El día anterior al terremoto -el 26 de febrero-, la «justicia chilena» puso de nuevo tras las rejas al comunicador mapuche Pascual Pichún Collonao, de 28 años, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El joven, que goza de un estatus de refugiado en el país allende Los […]
El día anterior al terremoto -el 26 de febrero-, la «justicia chilena» puso de nuevo tras las rejas al comunicador mapuche Pascual Pichún Collonao, de 28 años, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El joven, que goza de un estatus de refugiado en el país allende Los Andes, fue detenido en las calles de Temuco, cuando viajó a Chile para visitar a su padre enfermo, el lonko (jefe indígena) de Traiguén Pascual Pichún.
Ésta detención es otro jalón en una larga historia de injusticia y persecución contra la familia Pichún, alentada por el poderoso abogado y latifundista Agustín Figueroa Yávar, ex ministro de agricultura de Patricio Aylwin y ex miembro del Tribunal Constitucional, de gran influencia en la judicatura chilena. Casualmente, este mismo abogado introdujo el 10 de marzo un recurso que favorecería al club Colo Colo y a los dos grandes equipos universitarios (la Chile y la Católica), en la distribución de los 30 millones de dólares que deja como excedente el Canal del Fútbol, en detrimento de las otras 29 agrupaciones profesionales. Y para más casualidad -que nada tiene que ver con el caso Pichún-, ese mismo día los principales dueños del equipo renunciaron al directorio de la sociedad anómina que maneja el club -porque lo exige la ley-: Sebastián Piñera y su viceministro de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quienes asumieron sus respectivos cargos en la jornada siguiente, el 11 de marzo, justo con otro terremoto que aterrorizó a los invitados extranjeros, pero de menor intensidad.
La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y otras instancias profesionales latinoamericanas y europeas, reclamó la libertad del comunicador y estudiante de periodismo, cuyo caso como víctima de derechos humanos elementales ya fue zanjado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sin que la justicia chilena acate su recomendación, como tampoco hace caso a las normas internacionales emanadas de tratados sobre las etnias indígenas que el Estado Chile se ha comprometido a respetar, convertidos en letra muerta pese a la ratificación del parlamento y el cacareo a los cuatro vientos del doble discurso del poder ejecutivo. Entretanto, el sistema judicial chileno se encuentra virtualmente colapsado por el terremoto, que derrumbó o dejó inhabitables 190 sedes, incluyendo edificaciones relativamente nuevas, como el edificio de los 30 juzgados civiles de Santiago. Muchos papeles están sumergidos entre los escombros.
Historial de persecución
En 2003, el lonko Pichún y sus hijos Pascual y Rafael fueron condenados a 5 años de cárcel, acusados de quemar un camión de Figueroa. Al cumplir 1 año recibieron el beneficio de pena remitida. Pero ante la incapacidad material de solventar una millonaria indemnización a Figueroa -atada a la condena-, fueron buscados de nuevo para pagar con cárcel. Después que, en 2006, la CIDH acogió en Washington el reclamo de la familia Pichún contra el Estado Chile, el caso está listo para pasar a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Esta instancia es relevante, aunque su fallo corra el riesgo de convertirse en otra expresión del folklórico «derecho a pataleo», en un país que hace poco caso a las instancias internacionales.
Cuando los buscaron para pagar con cárcel, los hermanos Pichún se declararon en rebeldía. Rafael fue detenido tras permanecer prófugo durante varios meses, mientras Pascual apareció en Buenos Aires en diciembre de 2005. Allí solicitó refugio político ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), respaldado por instituciones de derechos humanos de Argentina, y personalidades como el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Su petición fue acogida a tramitación, es decir, Pascual fue reconocido como «peticionante» y quedó bajo el resguardo del Estado argentino y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mientras el CEPARE estudia su solicitud.
Aunque el trámite puede tardar un promedio de hasta 8 años, dicen que el CEPARE «es bastante riguroso a la hora de acoger o no a tramitación una petición de refugio político». Por el sólo hecho de aceptarlo como «peticionante» significa que su caso aportó antecedentes sólidos para presumir persecución política del gobierno chileno -sea cual fuere el gobernante de turno- en contra suya y de su familia. Al acoger la tramitación, el CEPARE dictaminó que Chile no le garantiza a Pascual su derecho a un debido proceso.
El preso necesita solidaridad
Pascual no ha perdido su tiempo en los 5 años que lleva en Argentina. Además de estudiar periodismo, se ha destacado como conductor de radio con un programa semanal sobre pueblos originarios en FM Estación Sur de La Plata. Y desde 2006 también es corresponsal del periódico mapuche Azkintuwe, fue elegido delegado de su facultad ante la Federación Estudiantil de la UNLP y el 10 de febrero fue designado responsable del portal Internet del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina (http://www.originarios.org.ar
Su vida transcurrió sin sobresaltos en la capital del tango, hasta que decidió ingresar legalmente a Chile para visitar en la comunidad Temulemu a su padre, el lonko Pascual Pichún, quien se encontraba delicado de salud. Y así llegó el 26 de febrero, día en que Pascual hijo se tropezó con la policía, que lo aprehendió en las calles de Temuco para enviarlo de nuevo a la cárcel de Traiguén. A causa de los destrozos del terremoto y la consiguiente paralización de la actividad judicial -no sólo en esa región llamada La Araucanía-, quién sabe cuándo Pascual será conducido ante un juez para tener entonces la oportunidad de apelar a su injusto encarcelamiento.
Entretanto, el prisionero mapuche aguarda que sus abogados puedan solicitar al tribunal que decrete la «prescripción media» de la causa, para que pueda salir en libertad, por haber transcurrido más del tiempo de su condena a 5 años en 2003. Y toda expresión de respaldo y solidaridad, de personas e instituciones, como la emitida por Ciap-Felap y la federación de estudiantes de la casa de estudios de La Plata, contribuirán a la pronta libertad del joven comunicador preso de Traiguén. Las comunicaciones solidarias pueden enviarse al correo del periódico en que escribe: [email protected]
http://www.argenpress.info/