Hace más de seis meses que grupos criminales paramilitares bajo diversas denominaciones vienen amenazando de muerte a los dirigentes sindicales de Nestlé en Bugalagrande, instándoles a que abandonen la ciudad. Pese a los reiterados llamados a la compañía y al Estado para proteger la vida y los derechos de los trabajadores de Nestlé de Colombia S.A., la impunidad reina mientras la empresa continúa deteriorando las condiciones de trabajo.
A través de un supuesto comunicado de los paramilitares Comandos Urbanos de los Rastrojos, dejado en las casas de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) y trabajadores de Nestlé José Onofre Esquivel Luna y Edwin Mejía Correa, fueron amenazados de muerte Wilson Sáenz encargado de Derechos Humanos y Álvaro Vega presidente de la Subdirectiva CUT Valle del Cauca y los dirigentes de Sinaltrainal Fabio Olaya, Javier Correa, Mauricio Valencia, Edgar Páez, Álvaro Varela, Jairo Cifuentes, Onofre Esquivel, Omar Rengifo y Wilson Riaño. La amenaza apareció en Bugalagrande Valle del Cauca el 28 de Abril de 2013.
Esta amenaza de muerte llega luego de que Sinaltrainal y sus afiliados realizaran mítines de protesta en las instalaciones de Nestlé de Colombia S.A., en rechazo a las intenciones de la multinacional suíza de instaurar un bono por productividad que impactaría seriamente la salud y el bienestar de los trabajadores. Recientemente el sindicato había notificado a la presidencia de la compañía su preocupación por los problemas que se han presentado con la calidad de los productos.
«Exigimos del Estado Colombiano proteger la vida e integridad de los afiliados a Sinaltrainal, sus familias y los dirigentes sindicales y sociales amenazados y garantizar nuestra actividad sindical», afirma en un comunicado la direccion de Sinaltrainal.
Archivan en Suíza la denuncia contra Nestlé por el homicidio del sindicalista Luciano Romero
La fiscalía del cantón de Vaud, Suiza, archivó una denuncia presentada contra el grupo suizo Nestlé acusado de homicidio por negligencia del sindicalista colombiano Luciano Enrique Romero, asesinado por los paramilitares, considerando que los hechos están prescritos. La denuncia, que había sido presentada por la viuda de Luciano Romero, Gladys Francisca, el 5 de marzo de 2012, fue archivada el 1º de mayo pasado.
La fiscalía aclaró que decidió archivar el caso debido a la prescripción «sin pronunciarse sobre el tema de fondo planteado por las acusaciones de la demandante contra los dirigentes de Nestlé».
Según la denuncia, Nestlé y sus dirigentes eran culpables de homicidio por negligencia en el caso de la muerte de Luciano Romero, asesinado en septiembre de 2005 en Valledupar.
Luciano Romero trabajó durante mucho tiempo en la empresa Cicolac, una filial de Nestlé en Colombia, hasta que fue acusado por sus patrones de colaborar con la guerrilla. El homicidio por negligencia tiene en Suiza una pena máxima de 3 años de cárcel o de una multa.
La fiscalía estimó que la eventual infracción de homicidio por negligencia está prescrita debido al tiempo transcurrido entre el asesinato y la presentación de la denuncia. El fiscal adjunto del cantón de Vaud dijo a la AFP que en este tipo de casos la prescripción entra en vigencia al cabo de 7 años, en este caso en septiembre de 2012.
Los paramilitares que asesinaron a Luciano Romero fueron condenados en Colombia. Sin embargo, un ex comandante del grupo paramilitar declaró que eran financiados por varias empresas, entre ellas Cicolac.
La demandante acusaba a la dirección de Nestlé de haber estado al corriente de las decisiones de su filial colombiana y de no haber adoptado las medidas necesarias para proteger a su marido.
El presidente de Nestlé negó cualquier responsabilidad del número uno de la industria agroalimentaria en ese asesinato. «Repetimos una vez más que Nestlé no es de ninguna manera responsable directa o indirectamente, por acción o omisión, del asesinato Luciano Romero», escribió Peter Brabeck-Letmathe en una carta dirigida en marzo de 2012 a un sindicato colombiano que apoya a la viuda de Luciano Romero.
A la viuda de Romero le quedan todavía dos recursos. En los 10 días consecutivos a la notificación de la decisión judicial puede apelar el fallo ante la cámara de apelación penal del tribunal del cantón de Vaud, que debe pronunciarse en un plazo de doce meses.
Si la apelación confirma el fallo de primera instancia, la viuda del sindicalista podrá recurrir al Tribunal Federal, la instancia suprema suiza.