La reforma constitucional conocida como «Marco legal para la paz» o «Marco Jurídico para la Paz» sobre justicia transicional, aprobada el 19 de junio de 2012, incluye la posibilidad de amnistía para violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de los actores del conflicto armado -guerrillas, paramilitares y miembros de las fuerzas armadas colombianas-, incluso, en casos de crímenes de lesa humanidad.
Este 25 de julio, la Corte Constitucional colombiana, en una audiencia pública escuchó los argumentos a favor y en contra del ‘Marco jurídico para la Paz’ . Oidhaco respalda las posiciones expresadas por organizaciones nacionales e internacionales que han mostrado su preocupación frente a este marco jurídico. La reforma constitucional conocida como «Marco legal para la paz» o «Marco Jurídico para la Paz» sobre justicia transicional, aprobada el 19 de junio de 2012, incluye la posibilidad de amnistía para violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de los actores del conflicto armado -guerrillas, paramilitares y miembros de las fuerzas armadas colombianas-, incluso, en casos de crímenes de lesa humanidad.
La Oficina de la ONU para los derechos humanos manifestó que, «las graves violaciones no pueden ser amnistiadas ni olvidadas, por el contrario enfrentarlas contribuirá a transformar a Colombia», y «no hay contradicción entre paz y justicia». En efecto, la lucha contra la impunidad permitiría asegurar una paz duradera y una garantía de no repetición de los crímenes. Lo s Estados no pueden olvidar sus deberes en contextos de transición de un conflicto armado hacia una situación de paz.
Oidhaco ratifica su respaldo al proceso de paz que debería conducir al cese definitivo de un conflicto armado, para proteger la población civil que ha sufrido tantos abusos a sus derechos humanos como consecuencia de esta guerra. Sin embargo, para esta red de 35 organizaciones europeas, si no se lucha contra la impunidad en Colombia no se puede pensar en una paz duradera. «Para que la paz en Colombia sea posible, debe combatirse a la impunidad y encaminar su normativa jurídica a juzgar y condenar los crímenes graves». Así lo expresa Vincent Vallies.
Esta nueva legislación permitiría al Estado colombiano, a través de la elaboración de criterios de selección y priorización, renunciar a la investigación de graves crímenes. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y organizaciones nacionales como la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, han manifestado sus reparos a esa reforma y los han hecho llegar a las autoridades competentes colombianas.
«Pedimos a la UE, sus países miembros, Suiza y Noruega que expresen urgentemente su preocupación frente a la eventual aprobación de normas que garanticen y perpetúen la impunidad y que insisten en la importancia de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición», apunta Vallies.
«Igualmente», continúa el portavoz de Oidhaco «que vigilen que la reforma asegure que los casos a violaciones al DIH y a los DDHH, incluidos los crímenes de lesa humanidad, de guerra, así como el genocidio, no queden en la impunidad y que sus responsables materiales e intelectuales, no sean beneficiados con el indulto». «Las amnistías», concluye Vallies, «nunca han favorecido la paz».
Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO)
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