Al Gobierno de los Estados Unidos sólo le importa su fracasada «Guerra contra las drogas» y que su Ley se aplique en territorios de otras naciones, por esto dicta órdenes para que los gobernantes colombianos retomen la erradicación forzada con Glifosato de cultivos de uso ilícito, y para que extraditen a los EEUU a los […]
Al Gobierno de los Estados Unidos sólo le importa su fracasada «Guerra contra las drogas» y que su Ley se aplique en territorios de otras naciones, por esto dicta órdenes para que los gobernantes colombianos retomen la erradicación forzada con Glifosato de cultivos de uso ilícito, y para que extraditen a los EEUU a los negociadores de paz de las desmovilizadas FARC.
Afortunadamente la posición sumisa que mantiene el Gobierno de Duque y Uribe ante el régimen de Trump, no es compartida por la mayoría de las colombianas y colombianos, muchos de ellos exigen mantener los Acuerdos de Paz y hacer valer la soberanía nacional.
El pasado 15 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que mantiene la garantía de no extradición del ex negociador de Paz de las FARC, Jesús Santrich y exigió su inmediata liberación; lo que motivó la reacción de la élite seguidora de Trump, encabezada por Duque y el Fiscal Martínez, quienes desconociendo la orden de libertad, fabricaron falsas pruebas para recapturarlo.
Ahora Duque convoca a los Partidos de su desleída coalición de Gobierno, en un intento por rehacer la cohesión del régimen a fin de reformar la justicia para poder cumplir los dictados de Trump de extraditar a Santrich.
Es centenaria la historia de las traiciones hechas por las clases dominantes a pactos firmados con el pueblo colombiano, ésta última tan descarada, que hasta el New York Times dijo el viernes pasado que «con la nación liderada por oponentes de los Acuerdos, la Paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia».
También el pasado 24 de mayo, 79 Congresistas de EEUU en carta dirigida al Secretario de Estado Pompeo le piden que presione al Presidente colombiano para que cumpla e implemente los Acuerdos de Paz firmados con las FARC.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz, según el más reciente informe de INDEPAZ han sido asesinados 135 ex combatientes y 702 líderes sociales, sólo en lo corrido de este año han asesinado 88 líderes sociales; Genocidio que demuestra la nula voluntad de las élites gobernantes en Colombia, para «sacar la violencia de la política» y transitar un camino de solución política del conflicto interno.
El negociador de paz de las FARC, Joaquín Gómez rechaza la traición de Uribe a los los Acuerdos de paz y expresa que:
«Uno de los grandes errores de las FARC fue haber negociado el proceso de paz con un Gobierno que no tiene soberanía.
Hasta que no se cambie la Doctrina de la Seguridad Nacional, van a seguir los muertos, va a continuar la impunidad y esto va en ascenso progresivo e interminable de líderes sociales, sindicalistas y todo aquel que disienta del establecimiento. Esa doctrina considera el paramilitarismo como una fuerza auxiliar para hacer los trabajos sucios que el Ejército institucional no puede hacer. Son crímenes que se están dando de manera sistemática, ellos saben lo que se está dando y no pasa nada».
A mediados de mayo Iván Márquez, el jefe negociador de paz de la FARC también dijo que:
«Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiamos en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro Comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos».
Hace dos semanas el Séptimo Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exigió:
«La implementación de los Acuerdos de Paz, las plenas garantías políticas y económicas para la reincorporación de los exguerrilleros. Solicitamos a la Corte Constitucional ratificar la decisión del Congreso de la República al hundir la propuesta del Gobierno contra la JEP y la Paz. Asimismo, instamos al Gobierno a reanudar los diálogos y el proceso de solución política con el ELN».
Es un clamor nacional «pasar la página de la guerra» y encaminar al país por una ruta de paz, democratización, justicia social y soberanía; está por consolidar un liderazgo forjado en la movilización ciudadana que haga realidad este sueño para Colombia y deje atrás los planes de guerra perpetua de Trump y Uribe.