El bombazo del pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, no sólo destruyó un estacionamiento de cinco pisos, sino que hizo volar por los aires el proceso de diálogo entre el gobierno español y ETA. De inmediato, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció su suspensión, al considerar que […]
El bombazo del pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, no sólo destruyó un estacionamiento de cinco pisos, sino que hizo volar por los aires el proceso de diálogo entre el gobierno español y ETA. De inmediato, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció su suspensión, al considerar que era absolutamente incompatible con el alto al fuego permanente decretado por la organización separatista vasca el 22 de marzo.
El Estado español regresa así a un clima de violencia e incertidumbre que desapareció durante nueve meses. Apenas seis años después de la ruptura de la tregua indefinida de 1998, un nuevo cese de hostilidades violentas se esfumó.
Lo cierto es que, antes de que ETA detonara esta bomba, el diálogo se encontraba estancado. El pasado 17 de agosto, el periódico Gara , publicó un comunicado en el que la organización separatista indicaba que, a cinco meses de haber declarado unilateralmente el alto al fuego, el proceso «estaba inmerso en una crisis evidente».
Apenas a mediados de diciembre se efectuó una reunión entre tres representantes del gobierno español y dos de ETA. La organización independentista objetó el incumplimiento gubernamental de los compromisos previos a la declaración del alto al fuego. Reprochó las trabas que la izquierda abertzale tiene para hacer política legal, la actitud de varios jueces en relación a integrantes de ETA y Batasuna y nuevas detenciones. El gobierno cuestionó el resurgimiento de la violencia callejera y el robo de 350 armas de una armería francesa. Quedó en el aire el futuro de casi 500 separatistas presos, muchos de ellos en cárceles muy lejos de donde viven sus familiares.
Los nueve meses de alto al fuego transcurrieron entre continuos pulsos. Apenas cinco meses después de iniciado parecía ya encontrarse en un callejón sin salida. El gobierno socialista, amarrado por sus sectores menores proclives a una negociación, la presión del Partido Popular y su propia indecisión, se negó a dar pasos hacia delante. El grave peligro que este impasse representaba para el proceso fue claramente advertido por distintas personalidades involucradas en la negociación de procesos de paz en Sudáfrica e Irlanda del Norte.
ETA dista mucho de haber sido derrotada. Desde hace muchos años, ha mostrado enorme talento para reponerse de los golpes represivos. Su capacidad para renovar sus mandos es notable. Tiene indudables simpatías y apoyos en una parte de la sociedad vasca, que puede llegar hasta 10 por ciento del electorado. Cuenta con nuevos comandos integrados por jóvenes no fichados, financiamiento, equipo logístico, automóviles, placas de automóvil, documentos de identidad y equipo para falsificarlos, y armamento. Según el diario El País (31 de diciembre de 2006), «París atribuye a ETA plena capacidad operativa». No hay, pues, a corto y mediano plazos, posibilidad de derrotar a la organización separatista con acciones policiales.
Aunque Batasuna ha declarado que el proceso no está roto y que es necesario estabilizarlo, es difícil suponer que así será. Reconstruir en el corto plazo las relaciones que lo hagan factible va a ser muy complicado. Ciertamente, cabe la posibilidad de que el bombazo no implique desde la lógica de ETA la ruptura definitiva de la tregua, sino un drástico aviso de que el tiempo se está acabando. Sin embargo, será muy difícil que desde el clima de animadversión creado por la acción terrorista, haya condiciones para la reanudación del proceso.
El fin del diálogo representará el inicio de una nueva etapa de crispación política. La derecha española, tan cercana anímicamente a la mexicana, ha hecho de la cuestión vasca, una herramienta formidable para fortalecerse. Durante años, el terrorismo vasco le ha venido como anillo al dedo para poner en marcha una política de miedo, que inhibe el despliegue de acciones progresistas y hace muy difícil el desenvolvimiento del pensamiento crítico.
Los procesos de diálogo entre gobiernos y movimientos armados no anulan los conflictos, pero crean un terreno distinto para que se expresen. La mutación del espacio militar al político no puede lograrse sin concesiones de ambas partes. La renuncia de una organización a la acción armada sólo puede provenir de la convicción de que para la obtención de sus objetivos es mucho más costoso seguir por esa vía que inscribirse en una apuesta claramente política. Cuando, sin estar derrotada, se pretende que se inserte en el mundo institucional sin obtener nada a cambio, en los hechos se le está diciendo: ríndete. Pareciera ser que eso es lo que se quiso hacer con los separatistas.
El gobierno de Rodríguez Zapatero logró que ETA decretara un cese el fuego y se sentara a dialogar. Mantuvo durante los primeros meses su disposición a encontrar una salida negociada, a pesar de todos los intentos de sabotear el proceso provenientes de la clase política. Consiguió, pues, lo más difícil, pero perdió el impulso negociador original y la iniciativa, negándose a hacer un solo gesto en favor de la distensión.
El reinicio de la violencia terrorista en España es una mala noticia para todos los que apuestan a cambiar el mundo de manera pacífica. Criminalizar la disidencia política y social será ahora más fácil de lo que ya es. La paz parece haber perdido una gran posibilidad.