El día 25 de enero debía celebrarse una nueva audiencia en el juicio contra los ocho dirigentes campesinos de La Marina acusados de «auxiliadores de la subversión»y de rebelión. Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey (este […]
El día 25 de enero debía celebrarse una nueva audiencia en el juicio contra los ocho dirigentes campesinos de La Marina acusados de «auxiliadores de la subversión»y de rebelión. Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey (este último de Río Blanco), han sido acusados por falsos desmovilizados, testigos a sueldo de la red de cooperantes, como parte de la persecución que se vive en las zonas de consolidación militar contra toda forma de organización del pueblo. Su juicio se basa en el testimonio de una persona sin identificar. Se les persigue, en realidad, por su oposición al proyecto hidroeléctrico de ISAGEN en el Ambeima y por su defensa de los intereses de los campesinos en la Junta de Acción Comunal y en el sindicato agrario ASTRACATOL [1].
Para los campesinos es muy difícil conseguir dinero para transportarse y poder asistir en calidad de testigos para la defensa. La pobreza que sufren es terrible, el viaje es largo (unas seis horas, a veces más), es muy caro y significa perder a lo menos dos días de trabajo. Pese a estos sacrificios, y gracias a la solidaridad internacional de compañeros allegados a los medios alternativos de Rebelión y La Pluma, así como a la Marcha Patriótica, se juntaron fondos para apoyar a los campesinos para que pudieran asistir como testigos de la defensa. Sin embargo, ese día, la Fiscal Isabel Núñez Villalba, como si nada, decidió ausentarse y sencillamente no aparecerse al juicio -supuestamente por estar enferma, pero de esto los testigos se informaron el mismo día del juicio a las ocho de la mañana, cuando todos estaban allá.
De esta manera, no solamente se prolonga la agonía de nuestros compañeros encarcelados, sino que además, se consumen los escasos recursos con el que cuentan los campesinos para su defensa. ¿Quién se hace responsable de esto? Nos preguntamos si esto consiste en una estrategia de desgaste contra las familias de los acusados.
Digamos, de paso, que mientras los campesinos son perseguidos y encarcelados injustamente, sin contar con recursos para defenderse y teniendo que incurrir en enormes sacrificios para probar su inocencia, los militares acusados de falsos positivos, de masacres y de violaciones sexuales contra niños, reciben su defensa gratuitamente por parte del Estado, gracias a los impuestos que pagan todos los colombianos, incluidas las víctimas de estos criminales uniformados. No sólo eso: mientras nuestros campesinos languidecen en mazmorras como Picaleña en Ibagué, donde sufren de malos tratos, de privaciones de agua y de atención médica, los militares implicados en crímenes de lesa humanidad disfrutan de sueldo, de movilidad, de prostitutas que los visitan, de traguito y fiestas en los cuarteles y centros de reclusión cinco estrellas (como el «Tolemaida Resort»)en los que cumplen sus penas. Todo esto financiado por los impuestos de los colombianos, incluidos aquellos que han perdido a sus hijos a manos de estos delincuentes.
Dice el conocido adagio colombiano que la ley es sólo para los de ruana. Pero es que ni siquiera ya se nota que hay ley, por injusta, por parcializada que ésta sea; lo que prima es la arbitrariedad más absoluta. La ley en las zonas de consolidación militar se ha convertido en el capricho de los oficiales del ejército quienes fungen de jueces y verdugos.
Tendrán cárceles, tendrán medio millón de uniformados para imponer su «ley» y su «orden»,tendrán miles de paramilitares para imponer sus «leyes» no escritas, tendrán bolillos con los cuales intenten erradicar ideas, pero no tienen la razón. No la han tenido en estos 60 años de guerra contra el pueblo pobre, y no la tendrán en 60, ni en mil, ni en dos mil años más. Es la razón lo que nos da la fuerza para seguir luchando contra la injusticia; es la solidaridad lo que nos permitirá prevalecer sobre ella. Y es esa solidaridad la que necesitamos que se movilice para poder lograr que, en la nueva audiencia, que tendría que realizarse el día 14 de Febrero, podamos una vez más juntar fondos y lograr que esta vez si se escuche la voz de la defensa. Ya se les han arrebatado dos Navidades a estos padres junto a sus hijos. No permitamos que pasen otra más tras las rejas. Los queremos libres ya, libres para vivir, libres para amar, libres para organizar y para seguir luchando por una Colombia nueva.
[Para donaciones contactar a: Fundación Lazos de Dignidad, Banco Davivienda, Cuenta Número 009800160823, indicando que es para los presos de La Marina]
NOTAS:
[1] Para más detalles sobre el caso y sobre la situación en La Marina, Chaparral, ver artículo previo http://anarkismo.net/article/
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de «Problemas e Possibilidades do Anarquismo» (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro «Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina» (Quimantú ed. 2010).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.