Desde comienzos del siglo XX, la historia de Colombia ha estado manchada de sangre mayormente en regiones donde la extracción de recursos por parte de las multinacionales y grandes empresas nacionales está al orden del día. Desde 1928, como lo sabe el mundo a través de la creación literaria de García Márquez, fueron asesinados líderes […]
Desde comienzos del siglo XX, la historia de Colombia ha estado manchada de sangre mayormente en regiones donde la extracción de recursos por parte de las multinacionales y grandes empresas nacionales está al orden del día.
Desde 1928, como lo sabe el mundo a través de la creación literaria de García Márquez, fueron asesinados líderes sindicales en huelga de la United Fruit Company en la zona de Urabá por parte del Ejército Nacional. En esa ocasión el estado colombiano ya alertaba de lo que serían sus políticas hasta el día de hoy: la defensa de la inversión y explotación extranjera por encima de la garantía de los derechos del pueblo.
En adelante, compañías como la suiza Nestlé, Coca Cola, Chiquita Brands (United Fruit Company), el mayor explotador del carbón en el país Drummond, Monsanto, la sudafricana Anglo Gold Ashanti, la British Petroleum Company, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Canal Isabel II, Aguas de Barcelona y Telefónica, entre otras, contarían con una fuerte protección jurídica, política y militar garantizada por el estado colombiano. Pese a los asesinatos, despojos de tierras y desplazamientos forzados, desapariciones y todo tipo de criminalidad de sistema contra la población civil, el estado de impunidad es praticamente total.
Dicho sea de paso, la Fuerza Pública hasta hoy sirve a intereses distintos a los de la defensa de la soberanía nacional, debido a su doctrina del ‘enermigo interno’ y de la demonización de los movimientos sociales; doctrina que también deberá cambiar en un contexto de «posacuerdo de paz» en la Habana.
Como consecuencia, tanto en Colombia como en América Latina surge el paramilitarismo como respuesta a los grupos rebeldes, en crecimiento debido a la concentración de la riqueza, el despojo de tierras a campesinos y la muerte a quienes se organizaron en movimientos comprometidos con el cambio social.
Dichos grupos paramilitares con mayor fuerza y crecimiento en los años 80, surgirían en principio como autodefensas de seguridad privada para la custodia de las tierras en posesión de grandes terratenientes en las regiones del país. Bajo las dinámicas de la guerra que hoy en Colombia ya cuenta con más de 50 años de conflicto social y armado, su recrudecimiento empezaría a demostrar a quienes beneficiaría la existencia del fenómeno paramilitar.
Un ‘outsourcing’: Paramilitarismo y Estado débil
Lo que empezó como grupos locales y escuadrones de la muerte, según la tipología del fenómeno paramilitar propuesto por Stathis Kalyvas, se convertiría en grandes milicias y ejércitos paramilitares que en connivencia con el estado buscaba hacerse con el poder colocando aliados regionales en cargos políticos como alcaldías y gobernaciones.
De esta manera, la oligarquía colombiana y las élites regionales veían la manera en que sus negocios en Colombia con multinacionales debían estar blindados de todo tipo de protestas y luchas sociales por parte de la población.
El estado débil en regulación iba perdiendo el monopolio de la violencia, en el sentido weberiano, creándose de ‘facto’, en incluso de ‘iure’, un outsourcing o privatización de la violencia. En la mayoría de casos le ha favorecido y mantenido su existencia a quienes detentan el poder ligado al Estado, mientras que en otros ha permitido la desvergüenza internacional de exterminar a los movimientos sociales.
Multinacionales y oligarquía nacional: directa beneficiaria del paramilitarismo
Los desmovilizados exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), han confesado ante la Fiscalía General de la Nación los dineros recibidos por parte de multinacionales estadounidenses bananeras en operación en la región del Urabá (noroeste del país). Incluso en marzo de 2007 la multinacional estadounidense Chiquita Brands aceptó una multa por parte de EEUU por realizar pagos a los paramilitares. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que desde 2005, desmovilizó tan solo una parte de este grupo al margen de la ley. Este proceso de paz con los paramilitares, sin éxito, por lo menos ha contribuido a unas cuantas dosis de verdad y desenmascaramiento de los gobiernos pasados y recientes. Últimamente, este líder paramilitar ha asegurado haber colaborado para el actual presidente Juan Manuel Santos y el exvicepresidente Francisco Santos (su primo), declaraciones obviamente rechazadas por ellos.
No es casualidad que las zonas de extracción de recursos petroleros, energéticos y mineros, estén militarizados, como es el caso de Arauca, en el oriente del país, y donde las acciones paramilitares, custodian las operaciones de las multinacionales de las constantes protestas de los campesinos, indígenas y sindicatos.
Según lo propone el conflictólogo Kalyvas de la Universidad de Yale, el hecho de que el paramilitarismo surja como una estructura puramente defensiva no niega que en un ‘estado de guerra’ las condiciones a su vez generen favorecimiento de ciertas élites y grupos que ven en la conformación de estas organizaciones una vía para tomar ventaja de la situación y ganar más poder político y económico.
Movimientos sociales y el actual proceso de paz
Ante los esfuerzos de un estado colombiano en transición, en el cual se han creado regulaciones y entidades estatales para reparar a víctimas del conflicto y restituir tierras despojadas, principalmente, grupos neoparamilitares, al igual que algunos sectores de la Fuerza Pública, impiden los esfuerzos institucionales por ejecutar un cambio político y social.
Mientras en la Mesa de Conversaciones de la Habana, establecida desde septiembre de 2012 entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, se plantean los desafíos de las políticas ‘posacuerdo final’. Un acuerdo de fin del conflicto armado permitiría a las multinacionales y élites regionales explotar las selvas que actualmente habita gran parte de la insurgencia, que al ser desmovilizada tendrá vía libre para entregar más territorio rico en recursos naturales. Otro de los problemas de la Mesa de la Habana es que no se plantea el fenómeno paramilitar como el gran problema nacional, centralizando el «posconflicto» como un desafío únicamente con las guerrillas. La mayor victimización del país ha estado en cabeza del estado colombiano y del paramilitarismo en todas sus formas y variaciones, incluso al interior de la propia Fuerza Pública, que con sus escuadrones de la muerte, han conformado estructuras organizadas de poder por fuera de la cadena de mando formal del ejército, según explica Kalyvas en su obra ‘El poder paramiitar: Paramilitarismo: Una perspectiva teórica’.
En un ambiente de ‘construcción de paz’, 55 defensores de los DDHH han sido asesinados y 488 recibieron amenazas el año pasado, según el portal Verdad Abierta. Los sindicatos en Colombia se han convertido en sindicatos de derecha, defienden más al patrón que al trabajador según Héctor González Cubillos Presidente de la Subdirección Tolima del Sindicato Nacional de Profesionales de Seguridad. Más de 170 homicidios en los últimos años a líderes sindicales y más del 90% de casos en la impunidad según las Central General de Trabajadores CGT. De que paz estan hablando?
Por otra parte, los principales medios de comunicación del país se han encargado de perpetuar la estigmatización de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, estudiantiles y sindicales, que los ubican supuestamente vinculados con la insurgencia. De esta manera, nuestro pueblo es constantemente señalado, lo que históricamente ha confundido a gran parte de la población en general que no ve con buenos ojos a quienes trabajan por el cambio social y la lucha política desde abajo. En cambio sí, tratan de justificar la existencia del paramilitarismo creando una especie de cultura del paramilitarismo, evidenciado con el éxito que tuvo las políticas del dos veces elegido presidente Álvaro Uribe Vélez; prácticas y cultura que aún se encuentran enraizada en muchas de las regiones del país.
Fuente: Diario de Nuestra América no.3, Investig’Action, abril 2015.