Lo que ha desatado las protestas masivas en todo Colombia ha sido: Una reforma tributaria demasiado negativa para el pueblo colombiano por el porcentaje excedido a pagar de impuestos a todos los productos, el 19% del iva. La reforma tributaria buscaría recaudar 23.4 billones de pesos (6,294 millones de dólares).
La reforma tendría la capacidad de tapar los huecos financieros producto de la mala administración del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya fue investigado por el senado de Colombia por fraudes en el presupuesto durante el año 2019; que había sido ministro durante el gobierno de Álvaro Uribe y fue impuesto de nuevo en el cargo en el gobierno de Iván Duque, es el promotor de la Reforma Tributaria nombrada “Solidaridad Sostenible”, que más bien parece una burla.
El fraude de Carrasquilla consistió en bonos del Estado para dar créditos a los municipios en Colombia para proyectos de acueducto y alcantarillado, a través de una empresa creada por el ministro Carrasquilla y Andrés Flórez, el director de Fogafín, llamada Konfigura S.A. Se compraron los bonos por debajo de su precio y los municipios quedaron endeudados; así se hizo el desfalco más grande para el Estado colombiano y que con dicha reforma tributaria buscaría cubrir y obtener recursos.
Al ser entrevistado sobre si afectaría a la canasta básica dijo que no y mencionó que la docena de huevos costaba 1800 pesos, la reacción no se hizo esperar en redes sociales por no saber el verdadero costo del huevo, le cuestionaron si era capaz de hacer una reforma tributaria si ni siquiera sabía el costo de productos de la canasta básica. De todos los sectores se manifestaron a través de medios, desde sindicatos, académicos, estudiantes y trabajadores sin ser escuchados por lo cual hicieron un llamado a Paro general el 28 de abril. El 3 de mayo renuncia el ministro de Hacienda, Carrasquilla, tras la crisis provocada por su reforma.
Desde el inicio del paro las protestas no han cesado y continúan extendiéndose por todo el territorio nacional de Colombia debido a los crímenes cometidos por la Policía Nacional el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) que no solo han hecho detenciones arbitrarias sino actos de tortura, asesinatos y desapariciones. La organización Temblores ONG de derechos humanos ha reportado desde el 28 de abril al 26 de mayo 60 agresiones a manifestantes, 43 de los 60 asesinatos fueron presuntamente perpetrados por la policía, 81personas con heridas oculares ocasionadas por la policía, 28 víctimas de agresión sexual por miembros de la fuerza pública y aparentemente asesinados 2 miembros de la fuerza pública.
Aunque las cifras son muy conservadoras respecto a datos que aportan testigos en las manifestaciones y otros organismos de derechos humanos, sin contar con el número indeterminado de desapariciones que comenzaron a aparecer cadáveres de jóvenes en varias regiones y que habían participado de las protestas, que se hicieron descubrimientos macabros que los medios locales no mencionan o guardan un silencio cada vez más cómplice, de lo que puede llamarse ejecuciones extra judiciales.
El ex presidente Álvaro Uribe lanzó un mensaje en la red social Twiter llamando a que el ejército y la policía utilicen las armas. “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, eso publicó el ex mandatario causando mucha polémica entre la oposición y conmoción en la ciudadanía, criticado siempre por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico sin que se le haya investigado una sola vez.
Después de ese mensaje, que la red social borró ante llamados de usuarios de cerrarle su cuenta con la tendencia #TwitterSuspendaCuentaUribe, comenzó la violencia más sangrienta de los últimos tiempos y se desató contra los manifestantes; lo que pareció un verdadero llamado a la guerra, viendo a los manifestantes pacíficos como enemigos de guerra entrando en una lógica de exterminio del enemigo interno, de los manuales militares de la guerra irregular. Se ha considerado no solo una incitación, sino que se señala que el mismo Uribe está detrás de las fuerzas paramilitares.
Ya antes el mismo Uribe había lanzado otro twuit donde decía “Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”. Un concepto del entomólogo de extrema derecha y neonazi chileno Alexis López queha dado cátedra a la policía nacional de Colombia con este tipo de ideas. Para él las protestas son interpretadas como movimientos de guerrillas desarticuladas que combaten “molecularmente al sistema para imponer su propia dominación”; una deformación y malinterpretación a modo del libro de Felix Guatari sobre la revolución molecular.
Y este mensaje es el que mandó Uribe en forma de clave a las fuerzas policiales con lo que inició la violencia saliendo no solo policías a atacar a manifestantes sino civiles o paramilitares considerando ya la protesta social como un riesgo para la seguridad nacional según la clase política y negando el derecho de reunión y protesta social; con este concepto se busca estigmatizar y satanizar movimientos sociales legítimos para señalarlos y desactivarlos a través del lenguaje del miedo y el terror de Estado en conjunto, eso hace Uribe con su lenguaje militarizado y vulgar. Sin embargo, son códigos para actuar.
Cali la capital del Valle del Cauca ha sido uno de los Departamentos donde se ha dado mayor represión con la policía tirando a matar con pistolas en mano. Se dan acorralamientos de la fuerza pública a pequeños grupos de jóvenes y los someten a golpes para después subirlos a camionetas de la policía. En las noches se dan redadas en barrios que han salido al paro para hacer detenciones arbitrarias sin órdenes de arresto y con grupos de pistoleros de civil que en ocasiones disparan a quien llega a interferir y de los jóvenes detenidos es que se desconoce su paradero.
Medellín también ha vivido sus días negros con manifestaciones dispersadas por la policía a tiros y gas lacrimógeno. Bogotá ya se suma a los hechos de asesinatos de manifestantes por parte de la policía y miembros de ellos vestidos de civil, sobre todo en los barrios donde hacen destrozos y quemas culpando a los manifestantes a quienes ya llaman “vándalos” para criminalizarlos y crear un ambiente de repudio en otros sectores de la población.
A todo ello se ha visto gente salir a apoyar a Iván Duque y sobre todo a Uribe la llamada “Gente de Bien” pero que salen con fusiles y pistolas que disparan desde automóviles a la población. Por otro lado, se descubrió que la policía usó un almacén comercial de la franquicia Éxito de Calipso, en Cali como centro de detención y tortura ante denuncias de vecinos que escuchaban ruidos extraños dentro y se observaba entrar y salir con gente detenida y golpeada. Por lo que se hicieron llamados a boicotear a esos almacenes, pero pequeños y medianos empresarios salieron en defensa de la franquicia brasileira. Y aun así ha habido boicot continuo.
Ya a dos meses de iniciado el Paro Nacional se han realizado movilizaciones como la del 28 de mayo que inicialmente fue tranquila y muy pacífica, incluso en ambiente de fiesta, sin embargo, cayendo lo noche comenzó la represión, por un lado en la ciudad de Bogotá en la zona sur en el llamado Portal de la Resistencia y a las afueras de la ciudad en el poblado de Facatativá donde la incursión de la policía nacional llegó hasta las zonas residenciales de los barrios en persecución con granadas lacrimógenas y francotiradores que disparaban directo a la cara de los jóvenes, durando horas la represión.
En Cali también continuó una represión constante donde hubo heridos y muertos a consecuencia de los disparos que hacían tanto las fuerzas de seguridad como grupos civiles armados, también ciudadanos localizaron centros de detención clandestina donde se negaban a dar información sobre los detenidos como el que informó el periodista Alberto Tejada del Canal 2 de Cali. Además de una constante persecución policiaca contra personas que transitaban las calles.
En días recientes se estaban dando acuerdos con algunas alcaldías y grupos de resistencia especialmente en Cali para tratar de dialogar y detener las persecuciones y represión. Sin embargo, otros grupos políticos como el Centro Democrático uribista no están conformes con estos acuerdos primeros y tratan de boicotearlos para que sean fallidos, es claro que no buscan detener el accionar de la policía nacional.
Uno de los aspectos que llama la atención es que después de los twuits que lanzó Álvaro Uribe se vio el incremento de policías reprimiendo, además de los grupos civiles y las “desmovilizadas” Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) que vuelven a aparecer con pintas en algunos barrios de Bogotá para causar terror, aunque se observa en videos y fotos que son las fuerzas policiacas quienes integran los grupos paramilitares urbanos. Y otro dato es que Duque haya incrementado la “asistencia militar” en regiones donde suena más el conflicto social y su protesta contra las medidas del gobierno.
Dentro del mismo gobierno de Iván Duque hay una visión guerrerista al sentir las protestas sociales como amenazas a la seguridad nacional, pero lo que ven amenazados son sus sitios de poder, sus privilegios y posiciones en los estratos más altos dentro de la sociedad colombiana que los hace ver como una elite privilegiada; eso no lo quieren perder, además de algunos políticos con vínculos con el narcotráfico o grupos paramilitares.
Ver a la sociedad como el enemigo interno es lo que les queda para evitar perder todo, hacer una provocación a través de la fuerza pública para escalar el conflicto y crear un ambiente de guerra civil que justifique una represión más brutal, e incluso el ensayo de un golpe de Estado como se observó en el Congreso al momento de estar en Moción de Censura al ministro de Defensa Diego Molano, donde aparecieron uniformados dentro del recinto legislativo como un acto intimidatorio a los congresistas, quienes pedían se retiraran.
Las protestas del Paro no significan una amenaza real para nadie, sino al contrario, es un intento de cambiar las formas del gobierno hacia los ciudadanos y estos a su vez sean consultados en las decisiones a tomar, sin embargo, para el gobierno uribista de Duque si son tomadas como amenaza a los intereses de un grupo político y es por eso que no han cesado los ataques contra una población desarmada pero harta de los abusos del gobierno y sobre todo de las fuerzas públicas como el ESMAD, la policía nacional y el ejército colombianos.
El gobierno no busca resolver un conflicto derivado de las políticas públicas anti populares sino la permanencia del grupo en el poder y un sistema de gobierno centralizado de corte autoritario. Lo va demostrando en cada declaración e incluso en las medidas adoptadas como el impedimento de entrada a la Misión Intereclesial Internacional, que es una organización de derechos humanos que intentaba registrar las violaciones a las garantías individuales, también han desacreditado las declaraciones de Michell Bachelet, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, no respetan a los defensores de derechos humanos como son la Fundación Alba Lucía Sotomayor o la Organización Temblores.
Un conflicto que ha ido escalando con el número de ataques contra los manifestantes aun cuando se está en supuesto dialogo con el Comité Nacional del Paro, aun cuando ya ha podido entrar un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en la ciudad de Cali estos últimos días han sido de terror tanto para los manifestantes como la población en general. En la ciudad de Bogotá también continúan las persecuciones policiales, y a estas se le suma la ciudad de Pereira, otra de las más golpeadas por el desempleo y la pobreza; el Putumayo ya empieza a organizarse.
Pero el terror es lo que ha imperado, es una medida muy recurrente del gobierno colombiano para contener cualquier manifestación de descontento. El terror ya es una doctrina de Estado en la sociedad colombiana desde los gobiernos de Julio César Turbay Ayala, pasando por Virgilio Barco Vargas, Cesar Gaviria, y Álvaro Uribe, quienes han emitido Estatutos de seguridad, de la defensa de la democracia, de la justicia y antiterrorista, respectivamente, que en realidad acabaron con la seguridad, la democracia y la justicia; todos acabaron en un recorte sistemático de derechos y garantías de todos los ciudadanos.
Todo ello no es más que gobernar a través del miedo, del terror para inmovilizar a la gente. Con la creación del Plan Colombia en 1999 se creó el enemigo interno para contener el avance de las guerrillas que podrían dar un vuelco a la política colombiana y del continente americano, y la guerra contra las drogas creada convenientemente desde los Estados Unidos de Norteamérica y sus políticas de seguridad nacional y continental por la lucha por los recursos naturales y geoestratégicos.
El Plan Colombia fue un programa estadounidense que retoma sus bases en el Plan Cóndor, que busca el aniquilamiento del enemigo interno acusado de comunista. Un diseño casi continental pero que tuvo sus réplicas en diferentes países, en este caso Colombia y otro más en México de manera soterrada, pero que apareció en 1968 al acallar voces de protesta por democracia y que terminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre y posteriormente en el llamado “Halconazo” en 1971 con el mismo tipo de operación que el 68 aunque más sofisticado, dando continuidad a una guerra de baja intensidad mal llamada “guerra sucia” o mejor dicho una guerra de exterminio del enemigo interno que eran los opositores al gobierno.
Una muestra de la continuidad de las operaciones continentales de control social como la Operación Cóndor en México, es Alejandro Gertz Manero, quien fue coordinador de la operación anti drogas de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Luis Echeverría, los años del “Halconazo” y posterior al 68, y que actualmente es el Fiscal General de la República con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue las mismas políticas de seguridad profundizando el modelo con más militarización a nivel nacional y dando mayor poder a las fuerzas militares.
Estos métodos de contrainsurgencia han continuado a través del tiempo transformándose en una supuesta guerra contra las drogas, pero usando a los criminales como sicarios del poder gubernamental para evitar señalamientos y acusaciones al gobierno y así desplazar comunidades donde hay interés por los recursos naturales, para asesinar líderes sociales y controlar poblaciones sin que intervengan ni las policías ni los ejércitos, muy parecido en México y Colombia.
En Colombia a través de su guerra contra las drogas, se buscó el aniquilamiento de la insurgencia armada, creando con ello una ideología del miedo al prójimo por ser sospechoso de ser subversivo o delincuente, de delatar para obtener seguridad. Ese es el miedo impuesto a través de la violencia que hoy llega a su máxima expresión con la acción directa contra sus ciudadanos ante el desborde del hartazgo social, de la injustica.
El terror psicológico y social que produce el Estado había controlado por décadas con la sumisión a una población que asimilaba ese miedo y mantenía el status quo de un sistema político. Lo medios de comunicación siempre al lado del poder fueron parte muy importante para imponerlo a través de toda su propaganda desde noticieros hasta programas de entretenimiento, de futbol, de telenovelas y algunos hasta culturales que crean un nacionalismo exacerbado, al grado de una mentalidad poco crítica.
Las universidades también controladas desde sus rectorías y los planes de estudio fueron objeto de escrutinio gubernamental como la Universidad Industrial de Santander que fue reprimida a balazos con el Plan Pistola en 2007 o la ola criminal en la Universidad de Antioquia contra profesores y estudiantes de izquierda, sin embargo, aun con los controles a los planes de estudios los estudiantes si encontraron huecos de salida a ese control y es la misma causa por la que niegan el aumento de la matrícula universitaria para jóvenes de escasos recursos .
Ahora los medios de comunicación masiva como los electrónicos, la prensa escrita y la radio están tratando de influir en la opinión pública y la población con mensajes abstractos sobre el paro nacional, confundiendo a gran parte de sus espectadores, desinformando y estigmatizando a la población con sobre nombres como “vándalos”, dando más espacio a actores políticos afines al gobierno uribista, a la voz empresarial y justificando las acciones ilegales que hace la policía incluso los asesinatos.
Los medios juegan un papel crucial en el control social, son el aparato ideológico del Estado por excelencia, los que hacen propaganda del gobierno para mantener un sistema; aquí también han entrado medios recientes como las plataformas de las redes sociales y que contribuyen a la censura como Facebook, o Twiter que utilizan los políticos como Álvaro Uribe o el mismo presidente Iván Duque para difundir sus mensajes, quienes entienden la importancia de los medios de la tecnología actual, utilizando social bots para replicar sus mensajes y hacer creer que hay apoyo a sus medidas.
Sin embargo, los jóvenes del paro lo han entendido mejor y con esos medios han logrado brincar la censura y la mala información de los medios tradicionales no solo para difundir y llegar más allá de sus límites sino también para convocar en la inmediatez, una herramienta que ha sido de mucha utilidad por el registro de los abusos policiales en el momento en que ocurren, que es lo que temen muchos gobiernos que usan la represión, aunque también buscan tirar y bloquear las transmisiones en vivo durante las represiones.
Hoy la sociedad colombiana ha cambiado, la pandemia ha sido un actor importante en este despertar, pero no el único. Han sido las condiciones de vida recibidas por años, la falsedad e incumplimiento de unos Acuerdos de Paz con la guerrilla de las FARC-EP firmados entre esta guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos; asesinatos de líderes sociales y ex combatientes, y las recientes reformas del gobierno lo que ha hecho estallar un paro nacional de gran alcance.
Por otro lado, para desactivar la movilización el gobierno de la ciudad de Bogotá liderado por la alcaldesa Claudia López, lanza iniciativas de dialogo con las comunidades del paro en puntos de resistencia como el Portal Américas llamado Portal Resistencia, planteando soluciones a medias que no convencen, cosméticas. Como el primer empleo a jóvenes donde no les dan el salario justo. Eso en México ya se experimentó sin dar un resultado de beneficio a los desempleados y solo crear condiciones de más precariedad, sin prestaciones sociales y otros derechos.
Otra de las propuestas es educación técnica, lo que disgusta a los jóvenes como a los padres de familia porque no hay soluciones a necesidades de subsistencia y ven en esa propuesta una direccionalidad vertical en las decisiones de los individuos, a lo que piden se analicen las propuestas con la comunidad, con la sociedad de manera horizontal, democrática y den una educación real y de calidad, gratuita para todos en todos los niveles para tener verdadero desarrollo, pero primero empleo justo.
Además, el gobierno nacional da unas propuestas mínimas para levantar el paro que tampoco convencen y si exigen la apertura de vías de transportación. Los puntos clave de esta agenda son vacuna masiva, reactivación segura y desarrollo social (que contempla empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas); no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y la matrícula cero, que estaría de ver si se cumplen y de qué forma.
Estas son las formas de desactivar la movilización que se ha mantenido a dos meses, aunque también están usando la desinformación a través de medios de comunicación junto con una campaña de desprestigio a los manifestantes sobre todo a los jóvenes de la primera línea a quienes no solo los tratan de vándalos sino que se les ha acusado de supuestos abusos sexuales a chicas manifestantes y otro aún más grave, se les busca vincular con los grupos de narcotráfico de los barrios, creando una total confusión y un rechazo social a la primera línea quienes son los que han mantenido el paro y exigen demandas reales.
Es por eso que el terror se da contra estos jóvenes, con persecuciones, secuestros y asesinatos selectivos cada vez con más frecuencia y hasta un joven decapitado, en Cali ya se habla de más de cien desaparecidos. Esto claro inhibe la participación ciudadana, el efecto que se busca hace mella en la gente, genera miedo, a través de eso quieren desarticular cada punto de resistencia aunado a ataques constantes de la policía nacional y el ESMAD. El gobierno de Duque sabe que el miedo inmoviliza y lo usa indiscriminadamente.
El comité nacional del paro ya hace posibles negociaciones con el gobierno y buscan desactivar de esta forma todo el movimiento, por eso los grupos de resistencia en diferentes ciudades se han manifestado para rechazar esas negociaciones a espaldas del movimiento social. Sin embargo, también la minga indígena rechaza los acuerdos porque el gobierno tergiversa los documentos, cuando ya han sido acordados les presentan otro. El gobierno colombiano juega sus cartas en diferentes frentes para desactivar o para aislar al movimiento y así la represión sea efectiva y sin escándalo.
Sin embargo, aún queda mucho trecho para que este grave conflicto finalice porque hay demandas que no se han contemplado, cosas importantes como reformar a la policía nacional, sus prácticas y su vínculo con los mandos militares, la persecución policial contra los jóvenes participantes en el movimiento social, la búsqueda de desaparecidos durante el paro, los crímenes contra la ciudadanía y castigo a los culpables, entre las demandas sociales, económicas, de salud, culturales y educativas.
Lo que ya se empieza a observar es que poco a poco el mismo Centro Democrático deja solo a Iván Duque, Uribe se desmarca haciendo creer que no está de acuerdo a las políticas del presidente, es una forma de golpe blando ya ensayado contra el gobierno de su mismo partido y de Álvaro Uribe, de cara a las elecciones presidenciales de 2022 en el país sudamericano. Las manipulaciones de quien está detrás de la escalada de violencia policial son ridículas y burdas.
Aunque también aparecen atentados sospechosos como el carro bomba dentro de las instalaciones de la Trigésima Brigada del ejército de la ciudad de Cúcuta. En la misma ciudad otro atentado contra l helicóptero en el que viajaba el presidente con impactos de bala de mediano alcance. Una situación muy turbia para el ambiente político. Como se menciona hay divisiones dentro del partido de Iván Duque y además pierde legitimidad su gobierno. Todo es un clima peligroso para la ciudadanía que puede ser acusada de cualquier cosa.
El movimiento social continúa. La sociedad o en manifestaciones o arrinconada entre el desempleo y el trabajo para no caer en crisis. Pero los medios han hecho su labor de aislar al movimiento de protesta sin lograrlo del todo a pesar de la propaganda de difundir el futbol y programas sin trascendencia.
Ahora se hacen detenciones a los jóvenes que hacen transmisiones en vivo de las represiones, ya sucede en Cali y en Bogotá la policía dispara directo a quienes transmiten través de las redes sociales que son monitoreadas desde la policía nacional; así también cuando hay transmisión intentan bloquearla o que caiga la señal, además de cortes de energía eléctrica en sectores sociales de resistencia para evitar toda comunicación. También los periodistas han sido objeto de abusos y acoso los recientes días con más agresividad, sean nacionales o extranjeros y esta es la censura a la que recurre un Estado totalitario.
En los barrios del sur de la capital como Suba y Usme se ha incrementado la violencia. La resistencia se incrementa también en ciudades como Popayán y la ciudad de Pereira golpeada por la pobreza pero que ahora son los jóvenes quienes salen a defender sus derechos, sobre todo las mujeres y menores de edad en enfrentamientos heroicos contra los escuadrones del ESMAD días recientes, con una mejor organización y solidaridad de la gente y ellos acuden a quien pide ayuda.
Pero no se puede ocultar lo que sufre un país golpeado por la brutalidad de un régimen dictatorial y los jóvenes no dejan de resistir. Es claro que el país no aguanta una década más de violencia y se convierte en un polvorín que se le revertirá al gobierno y en un peligro continental por los alcances que pueda tener, la gravedad de una dictadura en pleno siglo 21 y que puede replicarse en la región, un retroceso para toda América Latina que no debe pasar.
Es necesario un pronunciamiento de la comunidad internacional y no solo de los organismos de derechos humanos sino de los países de verdad democráticos para detener esta barbarie que padece el pueblo colombiano, nadie debe ser indiferente al dolor de una nación que exige sus derechos y vida digna.