La reforma laboral del gobierno de Moreno podría echar más leña al fuego al crear aún más incertidumbres en un mundo laboral débil. Así, a más de dejar una cifra trágica e indignante de miles de fallecidos por COVID-19, la herencia histórica de una agenda neoliberal que va imponiéndose por años y el manejo indolente de la crisis por parte del gobierno ha llevado al límite una cruda incertidumbre: morir por un virus que ha desnudado las contradicciones de nuestra “civilización capitalista” o morir por el hambre y la indiferencia causadas por el desempleo.
“¿no es más desesperante la incertidumbre de no ser en el futuro, a la certidumbre de no haber sido en el pasado?”
–Marqués de Sade
La crisis civilizatoria provocada por las contradicciones del capitalismo global ha alcanzado un nuevo nivel a causa de la pandemia del COVID-19. A más de la tragedia humanitaria que implica la muerte de miles de personas en el mundo, el momento se complica con la consolidación de una nueva crisis económica global de dimensiones mayores a la crisis financiera internacional de 2007-2009. Esta nueva crisis económica trae consigo el surgimiento de nuevas incertidumbres que dominan tanto a escala mundial como a lo más cotidiano de la vida humana. Quizá una de las incertidumbres que más destaca es laboral. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis del coronavirus podría destruir hasta 305 millones de empleos a escala mundial. Por su parte, solo en abril de 2020 en Estados Unidos se habrían perdido 20,5 millones de empleos, una de las pérdidas más altas luego de la Gran Depresión. A su vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en los próximos meses el número de desempleados en Latinoamérica podría llegar a 37,7 millones de personas.
Evidentemente tal incertidumbre laboral generalizada también se refleja en Ecuador: según declaraciones gubernamentales, en el país se podrían perder – al menos – unos 508 mil empleos, mientras que 233 mil personas pasarían a la informalidad. Por cierto, tal estimación podría quedar corta ante una realidad en donde la pérdida de empleos se vuelve común: a inicios de mayo de 2020 el ministerio del trabajo indicaba que ya se habrían desvinculado de sus empleos a 66.400 trabajadores, mientras que entre febrero y abril de 2020 el número de empleados privados afiliados a la seguridad social se habría reducido en más de 108 mil personas. A todas estas cifras se debería agregar futuros despidos a causa de ajustes del presupuesto público (como el recorte abrupto y nada planificado sobre las universidades), a más de varias pérdidas de empleos en el sector informal, así como la quiebra de múltiples negocios pequeños que, casi seguro, quedan fuera de las estadísticas y estimaciones oficiales.
Sin embargo, haciendo un poco de memoria, cabe destacar que la tendencia al grave deterioro laboral ya se estaba viviendo en Ecuador desde hace algunos años atrás. Según las encuestas de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mientras que en diciembre de 2014 el 49,3% de la población económicamente activa (PEA) tenía un empleo adecuado (básicamente, un empleo con salario mayor al básico), en diciembre de 2016 la proporción cayó 8,1 puntos porcentuales, llegando al 41,2%. Luego, a diciembre de 2019 (último dato disponible al momento) la tasa de empleo adecuado llegó a 38,8% (caída de 2,3 puntos porcentuales respecto a 2016).
Es decir, ya desde 2016 el Ecuador se ha mantenido estancado en sus peores niveles de empleo adecuado registrados en los últimos casi quince años. Tal deterioro en el mundo laboral del país aproximadamente coincide con el estancamiento económico que vive el Ecuador desde 2015: basta recordar que el ingreso por habitante entre 2015-2019 se ha mantenido fluctuando alrededor de los 6.300 dólares anuales. Por tanto, se podría plantear casi con certeza que la crisis del coronavirus ha dado un golpe fatal a un país que ya vivía media década perdida en términos económicos y de empleo; una realidad frustrante y que llena de rabia más cuando se recuerda que, previamente, el Ecuador vivió una década desperdiciada de manos del correísmo.
Si bien el mundo laboral ecuatoriano posee problemas estructurales históricos (por 1950 ya había estimaciones de la CEPAL de que el subempleo en el país afectaba al 50% de la PEA), los problemas se agravan. Tanto la década desperdiciada, el retorno de Correa al neoliberalismo, la consolidación neoliberal alcanzada con el gobierno de Moreno, y las reformas laborales que en ambos períodos se han implementado paulatinamente, crearon las condiciones para que ahora la crisis del coronavirus exacerbe al extremo las incertidumbres laborales. Ya desde 2016 los empleos se deterioraban, los pequeños negocios cerraban o disminuían gravemente sus ventas, y alcanzar un empleo estable se volvía casi una hazaña. Ahora, en 2020, cada día se escucha de nuevos despidos tanto en el sector privado como público, múltiples empleados plantean a los trabajadores la reducción drástica de sus sueldos, y hasta las estadísticas de empleo del INEC temporalmente han sido afectadas por el coronavirus: incertidumbre laboral por donde se vea.
En un mundo cargado cada vez de más incertidumbres, es urgente crear certezas. Al menos ese ha sido el objetivo en varios rincones del planeta, donde se intenta enfrentar la crisis económica del coronavirus con medidas donde se nota cuán crucial puede ser el rol del Estado justamente para crear esas certezas. Aquí podemos incluir las propuestas de expansión y estímulo fiscal para evitar pérdidas de ingresos y de empleo, hasta la propia recomendación del FMI de aplicar impuestos sobre el patrimonio. Como seña un estudio del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR por sus siglas en inglés), para enfrentar la crisis económica del coronavirus, hay que “actuar rápido y hacer todo lo que sea necesario”. Sin duda estas medidas siguen cayendo dentro de una lógica que busca parchar a un sistema capitalista mundial cuyas contradicciones solo acabarán con la caída del propio sistema, pero son urgentes sobre todo para evitar que la crisis económica genere más víctimas mortales que la propia pandemia.
Ese tipo de medidas y mensajes urgentes y certeros son clave en estos momentos inciertos. Sin embargo, en el caso ecuatoriano el rumbo parece ir en sentido contrario. En concreto, el gobierno de Moreno – que, más allá de los discursos, ha acelerado la senda neoliberal que ya dejó marcada el correísmo en especial desde 2014 con su retorno al FMI – no parece dispuesto a crear certezas a las clases trabajadoras del país. Al contrario, el gobierno apunta hacia una drástica reforma laboral que más bien va a aumentar aún más las incertidumbres. Más allá de los detalles de esa reforma (que aún están por definirse), el espíritu es claro: se busca instaurar un período limitado de tiempo en donde los esquemas legales que rigen las relaciones laborales sean reemplazados por un sistema de “acuerdos entre privados”, en donde empleadores y trabajadores “libremente” podrían renegociar su relación laboral para “sostener” el empleo. Semejante propuesta del gobierno viene inspirada de un discurso neoliberal que ha planteado la máxima de que “la realidad ha rebasado a la legalidad” (por cierto, llama la atención que los neoliberales recién se den cuenta de que, en el sistema capitalista mundial, la realidad siempre rebasa a la legalidad).
En el mundo laboral existen claras asimetrías de poder. El propio Adam Smith entendería que, en la pugna entre trabajadores y patrones, estos últimos tienen las de ganar. Semejante asimetría de poder (estudiada a profundidad por Samuel Bowles y Herbert Gintis, por ejemplo) vuelve aún más incierto el posible resultado que surja en un mundo laboral donde los “acuerdos” reemplazan a la “legalidad”. Se podría estar dando un salto hacia un régimen en donde lidere la ley de la selva.
Además, en un mundo donde la amenaza del desempleo es creciente (gracias a un “ejército laboral” cada vez más amplio), ¿cómo se puede evitar que, en la práctica, los patronos impongan casi cualquier condición a los trabajadores? Esta pregunta es aún más dura cuando se nota que, incluso con la “legalidad” vigente, el país ya registra despidos abusivos y hasta ilegales.
En resumen, el espíritu de la reforma laboral planteada por el gobierno de Moreno podría terminar echando más leña al fuego al crear aún más incertidumbres en un mundo laboral demasiado débil e incierto. Así, a más de dejar una cifra trágica e indignante de miles de fallecidos, la crisis mundial del COVID-19, la herencia histórica de una agenda neoliberal que va imponiéndose por años, y el manejo indolente de la crisis por parte del gobierno, ha llevado al límite una cruda incertidumbre: morir por un virus que ha desnudado las contradicciones de nuestra “civilización capitalista” (peor en la periferia), o morir entre el hambre y la indiferencia causadas por el desempleo (o por un empleo miserable).
Ante ello, no
queda sino a los sectores populares crear sus propias certezas. Y quizá una de
esas certezas es que, para evitar una derrota histórica (que podría
consolidarse incluso por el propio distanciamiento social empleado desde los
estados para enfrentar la pandemia del COVID-19), hay que reinventar con
urgencia la lucha social.-
John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano.