El tema de la participación política será el eje de las próximas conversaciones entre el gobierno y las Farc/EP en La Habana, una vez se cierren los diálogos sobre el desarrollo rural, en el que quedan aspectos pendientes como el de la explotación minero energética, la extranjerización de la agricultura y la ganadería extensiva. La […]
El tema de la participación política será el eje de las próximas conversaciones entre el gobierno y las Farc/EP en La Habana, una vez se cierren los diálogos sobre el desarrollo rural, en el que quedan aspectos pendientes como el de la explotación minero energética, la extranjerización de la agricultura y la ganadería extensiva.
La democracia participativa como forma de organización del régimen político es una materia con presencia en el debate público nacional a raíz de la expedición de la Constitución de 1991.
Sin embargo, la incoherencia del texto normativo, que institucionalizó formas de intervención permanente del ciudadano en la configuración y gestión del poder público al tiempo que perfiló el terreno para la implantación del modelo neoliberal, junto con la perpetuación de los dispositivos militares y de coerción, tornaron irrelevante el repertorio de los derechos políticos y ciudadanos, consagrados formalmente.
La «democracia participativa» devino, en las dos últimas décadas, en la ideología oficial encargada de encubrir y embellecer las lacras sociales conocidas del neoliberalismo y la brutalidad militarista contra los derechos humanos de millones de colombianos, víctimas de masacres, torturas, homicidios, desapariciones y desplazamientos. A su amparo se agravó la polarización social, se acentuó el exterminio de la Unión Patriótica, se entronizó en el gobierno el paramilitarismo, se acribillaron miles de sindicalistas, se dieron los «falsos positivos», se extendió la corrupción, prospero el clientelismo y la democracia asumió la condición de un instrumento de dominio de los políticos, al margen de las masas populares.
Son los fenómenos que obligan a la reflexión y el dialogo sobre este tema en la Mesa de La Habana, como una factor fundamental de la paz.
Hay varios elementos que seguramente serán abordados a profundidad por los delegados plenipotenciarios.
De manera general, sugiero los siguientes asuntos: i) El papel del Estado y sus instituciones; ii) la esencia y naturaleza de la democracia participativa; iii) las instituciones de una democracia participativa;iv) la fragmentacion del poder y los espacios participativos; v) la iniciativa popular en materia legislativa; vi) la democracia partidaria y la politizacion de los debates; vii) un espacio público abierto y plural; viii) el resguardo de los derechos humanos; ix) la libertad personal frente a los problemas morales; x) los espacios de lucha; xi) la «nueva economía de las equivalencias» orientada a la satisfacción de las necesidades básicas, la economía mixta y el desarrollo de «sujetos económicos»; y xii) la creación de una cultura del ser (individuación, entendimiento y creatividad) y de una cultura comunitaria (fraternidad y amistad).
Un Foro público sobre participación política que se de a finales de Abril abordará estas problemáticas a profundidad.
Adicionalmente es oportuno iniciar ya el recorrido con lo que deben ser los derechos que se le reconozcan a la Oposición democrática y a los movimientos políticos que se conformen a partir de los acuerdos de paz.
Efectivamente el derecho a la oposición quedó establecido en el artículo 112 de la Constitución de 1991, pendiente de una ley estatutaria. No obstante, han pasado 22 años y la norma quedó convertida en letra muerta, mientras la Oposición ha sido victima de la arbitrariedad, la persecución, la exclusión y el ventajismo de la élite dominante. Llenaríamos paginas enteras de un «libro blanco» con todos los eventos y sucesos trágicos que han afectado a los partidos y movimientos opuestos al Estado y el régimen oligarquico colombiano, en los últimos años.
En la época en que el Senador de la UP, Manuel Cepeda, ejercía su cargo legislativo, antes de ser asesinado en las calles de Bogotá por miembros del Ejercito y la XIII Brigada, elaboramos un proyecto de Estatuto de Oposición, radicado en el poder legislativo.
Retomo para el debate algunos puntos de dicha propuesta.
– Sugerimos una definición de Oposición democrática entendiéndola como la actividad de critica y fiscalización, parlamentaria y extra parlamentaria, de aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones, movimientos y partidos políticos que no comparten las bases del régimen político y las politicas del gobierno en ejercicio, para lo cual formulan legitimamente alternativas e iniciativas en todos los ámbitos de la sociedad política.
– La Oposición democrática tendrá los siguientes derechos políticos: i) derechos parlamentarios; ii) derecho de información; iii) derecho de participación; iv) derecho de consulta previa; v) derecho de colaboración legislativa; vi) derecho de comparecencia; vii) derechos regionales, departamentales, municipales y locales; viii) derechos administrativos especiales en la configuración de las carreras de los empleados y funcionarios gubernamentales; y ix) derechos electorales.
– Se establecerá una Procuraduría especial para los derechos de la oposición a cuyo cargo se designará un representante de los partidos de la oposición.
– Se crearan mecanismos especiales de seguridad y protección de los líderes y militantes de los partidos y movimientos de la Oposición y de las agrupaciones que se conformen a partir de los acuerdos de paz. Los esquemas de seguridad correspondientes serán coadministrados entre funcionarios gubernamentales y delegados de la oposición.
-La Oposición democrática tendrá un sistema nacional de prensa e información en los medios públicos de comunicación para que exponga sus tesis y programas políticos. Habrá delegados de la Oposición en la Comisión Nacional de Televisión y en las juntas que administren los otros sistemas de comunicación en el Ministerio correspondiente.
– La Oposición democrática intervendrá en los espacios institucionales de definición y control de la política nacional de seguridad, de organización de los programas de defensa, del orden público y de administración y gestión de las Fuerzas Armadas y cada una de sus ramas.
– La Oposición democrática participara en los espacios de definición y ejecución de la política macroeconomica, como la Junta Directiva del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeacion Nacional.
– La Oposición democrática hará presencia efectiva en la definición de la política internacional del Estado y su participación en los organismos multilaterales correspondientes.
– Se elaborará un Informe anual o «libro blanco» del ejercicio de los derechos de la Oposición en Colombia.
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