Sin duda vivimos una experiencia histórica grandiosa. El oprobioso régimen fascistay neoliberal de Duque y el bloque de poder económico y político que lo sostiene enfrenta desde el 28 de abril de 2021 el desafío de una inconformidad social generalizada en las calles de la mayor parte de municipios colombianos.
En la prensa, la academia y en las organizaciones políticas circulan descripciones acerca de lo que ocurre, tratando de buscar explicaciones a la vez que orientar el curso de los acontecimientos. “Estamos ante una insurrección popular”, dicen unos. “No, se trata de un levantamiento popular, con componentes insurreccionales”, claman otros. “Para nada, esto es un paro cívico”, anuncian otros más. La reflexión sobre la movilización social requiere sin duda de acotaciones categoriales en tanto, lo que está en juego son las condiciones de posibilidad de diversos actores sociales y políticos enfrentados en el campo de luchas contra el régimen.
En este texto propongo un conjunto de distinciones descriptivas y analíticas a partir de una revisión de algunos estudios sobre la protesta social latinoamericana de cuyas realidades han brotado las categorizaciones hoy en boga, en circunstancias sociohistóricas que comparten, en parte, las condiciones de una situación revolucionaria (con o sin revolución) y sus “tres síntomas principales”: que los de abajo no quieren vivir como antes, que los de arriba no pueden vivir y gobernar como hasta entonces y, que la intensificación de agravios e injusticias lleve a sectores de la población inconforme a una “acción histórica independiente”, autónoma frente a hegemonía de las clases dominantes (Lenin, 1915). Además de los “tres síntomas”, Lenin sabía que las transformaciones profundas de las sociedades requieren de fuertes procesos organizativos de la pluralidad de los sectores subalternos, así como de la capacidad y legitimidad de los liderazgos para acometer empresas revolucionarias de fondo.
¿A qué se le ha llamado insurrección popular en América Latina?
Siguiendo el análisis de Martha Harnecker (1985) se trata de insurgencias populares armadas que pueden ser de carácter local o nacional con una fuerte base social urbana, en general su objetivo es desmontar un régimen político considerado oprobioso e ilegítimo. Además de la voluntad colectiva y multitudinaria de usar diversas formas de armamento popular poniendo en juego la propia vida para luchar contra la tiranía, una insurrección popular conlleva la recurrencia de paros, huelgas y acciones insurgentes. Además, es determinante la existencia de una vanguardia colectiva político-militar con capacidad de conducción y orientación y que haya logrado, debido a su fuerza, atraer a sectores de la oposición burguesa, dispuestos a participar y apoyar la insurrección.
Las experiencias insurreccionales históricas más recientes de América Latina son, el ciclo insurreccional de la Revolución Sandinista 1978-1979 que llevó a la crisis y desmonte de la dictadura somocista. Y la fallida insurrección salvadoreña de enero de 1981. En ambos casos la insurgencia popular armada fue posible porque se dieron varios factores. Una unidad político militar de todas las izquierdas con sectores de la oposición burguesa (más en Nicaragua que en El Salvador) para construir un frente político militar, con una amplia base de masas y una coordinación política que conformó gobiernos provisionales. Exitosa en Nicaragua, en tanto el ciclo insurreccional dio paso al triunfo del FSLN, en tanto en El Salvador la insurrección fue derrotada y la guerrilla se plegó hacia las zonas rurales desde donde, tras 10 años de luchas, alcanzó el acuerdo de paz.
En este último caso, pese al proceso de coordinación de 1980 que llevó a la unión de insurgencias en el FMLN, la unión de todos los movimientos sociales en la Coordinadora Revolucionaria de Masas y la unión de todas las fuerzas de oposición democrático-revolucionaria en el Frente Democrático Revolucionario, la dirección del FMLN que subvaloró las reservas políticas y el apoyo norteamericano que además instrumentó violentos escuadrones de la muerte que desangraron al país, descabezaron el movimiento social, incluido el asesinato de monseñor Arnulfo Romero y la dirección de la UDR y minaron la capacidad de lucha de amplios sectores populares (Harnecker, 1983).
¿Qué son los estallidos sociales en América Latina?
En el repertorio de acciones colectivas en América Latina de finales del siglo XX y comienzos del XXI aparecieron nuevas dinámicas de inconformidad popular, denominados recientemente como estallidos sociales. De acuerdo con Gloria de la Fuente y Danae Mlynarz (2020) y Cristóbal Bellobio (2020), los estallidos sociales responden por lo menos a cuatro crisis entrelazadas, la crisis de participación por el bloqueo antidemocrático de las instituciones; la crisis de representación debido al declive en la confianza hacia los partidos (incluida la izquierda) y hacia expresiones sociales como el sindicalismo y los movimientos sociales organizados; la crisis social y económica que agudiza la informalidad y la precarización y, la crisis moral o de probidad pública, debido al abuso de autoridad por parte de las elites económicas y políticas para beneficiarse de la corrupción y el saqueo. Ante estas crisis, que se pueden presentar simultáneamente o con mayor fuerza de una de ellas, la respuesta popular se traduce en estallidos sociales con una masividad policéntrica que desborda cualquier capacidad de coordinación nacional y programática, aunque los manifestantes se autoconvocan, coordinan y difunden las condiciones de protesta y represión por medio de las redes sociales. Se trata de múltiples acciones colectivas sociales, de género, culturales, juveniles, procedentes de distintos sectores subalternos que logran agrietar las estructuras culturales y las políticas dominantes y abrir nuevos periodos históricos altamente indeterminados.
Históricamente podríamos mencionar entre los grandes estallidos sociales latinoamericanos los siguientes:
El Caracazo del 27F (febrero) de 1989 contra el paquetazo neoliberal impuesto por Carlos Andrés Pérez. Se inició por el alza del transporte y pronto los barrios populares de Caracas y de otras diez ciudades de Venezuela dieron paso a una ola de protestas, saqueos, bloqueos, marchas y enfrentamientos con la policía y el ejército durante varias semanas. El saldo fue de 3000 muertos. No cayó el gobierno, pero se fracturó el régimen del puntofijismo (el acuerdo bipartidista entre Acción Democrática y el COPEI), un análisis de este estallido lo proporciona Manuel Sutherland (2009).
La brutal represión llevó a un sector de militares democráticos, entre ellos Hugo Chávez, a optar por un golpe cívico militar en 1992 que fracasó y luego a construir un movimiento político de base social y respaldo militar que conquistó el poder político en 1999.
El Argentinazo de diciembre de 2001. Desempleo generalizado y pérdida de ahorros en los bancos llevaron a sectores populares y clases medias a este estallido. Previo al estallido de 2001 la década de 1990 estuvo caracterizada por diferentes movilizaciones conocidas como “puebladas”, paros locales con activa participación popular contra las medidas neoliberales. En 2001 se hizo famosa la unión de piquetes (cortes de ruta, comedores populares, trueque popular) de los desempleados y el cacerolazo de las clases medias. La crisis generada llevó a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, sin que ese fuera el objetivo de la protesta (ver a propósito el trabajo de Mónica Gordillo, 2010). Se abrió un lapso de luchas sociales y recomposición de las fuerzas políticas sociales que tuvo un nuevo momento con la llegada del Kirchnerismo en 2003.
Chile, octubre de 2019-marzo 2020. Una crisis social de más de 30 años y la emergencia de nuevos actores sociales, jóvenes, mujeres, llevaron a que el alza de 30 pesos chilenos en el pasaje del metro desencadenará la ira de miles de chilenos, sin coordinación política nacional, que si bien tiene un reflujo con la pandemia del 2020 desemboca en el proceso electoral por una nueva constituyente en 2021. El estallido popular trastocó estructuras de dominación como el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo, al interpelar fuertemente las identidades y subjetividades de los actores en lucha (Ver la compilación de trabajos sobre el estallido chileno editada por Mauricio Folchi, 2019). La sociedad chilena y gran parte de los sectores participantes en el estallido social dio paso al proceso de Convención Constituyente de 2021 que, si bien arrinconó y derrotó electoralmente a la derecha y a los sectores fascistas, no logró una unidad programática y permitió que el denominado “centro” político ocupará la mayoría de los escaños en la Constituyente,
¿Levantamientos populares en América Latina?
Esta categoría aparece en el repertorio de la acción colectiva latinoamericana en la década de 1990 a partir de las movilizaciones indígenas ecuatorianas cuyas motivaciones centrales están orientadas a deponer gobiernos considerados oprobiosos. Se trata de movilizaciones de masas de escala nacional o regional, altamente contenciosas que implican marchas nacionales, paros regionales e incursión en las sedes de gobiernos locales y/o nacionales y tienen como reclamo fundamental, en torno al cual están unidas todas las acciones de masas, la salida de los gobernantes.
Son casos emblemáticos de levantamientos populares latinoamericanos los siguientes:
Ecuador, 6 de febrero de 1997. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie conformó con otros sectores sociales urbanos y rurales el Frente Patriótico de Defensa del Pueblo con el objetivo de destituir el gobierno neoliberal de Abdalá Bucaram. La acción empezó con el cierre de carreteras y luego marchas sobre la ciudad de Quito, al tiempo que hubo paros en Guayaquil y Cuenca, las principales ciudades del país. Lograron que el Congreso destituyera al presidente, abriendo un campo de disputa y crisis política.
Ecuador, 21 de enero del 2000. Levantamiento indígena en contra del gobierno de
Jamil Mahuad, los indígenas se tomaron Quito y en alianza con mandos medios del ejército ocuparon la sede del Congreso Nacional. El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, formó parte de un efímero triunvirato de tres horas formado por el general Carlos Mendoza y el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Mahuad abandonó el poder. Varios levantamientos posteriores crearon la condición para que en 2007 Rafael Correa llegara al gobierno, pero con divisiones y reservas de parte del movimiento indígena.
Bolivia, 2003. En septiembre y octubre de 2003, el gobierno de Sánchez de Losada propuso exportar gas boliviano a Estados Unidos, México y Chile, como parte de los acuerdos del ALCA que afectaban a la mayoría de la población, lo que inició la denominada “guerra del gas” cuyo epicentro fue la ciudad de El Alto. Las movilizaciones se extendieron a todo el país. La capital, La Paz, fue bloqueada y hubo desabastecimiento de insumos básicos. Ante la crisis social la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Movimiento al Socialismo MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti conformaron un acuerdo político para orientar la movilización hacia la destitución de Sánchez de Losada y poner freno a sus políticas. Con la renuncia del mandatario se abrió un campo de conflictos y luchas que se resolvió tres años después con el triunfo presidencial de Evo Morales en 2006 (ver el trabajo de José Seoane y Emilio Taddei, 2003).
Oaxaca, México, junio 2006. Una huelga de sindicato de maestros del Estado de Oaxaca fue brutalmente reprimida por el gobierno federal de Ulises Ruiz, lo que transformó la huelga en un levantamiento que exigió la destitución del gobernador Ruiz. Si bien el movimiento no logró ese objetivo político abrió un campo de disputa con la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca – APPO que dio paso a la Comuna de Oaxaca, durante cinco meses la población se adueñó de la capital del estado y de muchas localidades; el gobierno desapareció de las calles de la ciudad y se afirmó la autoridad de la APPO y las asambleas populares como una especie de gobierno paralelo o poder popular local, que todavía hoy juega un activo papel en las movilizaciones oaxaqueñas (ver el trabajo de Patrick Guillaudat, 2021).
¿Qué son los Paros cívicos?
Se trata de la versión colombiana de movilización de masas más frecuente con base urbana. Estas movilizaciones son propuestas por las centrales sindicales, de ahí la noción de paro, y/o por coordinadoras cívico-populares, de ahí la noción de lo cívico. En todo caso, tienen un amplio contenido multisectorial y pueden ser de carácter nacional o local. Se convocan con un pliego general de peticiones que da paso a movilizaciones multitudinarias de sectores empobrecidos que hacen bloqueos de vías y en algunas ocasiones, saqueos a comercios, ataque al sistema público de transporte, entre otros repertorios contenciosos. Son, por su forma y contenido, similares a los estallidos, pero la diferencia es la conducción político-social de la protesta que busca la negociación del pliego de exigencias.
Los paros, como las anteriores formas de la protesta y la movilización social, no aparecen como simple reacción espasmódica ante las condiciones impuestas por los sectores hegemónicos, tales como las alzas o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, la restricción de la participación o la represión y criminalización contra sectores populares urbanos; por el contrario, el paro cívico anuda los marcos políticos cognitivos-afectivos y las prácticas sociales de los sujetos en tensión, con lo cual genera una alteración y suspensión de todas o casi todas las actividades cotidianas de la gente, haciendo de la movilización y la beligerancia social el vehículo colectivo que unifica las voces y define los adversarios (Forero y Molano, 2015).
Ejemplos de esto en la historia reciente Colombia son:
El Paro Cívico de septiembre de 1977 convocado por las Centrales Sindicales contra la carestía, por alza de salarios y en el caso de Bogotá, adicionalmente contra las políticas de reforma urbana que promovió la participación de las clases subalternas de la ciudad (obreros, habitantes de los barrios populares, empleados públicos, vendedores ambulantes, jóvenes de barrios populares y sectores de la pequeña burguesía urbana (ver el trabajo de Frank Molano, 2010).
El Paro Cívico Comunal de Ciudad Bolívar-Bogotá en octubre de 1993 lanzado por la Coordinadora Cívico Popular, que después de agotar instancias de reclamación y cartas a las autoridades y presentar un pliego de exigencias locales convocó a la parálisis de actividades en esta localidad del sur de la ciudad, cuyo resultado fue la conformación de un importante tejido organizativo de nuevos liderazgos comunales y grupos juveniles que sufrían estigmatización y represión policial y paramilitar (ver el trabajo de Jymy Forero y Frank Molano, 2015).
El Paro Cívico de Buenaventura del 16 de mayo al 6 de junio de 2017 convocado por el Comité de Paro que agrupaba líderes sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, comunicadores, académicos y comerciantes. Se trató de una acción multitudinaria por los derechos de los pueblos afrodescendientes históricamente excluidos, reconocida por su consigna “el pueblo no se rinde carajo” (ver el trabajo de Jefferson Jaramillo, Érika Parrado y Daniela Mosquera, 2020).
Y entonces, ¿qué tenemos hoy en Colombia desde el 28 de abril de 2021?
Dado lo expuesto anteriormente podemos afirmar que la actual movilización se inscribe en el marco de una convocatoria inicial a un paro cívico con un pliego de exigencias presentado por el Comité Nacional de Paro, instancia conformada en noviembre y diciembre de 2019 que articulo a las centrales sindicales, movimientos sociales indígenas, campesinos y estudiantiles y las organizaciones de izquierda. En medio de la movilización de 2019 el CNP estableció un pliego de exigencias que fue desatendido por el gobierno de Duque aprovechando el confinamiento nacional generado por las medidas de cuarentena ante la pandemia de la Covid-19. Nuevamente, en junio de 2020 el CNP presentó un nuevo pliego reducido a seis puntos para atender la crisis social y económica generada por la pandemia, documento que fue igualmente desatendido. En cambio, el gobierno Duque propuso una reforma tributaria que gravaba los ingresos de los trabajadores y ponía impuestos a la canasta familiar, una reforma a la salud que incrementaba la privatización, una reforma laboral que precarizaba las condiciones salariales y otras medidas sentidas como agravios.
Por esa razón el CNP convocó a una jornada de paro nacional el 28 de abril. La jornada desembocó en gigantescas movilizaciones fuertemente reprimidas que fueron contestadas con un estallido social que desbordó al Comité Nacional de Paro e hizo emerger la fuerza de las juventudes inconformes organizadas en Primera Línea, espacios de resistencia, tomas culturales y presencia de otros sectores regionales como el Consejo regional Indígena del Cauca, CRIC del departamento del suroccidental del Cauca y las asambleas populares territoriales.
Durante más de 50 días las multitudes de la mayoría de municipios se volcaron a las calles y pese a que el gobierno retiró las medidas económicas que dieron origen a la protesta, se negó a negociar con el CNP y a brindar garantías para el ejercicio del derecho a la protesta que hasta junio del 2021 arrojaba un alto saldo de víctimas por parte de la policía, el ejército y grupos de civiles armados, en coordinación con la fuerza pública, que patrullan las calles, detienen manifestantes y disparan sobre la multitud.
En la segunda semana de junio el CNP anunció que desistía de los intentos de negociación con el gobierno y en medio de fuertes pugnas internas se agudizó la tensión entre el sector que rechaza los bloqueos y mantener la movilización y el sector que llama a mantener la movilización. Ambos sectores llamaron a cambiar la táctica, unos mediante iniciativas legislativas y otros a partir de procesos de cualificación y diálogos territoriales.
A esto se suma la iniciativa de varios sectores sociales y de izquierda por conformar una Asamblea Nacional Popular que vaya más allá de la idea de “unidad de acción”, coordinación puntual para la movilización que caracterizó al CNP y dote al movimiento de un rumbo de largo aliento que incluye transformaciones estructurales.
Este paro cívico devenido en estallido social y con visos, en algunas regiones y por parte de algunos sectores en lucha, de transformarse en un levantamiento popular contra el régimen de Duque abrió el campo de lucha y oportunidades. El gobierno supone que obtuvo un triunfó al no negociar con las vocerías y al seguir imponiendo medidas lesivas. De parte de los sectores en lucha, pese a la tendencia a la fragmentación del movimiento son incontestables los triunfos obtenidos, la experiencia alcanzada lo que abre una agenda de fortalecimiento organizativo, búsqueda de coordinaciones nacionales y locales que prospecten las formas de acción política que como en otros estallidos sociales no solamente impugnan el régimen político y económico sino que cuestionan las prácticas cotidianas y las estructuras de dominación patriarcal, neoliberal, racial, generacional.
En nuevo escenario es altamente desafiante, la situación revolucionaria se mantiene, aunque falta para su avance hacia un levantamiento generalizado la condición de la dirección política y la coordinación de los diferentes actores y sectores con disposición y decisión unificada de avanzar en objetivos de largo aliento. El régimen no puede seguir gobernando sin desplegar una brutal ofensiva revanchista contra quienes se manifestaron, las juventudes populares de las Primeras Líneas, los líderes de oposición, los movimientos sociales, el sindicato de educadores FECODE, esperando que con la represión y el castigo se amainen los ánimos y preparen al pueblo para reforzar la continuidad autoritaria en las elecciones de 2022. Los sectores subalternos agudizan el repudio y desencanto con el gobierno y con instituciones como la policía y el Congreso de la República y, para no volver a la “normalidad” precaria, incierta y autoritaria del neoliberalismo pospandémico requieren hablar en la diferencia, tejer coordinaciones multiescalares y multisectoriales y articular las luchas sociales, políticas (incluidas las electorales) y culturales en clave de seguir construyendo el sujeto popular que pueda hacer de este momento histórico un campo de oportunidades políticas de democratización y dignidad.
Referencias
Bellolio, Cristóbal (2020). Populismo como democracia iliberal: Una hipótesis sobre el estallido social chileno. Revista de Sociología, Vol. 35, No. 1, (Santiago de Chile), págs. 43-55.
De la Fuente, Gloria y Danae Mlynarz (2020). El pueblo en movimiento: Del malestar al estallido. Santiago de Chile: Catalonia.
Forero, Jymy y Frank Molano Camargo (2015). “El paro cívico de octubre de 1993 en Ciudad Bolívar (Bogotá): la formación de un campo de protesta urbana”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 42, No. 1, (Bogotá), págs. 115-143.
Folchi, Mauricio (2019). Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
Guillaudat, Patrick (2021). “Hace 15 años: La Comuna de Oaxaca”. Viento Sur, (Madrid), 26 de febrero.
Gordillo, Mónica (2010). Piquetes y cacerolas… El “argentinazo” del 2001. Buenos Aires, Sudamericana, Colección Nudos de la historia argentina.
Harnecker, Martha (1983). “De la insurrección a la guerra”. Entrevista a Joaquín Villalobos. Cuadernos Políticos, No. 35 (México), págs. 87-111.
_______________. (1985). Desarrollo de los conceptos de revolución social, condiciones de la revolución; situación revolucionaria; programa y objetivos de la revolución; defensa y carácter de la revolución; la revolución en el contexto mundial en Lenin y su aplicación a la revolución cubana y a la revolución sandinista. México: Siglo XXI Editores.
Jaramillo, Jefferson, Érika Parrado y Daniela Mosquera (2020). “El paro cívico de 2017 en Buenaventura, Colombia. Protesta social y transformación del poder político”. Análisis Político, No. 98, (Bogotá). págs. 136-166.
Lenin, Vladimir (1915). La bancarrota de la II Internacional. Moscú: Editorial Progreso (1975).
Molano Camargo Frank (2010). “El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 en Bogotá Las clases subalternas contra el modelo hegemónico de ciudad”. Revista Ciudad Paz-ando, Vol. 3, No. 2, (Bogotá), págs. 111-142.
Seoane, José y Emilio Taddei (2003). Levantamiento popular y luchas sociales en América Latina: del octubre boliviano a las protestas contra el ALCA. Buenos Aires: OSAL, Observatorio Social de América Latina.
Sutherland, Manuel (2009). “El 27 de febrero de 1989, estallido social sin explicaciones y Herencia principal del chavismo ¿Saqueos y anarquía o insurrección obrera contra el capital?”. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.
Frank Molano Camargo, Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas