Casi 22.000 personas migrantes han llegado a Canarias este año sin apenas red de acogida ni abogados e intérpretes. Las islas españolas muestran el fracaso de las políticas migratorias en la Europa fortaleza
Abdeljalil muestra el documento que resuelve su devolución mientras asegura no haber visto todavía a ningún abogado. Se encuentra en el Puerto Azul, un hotel más del faraónico complejo turístico de Puerto Rico, al sur de Gran Canaria. El lujo que desprende el lugar contrasta con la pobreza de sus nuevos inquilinos temporales. Por la noche no se observa prácticamente ninguna luz encendida en todo el pueblo. La pandemia ha vaciado los hoteles.
“Aquí nosotros tenemos la visión de un hotel para pasarlo bien, pero ellos sufren porque están en un hotel mientras su mujer pasa hambre y se sienten culpables porque quieren trabajar”, explica Mame Cheik, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias.
Hasta el 15 de diciembre y según datos del Ministerio de Interior han llegado a las islas 21.452 personas, lo que supone nueve veces más que en el mismo periodo del año pasado. Sumado a las nuevas arribadas de los últimos días, el número total rozaría las 22.000 personas. En las islas ahora se encuentran más de 8.000 personas migrantes, de las que cerca de 2.000 son menores.
En el balance histórico es el mayor número de llegadas desde la denominada “crisis de los cayucos” en 2006. El pico ha tocado techo en noviembre, aunque Thomas Nuding, del barco de rescate Sarah Seenotretrung, está convencido de que “volverán pasado el mal tiempo”.
Dos días después de nuestra conversación, Abdeljalil, de 23 años y originario de El Kelaa des Sraghna, en el interior de Marruecos, será trasladado al antiguo colegio León, uno de los seis centros de acogida que se incluyen en el denominado Plan Canarias. En el plan está también el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, CATE, de Barranco Seco. En total se planea disponer de unas 7.000 plazas de alojamiento en todo el archipiélago.
Entre las causas de esta reactivación de la ruta canaria se encuentran el endurecimiento de las de Grecia y los Balcanes, así como la del Mediterraneo Central. Una de las novedades es que cerca de la mitad de las personas que han llegado este año son de Marruecos.
En este caso se encuentran muchos jóvenes como Abdeljalil, que huyen de la pobreza endémica, agravada por la pandemia y el incipiente conflicto armado con el Frente Polisario después del incidente del Guerguerat. A esto se añade también la extenuación de los bancos pesqueros en el Sahara Occidental, esquilmados por los acuerdos pesqueros con grandes flotas de países ricos.
“Les preguntabas qué había cambiado este año y nos decían que no solo era la crisis sino que ahora el gobierno de Marruecos les estaba dejando salir”, explica el eurodiputado Miguel Urbán, quien recientemente estuvo visitando las islas para evaluar la situación. Los pactos con terceros países forman parte de la externalización de fronteras, uno de los pilares de la denominada Europa Fortaleza.
Txema Santana, técnico de Cear Canarias, valora de manera ambivalente el nuevo Plan Canarias puesto en marcha por el Gobierno central. Por una parte ve una clave positiva porque “apenas existía una red de acogida”, pero por otra señala que “abre la puerta a ese efecto perpetuo de conceptualizar a las islas como un territorio de identificación, retención y expulsión”. Una situación que, asegura, “ya no es una posibilidad sino una realidad”.
A Tenerife sí, a Huelva no
Tras el desalojo, a finales de noviembre, del muelle de Arguineguín, donde llegaron a vivir hacinados más de 2.600 personas, 200 de ellos viajaron desde Gran Canaria a Tenerife con el objetivo de tomar un barco hasta Huelva. Ese desplazamiento entre islas se permitió, pero a la hora de embarcar a la península apenas pudieron hacerlo una treintena. El resto quedaron varados. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife señaló directamente al Ministerio del Interior como responsable de esta situación.
También se ha establecido un bloqueo de dudosa legalidad por aire, con fuertes controles en los aeropuertos para personas que ya han comprado su billete valiéndose de su pasaporte en regla. “Vulnera el derecho deambulatorio y de movimiento dentro del mismo territorio”, denuncia Ane Ormaetxe, abogada colaboradora de la madrileña Coordinadora de Barrios, asociación que trabaja con jóvenes y menores desde los años ochenta y que acudió a Canarias el mes pasado para proporcionar asistencia letrada y evaluar la situación.
“Ayer me llamó un chico que había comprado un billete con su pasaporte y no le dejaron entrar. Durmió en la calle. Cruz Roja, que está desbordada porque están haciendo cosas que no deberían tener que hacer, les dice a los chicos que con pasaporte pueden viajar y luego van a viajar y no les dejan”, explica Cheikh.
En la denominada Europa Fortaleza las fronteras funcionan como anillos de seguridad en torno al corazón de su zona más próspera. La primera matrioska serían las mismas fronteras nacionales de los países periféricos, quienes por los protocolos de Dublín están obligados a tramitar la solicitud de asilo y/o expulsión de las personas que han llegado de forma irregular. Es el caso de Grecia, Italia o España.
La segunda barrera, o la primera según la perspectiva, se encuentra en los territorios insulares o exclaves dentro de estos países periféricos. Es el caso de Lesbos, Lampedusa, Melilla, Ceuta o Canarias. Paradójicamente, Canarias fue el primer lugar donde se probó este sistema en 2006 cuando llegaron a las islas cerca de 38.000 personas.
Para Olga L., investigadora griega especializada en los movimientos migratorios, esta dinámica se inició a comienzos de los 2000 coincidiendo con las políticas antiterroristas a nivel global. “Europa necesitaba un nuevo y palpable antagonista y ese fue el migrante”, señala la académica, que pone de manifiesto que el problema no ha sido la “crisis migratoria”, sino la “crisis de las políticas migratorias europeas”.
La externalización de las fronteras
El más externo de los muros que se levantan en torno a la Unión Europea es el que menos se ve. Radica en los acuerdos con los países limítrofes y allende. Es el caso de Turquía, con quien la UE firmó el denominado “pacto de la vergüenza” en 2016 o los más recientes acuerdos con los gobiernos de Libia.
Estos pactos se inauguraron en Canarias en 2007 con países como Mauritania o Marruecos, cuyos acuerdos han sido actualizados rápidamente en los últimos meses. A finales de noviembre, el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con su homólogo en Marruecos y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, voló a Senegal de visita oficial. España tiene acuerdos de memorandums tanto con Mauritania como con Senegal.
Urbán, miembro de Anticapitalistas, atribuye el que Marruecos haya relajado sus controles fronterizos a que esta política es una “válvula de escape frente a problemas internos” así como una herramienta de presión internacional. “Nosotros les permitimos ese chantaje, que también hemos visto con Turquía. Cuando quieren algo de Europa abren el grifo, y esa capacidad se la han dado las políticas europeas a cambio de dinero y favores políticos”, explica el miembro de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.
Parte de estos acuerdos versan sobre devoluciones, que a veces se realizan incluso a países de tránsito, que no son el de procedencia. “Hace dos meses deportaron a 22 senegaleses a Mauritania porque Senegal no había formado el protocolo de la deportación. Estaban vulnerando los derechos de estos chicos porque en Mauritania se trata muy mal a los negros, pasaron largo tiempo en una nave comiendo solo pan”, relata Cheick.
La ruta se traslada hacia el oeste
Tradicionalmente, gran parte de las personas que llegan a Canarias son del África Subsahariana. De países como Senegal, Guinea, Costa de Marfil o Mali, un país que sufre un conflicto crónico. Con las últimas arribadas en la noche del 25 de diciembre, en la que fueron rescatadas unas 156 personas subsaharianas, se invierte la tendencia de mayores llegadas desde Marruecos en los últimos meses.
La mortalidad en la ruta atlántica es una de las más altas del mundo. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en lo que va de año han muerto al menos 592 personas intentando alcanzar el archipiélago. El número real es desconocido. A lo largo de 2020 Alarm Phone, un colectivo que sirve de puente entre la gente que emprende el camino y las autoridades, ha asistido, sin contar las llegadas este fin de semana, al menos a 40 embarcaciones, de las que tres naufragaron y cinco están desaparecidas.
“Pasamos 5 días en el mar y el agua y la comida se acabaron al segundo”, relata Baidudu Sillah, un sosegado chico senegalés de 21 años, que enseña orgulloso un cuaderno de cuadrícula con sus apuntes de español. Su lengua materna es el wolof, pero aprende castellano desde sus conocimientos de francés. Lleva unos nueve días en Gran Canaria y ya se lanza a chapurrear el poco español que sabe. Tras ser rescatado pasó tres días en el improvisado campo del muelle de Arguineguín. La información de la que dispone sobre su futuro inmediato es prácticamente nula.
El Colegio de Abogados de las Palmas denunció en una nota de prensa de mediados de noviembre la falta de abogados e intérpretes para asistir a las personas migrantes, así como las condiciones en que los letrados tenían que trabajar en Arguineguín. Actualmente, según fuentes jurídicas, el ratio habría pasado de 30 personas por abogado a seis.
“Hay chicos que llevan más de un año en los centros, sin actividad y sin nada qué hacer; el estrés y la frustración hace mella, sumado a la incertidumbre de no saber qué van a hacer mañana”, explica Cheikh.
El también trabajador social aduce asimismo la falta de información en los países de origen. “Hay personas que hay que deportar porque creen que van a llegar a Europa, trabajar y ganar mucho dinero mientras que antes estaban en una buena situación. Aquí pueden estar 10 años sin documentación y sin poder trabajar”, detalla.
Síntomas locales de una cuestión global
“El dinero que viene [para pagar los hoteles] es de la Unión Europea pero indirectamente es el dinero de África porque la UE sigue explotando a África; el problema es global. Los memorandums que están firmando con Mauritania, Senegal… Es algo que debería hablar la Unión Europea con la Unión Africana, dejando a un lado los intereses partidistas del momento”, denuncia Cheikh.
En esa óptica se mueve también Santana, que plantea que la humanidad no está estableciendo el “diálogo correcto” entre las personas que formamos parte de ella y que este es un momento crucial porque va a reflejar “quién queremos ser y qué vamos a hacer en las próximas décadas”.