(Nota de Rebelión) Más de doscientos miembros de la comunidad de paz asesinados con total impunidad en los últimos quince años. La comunidad lleva más de un año denunciando el incremento de la presencia paramilitar y la coordinación con el Ejército en la zona. El pasado 1 de agosto murió asesinado el campesino Nelson Cartagena García, líder de la junta de la acción comunal de la vereda Aguas Frías, municipio de Apartadó. Asesinato impune al que se suman estos cuatro crímenes que han provocado el desplazamiento de varias familias que huyen (otra vez) del terror paraestatal.
Un grupo de paramilitares que se hacen llamar AUG, con uniformes y escarapelas, quienes desde un complejo cerca a Nuevo Antioquia, ubicado más exactamente en el sector conocido como Zabaleta, llegan hasta la vivienda del campesino José Pacheco y por el método del ahorcamiento lo asesinan cobardemente. Ese mismo día en la noche en el sector conocido como La Ahuyamita y la vereda El Limón, parte alta del corregimiento de San José de Apartadó, en límites con Córdoba, son asesinados Arlenis Reyes de 23 años de edad, quién tenía 3 hijos, Eder Darío Sáenz de 27 años de edad y Luis Alberto Ibarra 24 años de edad.
Fruto de todo esto, por lo menos dos familias han tenido que iniciar el lamentable desplazamiento hacia un lugar seguro por el miedo y el terror que se vive en la zona.
Exigimos nuevamente al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Antioquia de Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gónzalo Giraldo Aguirre y a la fuerza pública que los graves hechos que hoy enlutan la paz y la democracia, provienen de no comnbatir y perseguir los grupos paramilitares que hacen presencia en Nuevo Antioquia en la base paramilitar del sector La Zabaleta, es necesario que se expliquen las razones por las cuales no se busca acabar con esto grupo, pues son un peligro para población en general.
Exigimos que las instituciones de estado busquen en el ámbito de sus competencias, la responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y que estos hechos no queden impunes. Instamos A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH), a dar cumplimiento del mandato como veedores para que estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Llamamos a LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO para que asuma su papel institucional de velar por las garantías y el respeto a los derechos constitucionales y humanos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica.
Pedimos a las organizaciones democráticas, a las de Derechos Humanos, a la comunidad nacional e internacional a que repudien los hechos que hoy nuevamente enlutan y llenan de sangre esta zona del país.