Silencio, omisión y complicidad tejen el manto de impunidad y vergüenza de una sociedad que permite el fortalecimiento del paramilitarismo. Asesinato de líderes y lideresas sociales, apropiación de territorios y destierro de comunidades, y aniquilamiento de procesos sociales y populares, son algunos efectos de la estrategia paramilitar. Y del mismo modo que en el periodo […]
Silencio, omisión y complicidad tejen el manto de impunidad y vergüenza de una sociedad que permite el fortalecimiento del paramilitarismo. Asesinato de líderes y lideresas sociales, apropiación de territorios y destierro de comunidades, y aniquilamiento de procesos sociales y populares, son algunos efectos de la estrategia paramilitar.
Y del mismo modo que en el periodo donde operaron las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), negar la presencia paramilitar en el Valle del Cauca es un libreto a seguir por administraciones municipales y Fuerza Pública.
«Bandas criminales» (bacrim), «delincuencia común» o «vandalismo», son algunos calificativos empleados por medios de comunicación, gobiernos locales y organismos de seguridad del Estado para no reconocer que el paramilitarismo sigue como forma natural de la clase dirigente y el modelo económico neoliberal que se impone con sangre.
Varios corregimientos en zona rural de los municipios de Palmira y El Cerrito están siendo cercados. Desde el mes de abril, comunidades de Santa Luisa y Tenerife en El Cerrito, y Combia y Toche en Palmira, se percataron de la presencia de hombres armados en la zona. Sin embargo, el terror y la desprotección les impide hablar.
Pero los graffitis que dejaron en casas y vehículos son claros: «Muerte sapos guerrilleros», con su respectiva firma «AUC» , son mensajes que recuerdan a más de 1.500 personas que, entre 1999 y 2004, el paramilitarismo asesinó en el Valle del Cauca.
El miedo de la comunidad es aprovechado por alcaldías y Fuerza Pública que rinden culto al silencio para acallar el ruido del reacomodo geoestratégico del paramilitarismo en la zona; un silencio que trata de romper la Pastoral Social de Palmira que dinamizó y conformó una comisión de verificación que visitó el corregimiento de Combia el 12 de mayo.
Conformada por la MAPP-OEA, la Unidad para las Víctimas del departamento, el Colectivo Pro Defensa del Territorio y el Agua, y la Pastoral Social, la comisión realizó una jornada de Acompañamiento interinstitucional por la paz y la reconciliación, donde también fueron invitadas las alcaldías de Palmira y El Cerrito.
Nos obstante, la administración municipal de El Cerrito no respondió al llamado. Por su parte la de Palmira asistió tratando de presentar la jornada como iniciativa propia y no de la Pastoral Social, algo que lograron a través de sus canales institucionales, donde no figura el verdadero objetivo de la jornada y presentan, en su mundo de algodones de azúcar, que todo está resuelto, sin problemas para la comunidad.
Los problemas y el peligro están latentes. La falta de inversión social en la zona y los paramilitares no se irán con los videos institucionales de propaganda de la Alcaldía. Tampoco se irá el silencio, porque las comunidades de estos corregimientos no pueden hablar: su temor es real, denunciar les llevaría a la muerte o abandonar la zona con sus familias.
En medio de esta estrategia paramilitar que se desarrolla en el país, corresponde entonces a organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciar y visibilizar estos hechos. Del mismo modo, acompañar iniciativas como la de la Pastoral Social de Palmira que permitan crear mecanismos de seguimiento y verificación en la zona, sumando a diversos sectores de la sociedad para visibilizar ampliamente esta situación.
Es claro que actuar de esta manera no representa hallar la cura, pero es una forma de continuar esta lucha, en condiciones de desigualdad, contra el avance paramilitar que en algún momento lograremos contener.