patrón.
La Seremi del trabajo regional, la dirección nacional y la ministra del trabajo han informado con posterioridad a los lamentables hechos que se va a fiscalizar el cumplimiento de las leyes, sin que hasta el cierre de este Pulso se tenga certeza si tal cuestión se efectuó y las sanciones aplicadas al negrero, si es que se lograron determinar las violaciones a la legislación.
No se necesita una bola de cristal ni facultades especiales para afirmar desde ya, que poco o nada cambiarán las condiciones laborales para los miles de temporeros y subcontratados. Lo que está claro es que solo se volverá a hablar de esta nueva esclavitud, cuando uno o mas trabajadores sufran accidentes graves y/o fallezcan porque no se cumple con la deficiente legislación laboral.
Hay otros hechos que nos deben llamar la atención y remecernos en nuestra gestión como dirigentes. No ha trascendido ninguna declaración de parte de las organizaciones de trabajadores, menos la exigencia de investigación rápida y resolutiva. ¿Es que no existen organizaciones sindicales en la agro industria?
Datos a los que hemos accedido indican que en el sector existen 43 sindicatos de empresa, 25 Interempresas, 95 independientes, 11 federaciones. Suponemos que también más de una Confederación en el sector y sin embargo hasta ahora lo que más hay es silencio. Tampoco dijeron nada las Centrales sindicales, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las múltiples organizaciones defensoras de la vida, partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, sin importar si son continuistas o revolucionarias. Y es que se trata de la defensa de la vida.
Nada más pero nada menos que eso.
En caso alguno la crítica nos excluye a los que tenemos a la clase trabajadora como eje de nuestro actuar. Poco o nada hemos dicho sobre este accidente atroz y los costos de vida humana que implicó y eso no puede volver a pasarnos.
Esta desgracia carretera deja al desnudo la pobre gestión gubernamental apoyada por el sindicalismo oficialista, en cuanto reformas laborales reales y efectivas al Código del Trabajo, reformas que efectivamente tomen en consideración los dramas diarios a los que están enfrentados los millones de trabajadores no organizados, y que no podrán organizarse ni negociar colectivamente con los cambios que se promueven.
Y ojo que no solo se requiere de leyes claras sino también reglamentos rigurosos, que por la vía del riguroso castigo obliguen al patrón a respetar a quien contrata.
En lo que están discutiendo no se considera la obligación del pago de locomoción y de colación por día trabajado, como no se considera el termino de la polifuncionalidad.
Es que acaso se requieren reformas para establecer un ingreso mínimo digno, que es mucho mayor en su monto que los miserables $ 250.000 que rigen desde el 01 de enero de este año. No se puede ni debe olvidar que temporeros, part time, full time y otros, reciben su pago en función del ingreso mínimo.
Las reformas laborales debieron considerar la obligatoriedad de la entrega de uniformes y calzado adecuado desde el día uno que se comienza a trabajar para un empleador, derecho a sala cuna sin número de trabajadoras por empresa y gratificación garantizada.
Mientras no se consideren estas cuestiones básicas seguirán arriesgando su vida millones de trabajadores.
El pesar de nuestra organización a los familiares de cada una de las victimas.
Momento preciso para reiterar la exigencia de real justicia (y no solo compensación económica o pensiones de gracia pues son insuficientes y no reparan el daño) para los casos de Rodrigo Cisternas, Juan Pablo Jiménez, Nelson Quichillao y muchos otros, que perdieron la vida trabajando y a quienes aún no se les hace justicia.
Castigo para quienes abusan indiscriminadamente de los trabajadores, protegidos por una legislación deficiente, es lo menos que podemos demandar en esta hora triste.