El gobierno de la Concertación, y la derecha, se empeñan en presentar las reformas consensuadas para eliminar algunos aspectos especialmente antidemocráticos de la Constitución, como notable avance. Una vez más, se habla de un «hito histórico» y se anuncia -nuevamente- el término de la transición. La realidad es, sin embargo, más prosaica. Como era previsible, […]
El gobierno de la Concertación, y la derecha, se empeñan en presentar las reformas consensuadas para eliminar algunos aspectos especialmente antidemocráticos de la Constitución, como notable avance. Una vez más, se habla de un «hito histórico» y se anuncia -nuevamente- el término de la transición. La realidad es, sin embargo, más prosaica. Como era previsible, las reformas constituyen parches a la Constitución pinochetista, que seguirá vigente en lo sustancial. Básicamente las reformas tienen que ver con el término de los senadores designados y vitalicios; con la transformación del Consejo de Seguridad Nacional en organismo meramente asesor del presidente de la República y en la atribución que se concede a éste para reemplazar a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, informando al Senado para los efectos de transparencia. Se establece también un nuevo ordenamiento para los estados de excepción, se modifica al Tribunal Constitucional y algunos aspectos de la normativa sobre nacionalidad. Queda pendiente un eventual acuerdo sobre la duración del período presidencial, y sobre el número de integrantes de la Cámara alta. No se modifica, sin embargo, el sistema binominal, que hasta ahora ha jugado en favor de la derecha ya que le permite, con algo más de un tercio de la votación, tener la misma representación parlamentaria que tienen aquellos que representan al 60%. Un parlamentario de la Concertación llegó a decir que de la Constitución de Pinochet sólo quedaba la firma. Todo lo demás había sido cambiado. Se trata de una exageración intencionada. Se mantienen, obviamente, la inspiración autoritaria, expresada en un presidencialismo exacerbado, las bases ideológicas del modelo neoliberal y el derecho de propiedad irrestricto y altamente protegido. Hablando del sistema binominal, un personero derechista, Renato Gazmuri, en carta al director de El Mercurio, sostuvo: «Se mantiene el sistema binominal que atenta contra los derechos básicos de los ciudadanos. Las cúpulas partidarias, que no representan a más del 1,2% de los ciudadanos inscritos, tienen el mayor poder de decisión sobre quiénes pueden ser elegidos para cualquier cargo de representación popular». Y agrega: «Para defender el sistema se invoca la ‘estabilidad’. Lo que tenemos es la estabilidad de los camposantos. La misma que tuvo México durante los 70 años de gobierno del PRI, mediante un mañoso sistema electoral. ¿Es eso lo que queremos en Chile?». Puede aceptarse que las modificaciones significan un avance, pero no que luego de ser parchada, remendada, la Constitución puede seguir rigiendo indefinidamente. Y ése es uno de los mayores peligros del acuerdo y las posibles reformas: que, en función de ellas, se cancele la demanda de una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente, y aprobada por el pueblo. Unica forma de generar una Constitución ajustada a los tiempos y a las aspiraciones de los ciudadanos que rechazan la democracia puramente electoral, alejada de los problemas concretos, que no acepta la participación y transforma a los representantes en grupo privilegiado que se reelige indefinidamente al amparo del binominalismo. La Concertación ha declarado que insistirá en el término del sistema binominal. El presidente Lagos ratificó ese planteamiento y calificó al actual sistema como «aberrante e injusto». Sin embargo, hay razones para dudar de la seriedad de estas promesas. En primer lugar, porque la Concertación, al aceptar de buenas a primeras la eliminación de senadores designados y vitalicios, se privó de un arma de presión que podía ser determinante frente a la derecha. Hay, además, precedentes de que a la Concertación le interesa el permanente empate político que permite la democracia «de los consensos», aunque en ella invariablemente gane la derecha. En 1989 aceptó la eliminación de normas que le habrían permitido disponer de mayoría para aprobar las leyes ordinarias. Quedó, entonces, a merced de la derecha que hizo primar su voluntad en el Senado. Puede, incluso, suponerse que la mantención del sistema binominal es un acuerdo reservado de la Concertación con la derecha, porque sirve en el fondo a ambos bloques. Incluso para el caso de que triunfe Lavín, pues entonces la Concertación podría aprovechar el sobredimensionamiento de su representación parlamentaria. La Constitución pinochetista, aunque sea parchada y remendada, y el conjunto de la institucionalidad, se aleja crecientemente de las preocupaciones del pueblo. Junto a otros factores, ello explica el cada vez mayor distanciamiento de los jóvenes -y otros sectores- de la política y del sistema electoral, que objetivamente deslegitima al sistema y lo hace más vulnerable. Parece evidente que Chile necesita una nueva Constitución generada por el pueblo a través de una Asamblea Constituyente. Una nueva Constitución que se ajuste a los tiempos, que exigen participación, apertura y posibilidad de que los ciudadanos controlen a los que gobiernan. Debe, por lo tanto, contemplar el plebiscito como instrumento regular para adoptar las grandes decisiones nacionales o para resolver contiendas en materias trascendentes. Debe reconocer la existencia de los pueblos originarios y establecer normas para su adecuada autonomía así como la descentralización del país. Los mandatos de las autoridades deben ser susceptibles de revocación. Se imponen reformas profundas a la administración de justicia y también, una nueva concepción del derecho de propiedad, sujeto en su ejercicio a consideraciones de bien común. Debe atenderse a concepciones de soberanía geoeconómica que entreguen al pueblo de Chile el manejo soberano de sus riquezas y le aseguren que no será privado de elementos esenciales para la existencia misma de la nación, como son los alimentos, recursos hídricos, energía, salud básica y educación indispensable. No habrá terminado la transición hasta que no exista una verdadera democracia formalizada en una nueva Constitución.