En un inusual acto de sinceramiento político, el senador DC Jorge Pizarro ha reconocido que «el grave problema que hemos tenido durante este gobierno es que nuestro partido, mi presidente de partido de la época (Ignacio Walker), firmó un programa en el que no estábamos totalmente de acuerdo»(1). Como dicen los abogados, a confesión de […]
En un inusual acto de sinceramiento político, el senador DC Jorge Pizarro ha reconocido que «el grave problema que hemos tenido durante este gobierno es que nuestro partido, mi presidente de partido de la época (Ignacio Walker), firmó un programa en el que no estábamos totalmente de acuerdo»(1). Como dicen los abogados, a confesión de parte relevo de pruebas.
En 2013 la vieja Concertación, agotada, en medio de su vergonzante travesía fuera del gobierno, y deslegitimada ante una ciudadanía que empezó a autorrepresentar sus demandas por medio de movilizaciones masivas y constantes, decidió hacer un giro táctico.
De allí que la conformación de la Nueva Mayoría no se presentó solamente como una ampliación hacia la Izquierda de la Concertación. Fue también la asunción de un nuevo programa, que al menos en sus objetivos formales asumía las expectativas postergadas desde 1990: nueva Constitución, educación gratuita y fin al lucro, cambio al sistema previsional, descentralización, despenalización del aborto, reforma tributaria, fin al binominal, etc. Estas demandas fueron apoyadas por más del 60% de los electores. Todos los estudios independientes muestran que la base electoral de los partidos de la Nueva Mayoría apoya hasta hoy este programa de forma categórica y transversal, sin fisuras. Y que una amplísima base social, más allá de la Nueva Mayoría, se identifica con estas demandas y aspira a cambios rápidos y radicales en estas materias. Sin embargo este respaldo programático se invierte totalmente en la medida en que se asciende en la jerarquía política y financiera del país.
Recordemos los datos del PNUD 2015: «Un 66% de los ciudadanos y un 38% de la elite consideran que son necesarios cambios profundos en la Constitución. Se manifiesta en la opinión sobre el peso del Estado, donde desde salud hasta pensiones la mayoría de los chilenos considera que el Estado debe encargarse y sólo piensa de esa manera una minoría de la elite… Un 43% de la elite política y un 68% de la elite económica, cree que si se implementan cambios profundos, el país puede vivir situaciones de alta polarización social; mientras sólo un 25% de los ciudadanos lo considera factible»(2). De allí que el PNUD advirtiera que si no se reconstruía el vínculo elite-ciudadanía «es posible que se repita algo que ya ocurrió en la década pasada».
¿Qué ocurrió en esa década? El mismo analista del PNUD lo recuerda: «El Informe de Desarrollo Humano 2004 mostraba una elite que no se sentía para nada amenazada. A los pocos años apareció inesperadamente el movimiento ‘pingüino'». Y desde 2006 ya nada fue igual: la deslegitimación general de las elites políticas y económicas, la desafección ante los cauces representativos de las demandas sociales, la desconfianza en los partidos tradicionales, el auge del abstencionismo electoral, la masificación y cronificación de los estallidos de protesta. Y a la vez la absoluta ceguera, sordera y mutismo de las elites ante este nuevo contexto.
LA IZQUIERDA BUDISTA
El giro táctico de las elites concertacionistas en 2013 intentó un diálogo apresurado y desesperado con este problema. Presuponía que ampliando hacia la Izquierda la composición de la Concertación y firmando un nuevo programa electoral se podría recuperar mecánicamente la confianza perdida. Efectivamente, el giro táctico de 2013 supuso un dilema importante para la ciudadanía movilizada. Para los dirigentes sociales y las izquierdas más institucionalizadas, como el PC, rechazar esa oportunidad significaba quedar en evidencia como partidos sin voluntad de pactar, sin capacidad de gestión gubernamental, y condenados a ser eternamente una oposición minoritaria. Para los movimientos sociales rechazar la oportunidad que ofrecía la NM presuponía asumir que sus demandas eran técnicamente inviables, o que constituían un programa irrealizable a corto y mediano plazo. Por ello una parte significativa de ambos sectores asumieron el riesgo de apoyar más o menos explícitamente a Michelle Bachelet en su retorno a La Moneda.
Pero a pesar de ello la parte mayoritaria de la ciudadanía no confió en la oferta de la NM. Si algo expresó el 50% de abstención en las elecciones de 2013-14 es que la desconfianza de la base social era mucho más fuerte y arraigada que el nuevo apoyo político que logró la escuálida Concertación en ese momento. Una desconfianza que lamentablemente se ha visto confirmada como lúcida y preclara en la medida en que el programa prometido ha sido recortado desde el primer día del gobierno, y con la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior en mayo de 2015, reducido de forma grotesca a una caricatura de sí mismo.
Durante estos dos años de gobierno el PC y la izquierda dentro la NM ha tenido que dejar de leer a Marx, o cualquier pensador crítico, y sumergirse en la filosofía de Buda, y aprenderse las «Cuatro nobles verdades», que sostienen que «el origen del sufrimiento es el anhelo» y que «el sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa». De esta forma, la izquierda budista de nuestros días ha ejercitado todo tipo de yoga político para morigerar y reprimir todos sus anhelos. Pero como decía Freud «lo reprimido se sintomatiza» y se convierte en patologías sicosomáticas, esquizofrenias, paranoias, alucinaciones y otras formas insanas de conducta que alteran la percepción de la realidad.
LA RESTAURACION CONCERTACIONISTA
Agotado el capital legitimador del giro táctico de 2013, tanto por el derrumbe del liderazgo personal de Michelle Bachelet como también por el desencanto general ante el curso frustrado de las principales reformas prometidas, la elite política concertacionista ha emprendido una táctica de «fuga hacia adelante», negando su responsabilidad en el curso de los acontecimientos e intentando hacer pagar a la Izquierda y a los movimientos sociales el costo por la crisis de representatividad y legitimidad que afecta al sistema político.
Como la mejor forma de defensa es el ataque, el candidato Ricardo Lagos ha postulado que «esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile», obviando sus propias responsabilidades en esa crisis. Frente a la debacle de la popularidad gubernamental, su propuesta es el regreso a la política de acuerdos intraelitarios de los años 90: «Mi respuesta es que quienes lo deben hacer son los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, los jueces», ha definido Lagos. Y ese mismo mensaje es el que junto a Eduardo Frei le fue a dejar a la presidenta Bachelet en La Moneda, luego de su anuncio de reforma previsional: «Es muy importante que en este momento de un clima de descalificación y desconfianza en el país, haya un espacio para entenderse con temas que trascienden un gobierno y que va a permitir un punto de inflexión para nuevas conversaciones y actitudes, cambiar un poco este clima», declaró Eduardo Frei. Bajo la idea de «acuerdo», «diálogo», «entendimiento» en realidad se trata de decir algo muy distinto a lo que esas palabras connotan. Se oculta otra cosa: la trama de un nuevo pacto transicional, que excluya de la mesa de negociación las demandas sociales y que estabilice el país, por lo menos por los próximos diez o veinte años.
¿EL FIN DE LA NUEVA MAYORIA?
Para lograr el nuevo pacto transicional Jorge Burgos ha ofrecido la receta: sostiene que la Nueva Mayoría «termina con este gobierno» ya que la influencia del PC «no le hace bien al país… el país se ha descarrilado; hay que ponerlo otra vez en la vía, en la vía del crecimiento». Al decir PC en realidad no se refiere solamente al Partido Comunista. Para cualquier observador es claro que su influencia en este gobierno no ha sido definitoria, al no tener ningún ministro en el comité político ni en el área económica. A lo que apunta Burgos es a la mera presencia de una Izquierda «no confiable» para el capital en la mesa de conversación. Y esa Izquierda política y social se ha metido en la «cocina» de las decisiones desde 2011 en adelante. Más que por su propia fuerza, por la fuerza de los acontecimientos.
A la Izquierda dentro y fuera de la NM y a los movimientos sociales no se les puede achacar falta de capacidad dialógica. No se puede decir que la Confech no se haya sentado largas horas a la mesa, o que la CUT no tenga capacidad de ceder una y otra vez en su agenda. Mucho menos se puede argumentar que el PC no se haya tragado todos los sapos y culebras que se haya tenido que tragar para mantener su lealtad al gobierno. Cuando Burgos propone terminar con la NM y apunta contra la «influencia» del PC lo que busca es construir un espacio seguro, confiable para las elites, donde la mera presencia directa o indirecta de actores «no elitarios» impediría la condensación de los acuerdos. Para eso es necesario invertir el proceso de politización que ha vivido Chile desde 2006 en adelante, y negar a los actores «no elitarios» cualquier reconocimiento como interlocutores válidos e impedir que puedan aportar con algún grado de igualdad en una discusión de la que no pueden participar. En síntesis, replicar el acuerdo nacional de 1986, las negociaciones post plebiscito de 1989, y sobre todo, los acuerdos Lagos-Longueira de 2003, en respuesta al caso MOP Gate.
Por más que el PC haga todos los esfuerzos budistas por aplacar sus anhelos, por más que la CUT prolongue sus ejercicios de yoga en las negociaciones con el gobierno, por más silenciosa que sea la presencia de los actores sociales en las mesas de trabajo, lo que la elite necesita es un cuarto cerrado, una cámara oscura, un quirófano esterilizado en el cual pueda operarse a sí misma de algunos de sus tumores pero seguir viva después de ese intento. En ese cuarto oscuro el pueblo, o todo lo que huela a pueblo, estorba.
Esto no significa que la Nueva Mayoría necesariamente vaya a desaparecer electoralmente. Lo que la élite busca es algo más simple. Sacar del cuarto de reuniones a los invitados de piedra, de cualquier forma. El diputado Sergio Aguiló lo resume muy bien diciendo: «Lo que el ex presidente Lagos y su equipo de apoyo buscan, es recalcar que en su eventual futuro gobierno no habrán más reformas; que no se tocarán ni a las Isapres ni a las AFP; que su preocupación principal será restablecer una estrecha alianza con el gran empresariado para apostar al crecimiento económico. Para eso necesitan a todo el PC y a todo el PS dentro, pero de rodillas, sin exigir reformas ni cambios, por más que la ciudadanía proteste en las calles». Estar de rodillas es reducir su influencia política a lo meramente electoral.
Para Lagos, Burgos y compañía, el proyecto despolitizador consiste en volver a cercar la política y limitarla a una esfera cerrada, como sistema funcional plenamente autonomizado de los circuitos de comunicación pública. Una política recursivamente volcada sobre sí misma, y una sociedad reducida exclusivamente a los hábitos de consumo y la resignación pasiva, tal como ocurrió en los años 90. De allí que para la Izquierda el proyecto laguista se constituye hoy en el principal adversario a enfrentar. Lejos de tropezar en el argumento «miedo a la derecha que viene», hay que identificar y desenmascarar a quienes encarnan el gran proyecto neoliberal de nuestro tiempo: la vieja Concertación, el partido del orden, el partido transversal, la casta, los «dueños» de los partidos, y un sin fin de otros calificativos más obscenos o «irrespetuosos». Bien sabemos quiénes son y para quienes trabajan.
(1) La Tercera , 11 de agosto de 2016.
(2) Márquez, Rodrigo. «Chile, una élite distante» en http://desarrollohumano.cl/idh/columnas/chile-una-elite-distante/
Publicado en «Punto Final», edición Nº 858, 19 de agosto 2016.