Documento elaborado para el Seminario Político del Techo Común, en representación de las 4 plataformas que lo integran
1. Los conflictos y requerimientos de las potencias capitalistas industrializadas y la audaz adaptación de la élite mafiosa dominante en Colombia. La globalización de las crisis económicas y ecológicas y los conflictos en torno a las materias primas estratégicas como el petróleo, el agua, la biodiversidad, los metales nobles, etc. están incidiendo de manera creciente en la dinámica del conflicto armado interno en Colombia, en la reconfiguración forzada de su modelo productivo, en el comportamiento político de las élites dominantes, y por esta vía, en la redefinición de la vocación económica del país, su especialización productiva y por ende en la formas como se crea, se distribuye y se acumula la riqueza y la pobreza en la sociedad Colombiana.
Mientras los modelos económicos basados en la desregulación y la liberalización a ultranza han hecho crisis en casi todo el mundo, y vienen siendo replanteados en casi todos los países de América Latina, en Colombia las políticas neoliberales que privilegian las inversiones extranjeras, las privatizaciones y la orientación externa de la economía se han llevado más lejos que en cualquier otro país de la región y siguen siendo impulsadas desde el Estado de manera desaforada.
Los impactos en términos de desestructuración de la economía y de segmentación social alimentan un conflicto social y político en donde las desigualdades crecientes, el empobrecimiento rampante, la exclusión de más de la mitad de la población de acceso a condiciones mínimas de dignidad y de privación de los bienes y servicios esenciales a la mayoría de la población coinciden con la prolongación y degradación de un conflicto armado interno que ha desbordado las reglas del derecho bélico y ha generado una victimización masiva de la población civil. Esta victimización se expresa en un clima persistente de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y una casi absoluta impunidad que se ha agravado en los últimos años con el ascenso de una mafia narcotraficante y paramilitar que con el pretexto de combatir el accionar de las guerrillas se consolidó como poder local y regional, ejerció el terror de manera sistemática sobre la población, practicó el despojo masivo de bienes y tierras a la población, cometieron unas 3,500 masacres entre 1982 y el 2005, desaparecieron a más de 15,000 colombianos, que sepultaron en unas 4,000 fosas comunes, y han asesinado a más de 1,700 indígenas, 2,571 sindicalistas y cerca de 5,000 dirigentes políticos de la izquierda. Cuatro millones de desplazados ha dejado el conflicto, y se estima que los victimarios han robado unas seis y medio millones de hectáreas de tierra.
Con un poder económico, militar y político tan enorme, la mafia narcoparamilitar, que desde fines de los años 80 había comenzado un intenso proceso de alianzas con las autoridades militares, los empresarios regionales, los medios de comunicación y distintos sectores de los partidos políticos, la justicia y otras entidades estatales, pudo por fin agruparse como movimiento unificado para dar el salto a la toma del control del poder central del Estado alrededor de la candidatura presidencial de Uribe Vélez en el 2002. Una amplia alianza de conglomerados económicos, el sector financiero, ganaderos y los sectores del capitalismo agrario y latifundista convergieron con las mafias unificadas del narcotráfico y del paramilitarismo que a través del control territorial y social de una gran parte del país lograron llegar al poder del Estado a través de la alianza con Uribe Vélez y los partidos que lo apoyaron, llegando a controlar en el período pasado cerca del 35% de la representación en el Congreso, según reconoció su vocero Salvatore Mancuso.
Esta amplia alianza de fuerzas políticas y paramilitares contrainsurgentes se legitimó rápidamente apelando al discurso de la seguridad y la derrota de las guerrillas, recibiendo el apoyo del rechazo que en crecientes sectores de la población generaba la frustración del proceso de paz del gobierno Pastrana, y sobretodo, la multiplicación de los abusos y las flagrantes infracciones al derecho internacional humanitario, utilizadas por las FARC, que convenientemente explotadas por los medios de comunicación generaron el clima de aceptación de la propuesta autoritaria de la seguridad democrática de Uribe Vélez, como prioridad básica del Estado.
De este modo, y en función de los apoyos prestados, la mafia paramilitar, latifundista y narcotraficante pudo hacerse reconocer como parte de la élites y exigió a través del «proceso de negociación» no sólo la impunidad para sus atrocidades del pasado (y del presente) sino ante todo un espacio amplio para sus negocios y una legalización de los bienes y tierras obtenidos a lo largo de dos décadas de despojo y desposesión violenta de la población campesina. El Proyecto Visión Colombia 2019 le dio cobertura legal a las líneas estratégicas de este proyecto y anuncia una amplia reconfiguración económica, social, política y demográfica del país, con miras a hacer del país una economía primario exportadora de bienes agrícolas, energéticos, y mineros, jalonada por las inversiones del capital transnacional, del sector financiero nacional, y de los nuevos actores emergentes del de las mafias narcoparamilitares, indultadas y legitimada su presencia en la vida económica y política por medio de las garantías de impunidad contenidos en los procesos adelantados al amparo de los procesos de Ley de Justicia y Paz.
2- El Crecimiento de una Economía Especulativa, Depredadora, y Excluyente. Durante el año 2007 la economía colombiana creció un 7,52% del PIB, la más alta en las 3 últimas décadas. El elevado crecimiento económico presentado por el país por el país en los últimos 5 años ha sido presentado por el Gobierno como producto básicamente de la confianza generada entre los inversionistas por la política de Seguridad Democrática, y las buenas medidas económicas del Gobierno.. Sin embargo, este crecimiento es inferior al de otros países de la región que se han alejado de las orientaciones neoliberales y han orientado sus economías al control soberano sobre sus recursos y la expansión del mercado interno y las necesidades básicas de la población, como Uruguay (7,6%), Panamá (9,5%), Perú (8,2%), o Venezuela (8,4%)[1]. Aún así hay que reconocer que como lo reconoce Santiago Levy, uno de los altos directivos del BID «es difícil saber si el crecimiento de América Latina es por buenas políticas o buena suerte»[2]. En efecto, las bases económicas de la «Seguridad Democrática» se han sustentado en una fase expansiva del ciclo económico, que ya ha llegado a su fin, con el reconocimiento formal de la recesión en Estados Unidos a comienzos del 2008. Durante estos 5 años ha habido un contexto con crecimiento de la economía mundial, altos precios de materias primas, en especial los combustibles y los y condiciones financieras favorables, a nivel mundial, jalonadas por el crecimiento desbordado del consumo en los Estados Unidos (Consumo al debe, financiado con bajísimas tasas de interés que llevaron al sobreendeudamiento de las familias con hipotecas que hoy se señalan como causa de la recesión) y la demanda creciente de materias primas por parte de China, la India y otras economías emergentes.
En Colombia además de esto el crecimiento se sustentó en el ofrecimiento desmedido de privilegios y garantías a la inversión extranjera, al auge de la economía del narcotráfico y a la masiva incorporación de dineros de las mafias narcoparamilitares a la economía legal, producto de las condiciones en que se dio la negociación el proceso de «desmovilización» de estas estructuras mafiosas criminales, conformando una economía sustentada sobre bases de depredación acelerada de los recursos naturales, la sobreexplotación de la mano de obra, el perfil especulativo y mafioso de las inversiones y la exclusión de la mayoría de la población de los beneficios del crecimiento económico
En efecto, el gran incremento de la Inversión extranjero directa (9.028 millones de dólares), se dio principalmente (61%) el sector de minería y petróleo, producto de la subasta de amplios campos del territorio nacional para su explotación descontrolada por parte de las transnacionales[3]. Este crecimiento, al igual de la expansión de la economía de los agrocombustibles, dominada mayoritariamente por los «señores de la guerra» que consolidaron su dominio sobre la tierra como fruto de la negociación paramilitar, evidencia que el modelo económico que se ha impuesto sustenta su crecimiento en la capacidad de transformar valores naturales gratuitos (apropiación violenta de la tierra o subasta del territorio a transnacionales) en valores mercantiles que generan ganancias descomunales, además de la sobreexplotación de la mano de obra que se impuso mediante la Reforma Laboral del año 2002 y que implicó pérdidas para los trabajadores, y por lo tanto ganancias para los empresarios, que ascendieron a 2,1 billones de pesos durante los 4 primeros años de su aplicación[4]. A esto se suma el disciplinamiento mediante el terror que ha significado para la fuerza laboral del país el asesinato de 2574 sindicalistas, haciendo más desventajosas aún las relaciones entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.
El carácter especulativo del crecimiento económico se evidencia principalmente al analizar los factores que lo determinaron: Un elevado crecimiento de las utilidades del sector financiero, un aumento elevado de las importaciones dirigidas a los sectores de alto ingreso (bienes de capital y consumos suntuarios), y un incremento asombroso de las remesas del exterior (4.493 millones de dólares, cuando en el 2006, habían llegado a 3.890 millones de dólares, en un contexto en el cual las remesas han descendido para la mayoría de los países de la región como producto de la desaceleración en la economía norteamericana, lo que sin duda encubre una masiva entrada y legalización de dineros producto del narcotráfico). Además de esto, la construcción fue la actividad económica que más aportó al crecimiento del Producto Interno Bruto, siendo este un sector en donde los promotores y especuladores inmobiliarios, de construcciones lujosas para estratos altos, grandes construcciones y centros comerciales, han encontrado el principal sumidero para la legalización y blanqueamiento de dineros producto de actividades de la economía ilegal y mafiosa.
Paralelo al crecimiento de la economía depredadora (minera y petrolera) y la economía mafiosa y especulativa, se ha venido presionando, vía liberalización, sometimiento a la competencia con las economías externas y subsidiadas, el desmonte y debilitamiento de los más importantes sectores de la economía real y productiva, aquella que genera las mayores oportunidades de empleo y medios de subsistencia para la población de menores ingresos: la agricultura solo creció un 2,58%, los sectores textiles y de confecciones y la pequeña y mediana industria se encuentran en crisis producto de la elevada revaluación propiciada por el debilitamiento mundial del dólar pero agravada en Colombia por la entrada masiva de dineros ilegales y los incentivos a ingreso de capitales producto de los privilegios a la inversión y los altos rendimientos que obtienen los capitales en Colombia.
En suma, se han acentuado los rasgos mafiosos y especulativos del modelo económico, ampliando los niveles de exclusión y dando soporte a un crecimiento económico que no genera empleo ni beneficios para la mayoría de la población, y profundiza un patrón de crecimiento sustentado en una devastación acelerada de los recursos naturales, una sobreexplotación de la fuerza laboral y un abandono de las responsabilidades sociales del Estado, y su sustitución por una amplia red de relaciones clientelares en donde los pobres deben someterse de manera «voluntaria» a las estructuras de control social y político del Estado Comunitario, ser funcionales a las políticas de seguridad y al modelo económico impuesto y aceptar el patronazgo de las formas cívico-militares que mediante la Doctrina de Acción Integral busca legitimar la presencia militar del Estado en los territorios donde se desarrolla el conflicto armado, donde la población se refugió en alternativas económicas relacionados con los cultivos de uso ilícito o donde se vive en condiciones de extrema pobreza, marginación y conflictividad social.
3. Retroceso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El carácter excluyente del crecimiento se evidencia al comparar los elevados beneficios del sector financiero (4,01 billones de pesos durante el 2007)[5] con las mencionadas pérdidas ocasionadas por la implementación de la reforma laboral. Al mismo tiempo, dado que las remuneraciones a los trabajadores se redujeron, y es principalmente a través de los salarios que los trabajadores pueden participar del crecimiento, se evidencia lo excluyente del crecimiento económico al notar que se incrementó en un 7,52% mientras el desempleo sólo disminuyó un 0,7% durante el año anterior, si son ciertas las cifras oficiales. Al tiempo, una disminución de 5 billones por año en el monto de las transferencias que implicó la Reforma constitucional al Sistema General de Participaciones con respecto a lo que estaba previsto su crecimiento en la Constitución de 1991 implica una pérdida enorme de beneficios sociales y de incapacidad de los entes territoriales para atender con criterios de universalidad y calidad las necesidades de la población más pobre en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La principal bandera social del Gobierno, que en su primer período estaba centrado en la denominada Revolución Educativa (pero cuya aplicación recaía mayoritariamente en las entidades territoriales) fue sustituida por el Programa de Familias en Acción en su segundo período (cuya gestión si depende más directamente de la Agencia Presidencial de Acción Social. Una vez despojados los entes territoriales de los recursos de transferencias mediante la Reforma Constitucional a la participaciones, y dada la concentración de estos recursos en el ejecutivo central, las políticas sociales fueron desconstitucionalizadas, aplicadas de manera centralizada y discrecional por el Ejecutivo, y direccionadas en función de atender de manera exclusiva a las familias más empobrecidas y a la población desplazada (por mandato de la Corte Constitucional), con un criterio clientelista y subordinación autoritaria de las familias empobrecidas bajo la discrecionalidad para el acceso y la permanencia de las familias, amenazadas por el carácter temporal de los subsidios y las condicionalidades que toca cumplir para garantizar la permanencia en el programa. La política social se convirtió en política para pobres, los más pobres de los pobres y la concepción de los derechos universales para los ciudadanos fue sustituida por una concepción de subsidios condicionados, discrecionales y condicionados para la población con mayores niveles de dependencia económica.
Como consecuencia, los pobres no solo reciben mucha menos educación que el resto de la sociedad sino que la escasa educación que se les proporciona es de la peor calidad. Un estudio reciente de la Corporación Andina de Fomento muestra que en Colombia más del 80% del quintil de mayores ingresos supera la educación secundaria mientras que solo el 26% del 20% de menores ingresos puede alcanzar el nivel de la educación secundaria completa[6]. Si se tiene en cuenta que según la Cepal, se necesitan como mínimo 12 años de educación para superar la pobreza, resulta claro que el sistema educativo en Colombia, en el que la calidad y cantidad de la educación a que puede accederse depende de la condición económica de las familias, actúa como un eficiente mecanismo de diferenciación social que profundiza las desigualdades que posteriormente se reproducen en el mercado de trabajo».
4. Ascenso del Autoritarismo y deslegitimación de las Instituciones Democráticas: las condiciones previstas para la conformación y selección de los cargos para las máximas autoridades y organismos estatales, las cuales fueron estatuidas pensando en que su efectividad como límites al ejercicio del poder presuponía el hecho de que siempre una parte significativa de los mismos serían nombrados en períodos distintos de diversos mandatos presidenciales. A partir de este año 2008 y hasta el año 2010 si no hay tercera reelección, o hasta el 2014 si la hubiera, la regla de la división de poderes,- condición que los Estados de derecho establecen para limitar el poder y los abusos del Estado, construir la democracia y propiciar el respeto y las garantías para la vigencia de los derechos fundamentales-, queda definitivamente debilitada y casi borrada en la organización institucional del Estado Colombiano. La reelección presidencial terminó haciendo irrelevantes dichas restricciones.
De este modo, la concentración descomunal de poder en la autoridad presidencial, sumado a su talante autoritario, está convergiendo en la configuración de un poder presidencial con atribuciones absolutistas de naturaleza cuasi monárquica. Durante el 2008 y el 2009 el Presidente podría nombrar 5 de los 7 codirectores del Banco de la República, con lo cual desaparecería por en la práctica la autonomía del Banco de la República y por lo tanto de la independencia de la política monetaria, crediticia y financiera. Durante este año 2008, el presidente Uribe y sus bancadas mayoritarias en el Senado y la Cámara tendrán también la oportunidad de elegir a su conveniencia tanto al nuevo Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a 6 de los magistrados de la Corte Constitucional, a 6 de los 7 magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con lo cual la totalidad de los magistrados de esta sala habrán sido nombrados por el actual gobierno), con lo cual la impunidad en los procesos que se siguen contra los jefes paramilitares y sus socios políticos, lo mismo que el respaldo a un tercer período presidencial estaría prácticamente garantizado sin ningún tipo de control[7].
Tan sólo en la Corte Suprema de Justicia el Gobierno no tiene el control sobre su conformación por lo cual se ha preservado como una garantía para el juzgamiento de los dirigentes políticos que con método criminales lograron hacerse al control a una parte importante de la representación política en el Congreso de la República. La legitimidad de la democracia se ve fuertemente cuestionada cuando más del 20% del Congreso está siendo investigado por pactos secretos con grupos ilegales, financiación de paramilitares, constreñimiento al elector y, en algunos casos, acusaciones de participar en masacres y secuestros. Los mismos votos con los que fueron elegidos los 51 congresistas que hoy están siendo investigados y los 28 que ya se encuentran en la cárcel representan el 11% de los votos válidos y el 18% de los votos con los cuales fueron elegidos los actuales miembros del Congreso. Estos mismos dirigentes aportaron su apoyo en votos para la reelección del Presidente de la República, con lo cual su mandato resulta igual de ilegítimo[8].
La totalidad de los 8 partidos que apoyaron la elección del Presidente está involucrada con sus investigaciones por sus alianzas con la mafia y el paramilitarismo. Sumado a esto, la responsabilidad comprobada de altos funcionarios de confianza del actual gobierno en sus vinculaciones con el paramilitarismo (en el Instituto de Concesiones, el Incoder, el DAS, y otras) son evidencias de la consolidación de un poder mafioso que luego de hacerse al control militar de gran parte del territorio nacional, consolidar una gran contrarreforma agraria mediante el despojo de más de 6 millones de hectáreas y habiendo controlado gran parte del poder local en las regiones, dio el salto hacia el control de las principales instituciones del Estado central congregados alrededor del poder de la mafia en el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha venido adelantando una labor destacada en el juzgamiento de los congresistas y dirigentes políticos que se beneficiaron con su alianza con el poder mafioso y paramilitar para usurpar la representación ciudadana. Esta labor debe ser apoyada y estimulada por los ciudadanos. Desafortunadamente, los cargos de los que van a prisión o están siendo investigados son reemplazados por políticos que generalmente son parte de las mismas alianzas o se beneficiaron del terror con el cual se condicionaron los resultados electores, y varios de ellos han sido también llamados a investigación. En ausencia de una reforma y democratización profunda del régimen político la superación de este fenómeno no resulta viable.
Por su parte la Fiscalía General de la Nación ha mostrado una actitud notoriamente dilatoria, complaciente y selectiva respecto a diferentes sectores políticos, empresariales, de los medios y de otros sectores sociales implicados en alianzas y diversos crímenes con el paramilitarismo. Varios dirigentes políticos han renunciado a su fuero, buscando ser investigados por la Fiscalía, donde obtendrían un tratamiento más favorable. La actitud dilatoria con cerca de 19000 paramilitares desmovilizados que no han sido capturados y que no podían recibir tratamiento de delincuentes políticos, lo mismo que la lentitud en la investigación de los casos de la parapolítica a su cargo parecería estar esperando el momento en que se consolide el control completo por parte del Ejecutivo de las Cortes y los Organismos de control para imponer un trato colectivo de impunidad simultáneamente con la aprobación de las reformas requeridas para una tercera reelección.
5. La Fase II del Plan Colombia, la Consolidación de la Política de Seguridad Democrática y la Crisis Grave de Derechos Humanos. Las Cifras Oficiales, tanto las relativas a los asuntos de seguridad y de derechos humanos, como las relativas a los indicadores sociales no resultan confiables. Las relativas a los logros de seguridad dejaron de ser creíbles cuando el Gobierno destituyó al Director del Dane por atreverse a publicar, en contra de la voluntad del Gobierno, las cifras sobre percepción de inseguridad en las tres principales ciudades, cuyos resultados contradecían la visión optimista del Gobierno. Las cifras sobre derechos humanos no resultan creíbles desde el momento en el que Gobierno se empeña en negar la presencia de un conflicto armado interno, la naturaleza política de la confrontación, la vigencia de la normativa humanitaria, y la existencia misma de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario ocasionadas por la Fuerza Pública.
Es significativo que la réplica a los candidatos presidenciales del Partido Demócrata en Estados Unidos por parte del presiente Uribe haya sido expresar que «A nosotros que no nos hablen de violación de derechos humanos, porque somos los primeros en reconocerlas y en corregirlas»[9]. La negativa a reconocer e interlocutar sobre estos temas no sólo se da con respecto a quienes le reclaman compromisos desde el exterior sino también con la propia sociedad civil en Colombia. Así, mientras se pretende concertar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se presenta de manera inconsulta una Plan Integral Derechos Humanos y DIH por parte del Ministerio de Defensa que de nuevo insiste en que la esencia de la política de derechos humano y de DIH es la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Al mismo tiempo, el Plan Colombia Fase II, un documento que no ha sido discutido públicamente y cuya promulgación ha estado al margen de los procedimientos constitucionales y legales, termina convirtiéndose en el eje de la estrategia mediante la cual se implementa la presencia del Estado en amplias zonas del territorio nacional y en la esencia de la política estatal frente a los temas de la paz y del control de los conflictos, sino en el determinante central de las estrategias de cooperación internacional con el Estado Colombiano.
A diferencia del Plan Colombia Fase I, la Fase II tiene un elevado componente social. El Plan estatuye la denominada Doctrina de Acción Integral, que ya había sido ensayada en Guatemala y otros conflictos armados en el mundo. Dicha doctrina se basa en la integración de la política social y la política militar y en la subordinación de las autoridades civiles locales a las autoridades militares encargadas del diseño, conducción e implementación de la «Política de Recuperación Social del Territorio». La estrategia para Colombia había sido diseñada bajo el denominado Enfoque Interagencial, en la Estrategia 2016 para las Américas del Comando Sur de los Estados Unidos. En el caso colombiano, la estrategia interagencial se basa de un lado en el impulso de la Acción Cívico-Militar, que en nuestro caso integra la responsabilidad de los mandos militares (Coroneles que ejercen mando en cada uno de los Comandos de Coordinación de Acción Integral – CCAI) con delegados del mundo empresarial y de los gremios («Padrinos» que acompañan a los estamentos militares en el diseño de la estrategia cívico militar y asumen responsabilidad en la orientación y gestión de los recursos públicos en la atención de las necesidades del desarrollo económico y social). De otro lado, la estrategia se basa en la subordinación y control de 28 Entidades Estatales del orden nacional y de las mismas alcaldías y gobiernos locales a la autoridad del CCAI con mando en cada región. Es decir, el componente social del Plan Colombia Fase II, se encuentra completamente militarizado, incluso en sus dimensiones de la ayuda humanitaria, que termina siendo militarizada e instrumentalizada en función de las necesidades de la guerra.
En la Doctrina de Acción Integral la política social es un instrumento de la guerra. Ella misma termina convertida en una política de guerra que busca «ganar el corazón de la población civil», alinearla en uno de los bandos del conflicto, y rentabilizar los planes de asistencia social a los más necesitados en función de sus contribuciones a la estrategia de guerra y la política de seguridad. Una política activa de recompensas por delaciones, una interacción intensa de los militares con la población civil a través de la prestación directa por los militares de servicios sociales de naturaleza civil o que antes se prestaban exclusivamente por medio de civiles (jornadas de peluquería, recreación, saneamiento, atención médica y odontológica, suministro de medicamentos, de ayuda humanitaria, de materiales para la vivienda, kits educativos y servicios de microcrédito entre muchos otros) ejercidos por personal uniformado, constituyen la nueva modalidad de gestión de las necesidades sociales en las Jornadas Interinstitucionales del CCAI.
Al lado de esto, la subordinación de la población necesitada en formas jerárquicas corporativas de control social que buscan someter a la población a diferentes tipos de redes (redes de vigilantes, redes de cooperantes, redes de informantes, soldados campesinos, familias guardabosques, redes de vigilantes de carreteras) y formas de tutelaje bajo el control de diferentes tipos de padrinazgo van configurando una estructura autoritaria que proscribe cualquier tipo de debate y cualquier tipo disidencia, creando un unanimismo alrededor del poder del Estado y un Estado al servicio exclusivo de un entramado de padrinos, poderosos empresarios e inversionistas, que validos de su alianza con el estamento militar y del control de los recursos de la política social, usufructúan los recursos públicos, los bienes colectivos y el territorio para el fortalecimiento de su exclusivos intereses inversionistas.
La proliferación de negociados, concesiones de Tierras, gabelas y privilegios con nombre propio, del cual el caso Carimagua es sólo uno entre cientos de casos similares es expresión de los intereses reales que se mueven detrás de la Estrategia de Recuperación Social del Territorio, que parece estar mejor encaminada como una estrategia Corporativa-Militara o Empresarial-Militar para la Desposesión Económica y Forzada del Territorio, en el cual las mayorías empobrecidas, las comunidades indígenas y afrocolombianas y la población desplazada no tienen cabida en el «país de propietarios» a no ser en el mero papel de jornaleros o mano obra barata de las grandes proyectos en los enclaves de la palma aceitera, de la caña de azúcar o de los demás productos que se están implementando en las economías de plantación o en los enclaves mineros o agroexportadores. Enormes desiertos verdes, vacíos de gente. Concentración de tierras, campesinos expulsados a los cinturones urbanos de miseria son la expresión de un nuevo colonialismo interno en el modelo de desarrollo que se impone a través de la Recuperación Social del Territorio, para los intereses corporativos de las élites del uribismo agrario y primario exportador.
6. La Visión del Conflicto Armado Interno como Guerra contra el Terrorismo. La negativa a reconocer la existencia de un conflicto armado interno, de la naturaleza política de la confrontación y de los actores en ella involucrados, para ser definida de manera conveniente en términos de la expansión de la guerra global contra el terrorismo constituye una de las causas principales de la agravación de la crisis de derechos humanos y de derecho humanos en Colombia. Indudablemente la descomunal capacidad militar y tecnológica y la superioridad de inteligencia que le ha brindado al Estado colombiano la cooperación militar estadounidense a través del Plan Colombia, ha introducido un cambio fundamental en la correlación de la guerra interna. Esta situación ha sido utilizada por el Estado colombiano para operar con la ficción de lo que existe en Colombia es una mera amenaza terrorista, en donde su confrontación no implica de manera la posibilidad de humanizar la confrontación sino sólo de ganar la guerra.
El problema que causa dicha visión del conflicto como guerra contra el terrorismo es hacer depender los métodos de confrontación del enemigo interno de la generalización e intensificación de la guerra preventiva, emparentada con la guerra que Bush libra en Irak y en Afganistán. En esta visión de guerra antiterrorista no existe espacio para el acuerdo o el intercambio humanitario. La lógica del «todo se vale» impide incluso tener consideración por los retenidos por la contraparte y mucho menos por la utilización de los principios de necesidad y de proporcionalidad en los métodos de guerra utilizados. No solo se terminan desconociendo las reglas del derecho de la guerra sino también los límites impuestos por el derecho internacional, por los principios de derechos humanos y por el respeto a la soberanía de las naciones.
Pero lo que sin duda está representando los mayores daños de esta visión del conflicto en términos de guerra contra el terrorismo es la expansión de daños a los civiles, pues dicha valoración parte de considerar al adversario como un enemigo difuso, que no puede detectarse, que se confunde con la población civil, y en donde se haría prácticamente imposible la aplicación del principio de distinción. Bajo esta ficción la población civil termina siendo sospechada de su colaboración con el enemigo difuso y victimizada de manera creciente, sea por la paranoia que tal visión difunde o como se ha demostrado, por la presión sobre las tropas por mostrar resultados operacionales. El incremento de modalidades de violación de los derechos humanos tales como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son producto de los impactos que produce una concepción del conflicto y del adversario interno en dichos términos. La visión de la confrontación y del adversario en términos del lenguaje antiterrorista termina despolitizando completamente el conflicto, ofreciendo alternativas de tratamiento que considerando al adversario como un «enemigo absoluto» privilegian la fuerza aplastante o aniquiladora, lo cual con el acompañamiento tecnológico, operacional y de inteligencia militar de los Estados Unidos parece estar ya demostrando la proliferación de numerosos «efectos colaterales» en los cuales los civiles terminan siendo victimizados con una garantía de impunidad absoluta por parte de la opinión pública y de la comunidad internacional.
7. Agravación de la Situación de los Derechos Civiles y Políticos y del DIH. Informes recientes de la Comisión Colombiana de Juristas reportan que durante los primeros cinco años de la administración del Presidente Uribe, por lo menos 12.547 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica entre julio de 2002 y junio de 2007[10]. Esta cifra corresponde al período de aplicación de la política de «Seguridad Democrática». Durante el mismo período por lo menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 desapariciones forzadas fueron atribuibles directamente a la fuerza pública, o sea un total de 1.190 posibles violaciones al derecho a la vida perpetradas por agentes estatales en los últimos cinco años. Dentro de este quinquenio, el último año (julio de 2006 a junio de 2007) fue en el que se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, pues por lo menos 236 personas fueron ejecutadas directamente por la fuerza pública, frente a los 198 casos registrados entre julio de 2005 y junio de 2006.
Por su parte, a los grupos paramilitares, en gran parte aún activos luego del fallido proceso de desmovilización se les atribuyen presuntamente 3.530 violaciones al derecho a la vida, cometidos entre el 1° de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2007 cuando supuestamente ya se encontraban en proceso de desmovilización. En igual período, por lo menos nueve defensoras o defensores de derechos humanos han perdido la vida en el contexto de la violencia sociopolítica, tres fueron desaparecidas forzadamente. En el 77,7% de los casos (7 víctimas) la presunta autoría es atribuible a los grupos paramilitares[11].
Por su parte, los grupos guerrilleros continuaron apelando a la práctica del secuestro. 393 personas fueron secuestradas en 2007, según la Fundación País Libre, de las cuales en el 25,95% de los casos (102 víctimas) la presunta autoría es atribuida a los grupos guerrilleros, 52,12% de los casos (197 víctimas) son atribuidos a grupos de delincuencia común y en el 23,40% (92 víctimas) se desconoce el presunto autor de los hechos. Los grupos paramilitares son señalados como responsables de 254 secuestros, a pesar de que para el acceso a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz se exigía su inmediata liberación, sin que la Fiscalía haya aún tomado medidas a este respecto. Las Farc serían las responsables de de 701 secuestros y han liberado ya a 6 personas y el ELN sería responsable en 299 de los casos. La sociedad colombiana ha protagonizado recientemente diversas movilizaciones en contra del secuestro y también en respaldo a otras víctimas, y se muestra cada vez más enérgica en rechazar dicha vulneración antihumanitaria de la integridad y la libertad personal.
Como se ve, aunque se desconoce el conflicto, sus efectos se agravan, y la negativa a su reconocimiento perpetúa los daños que recaen tanto sobre los civiles como sobre los propios actores de la guerra.
8. La Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Paz en Colombia. A medida que las potencias capitalistas desarrolladas se ven abocadas a conflictos cada vez más intensos por el acceso a mercados para sus productos, y por fuentes de recursos energéticos y de materias primas, en medio de un agotamiento de las fuentes de combustibles y del ausencia de alternativas seguras de sustitución de las misma, la competencia entre los bloques se ha ido posicionando a través del aseguramiento de tratados comerciales para mantener sus áreas de influencia. Es evidente que la supremacía tecnológica, política y militar de los Estados Unidos impone un acceso ordenado a las demás superpotencias del mundo desarrollado.
En estas condiciones, la prioridad de la conformación de sociedades comerciales y acuerdos económicos entre los países termina imponiéndose sobre consideraciones de cooperación centradas en estándares de derechos humanos o de protección ambiental. La cooperación para la los derechos humanos y para el desarrollo ha sido durante años importante para mantener el tema de la crisis de estos derechos en Colombia en la Agenda Mundial. Sin embargo, las posturas y valoraciones han variado en los últimos años, y especialmente desde el comienzo del Plan Colombia.
Las tensiones iniciales entre la Unión Europea y Estados Unidos con relación al papel que debían cumplir en la dinámica del conflicto, de la construcción de la Paz o de su rol en la implementación del Plan Colombia se han ido reduciendo. Las élites económicas representadas por el Gobierno de Uribe Vélez han maniobrado audazmente en el escenario internacional para lograr acercar las posiciones de los Gobiernos europeo y norteamericano a sus propios intereses y sus lecturas de la realidad colombiana. La alianza incondicional del Gobierno de Uribe con el Gobierno de Bush lo ha posicionado como su mayor aliado en la región. Igualmente la explotación convenientemente dosificada de las infracciones graves ocasionados por la guerrilla, especialmente el trato dado a las personas retenida en su poder, ha acercado a muchos gobiernos a una lectura despolitizada del conflicto armado interno en Colombia, e incluso a una visión que comparte la lectura del mismo en términos de la guerra preventiva contra el terrorismo. La expresión de apoyo del Alto Comisionado para la Defensa de la Unión Europea Javier Solanas al Presidente Uribe en el sentido de que «tiene todo nuestro apoyo en la lucha contra el terrorismo y todas las ideas que él ponga sobre la mesa para superar los problemas del país, serán apoyadas por la Unión Europea». Son muestra de dichos cambios. Igualmente lo fue el respaldo del Gobierno Español al Gobierno Colombiano si tuviera que realizar acciones militares contra Venezuela
Sin embargo, las posiciones en la comunidad internacional ofrecen aún campos de maniobra para el apoyo a una salida negociada y para la facilitación de acuerdos humanitarios que conduzcan hacia la paz. La Cumbre de Cancilleres de la OEA y la Cumbre de Presidentes del Grupo de Río en Santo Domingo se negaron de manera unánime, a enmarcar el conflicto armado interno y a sus actores impulsores como en la visión de la lógica antiterrorista, enmarcándola como una guerra de carácter irregular. En Europa, a pesar de los cambios en las posturas de los Gobiernos, estos todavía son susceptibles a la influencia de sectores importantes de sus sociedades que pugnan por el establecimiento de relaciones de solidaridad, de justicia en los intercambios comerciales y de respeto a los derechos humanos y a la búsqueda de modelos ambientalmente sostenibles y respetuoso de la naturaleza. Identificar y establecer alianzas de cooperación con estos sectores resulta primordial.
Igualmente, en los Estados Unidos, distintos sectores sociales como los sindicatos, algunas iglesias y otros, especialmente vinculados al Partido Demócrata, son sensibles a las preocupaciones por los impactos que puede tener una cooperación militar cuyos fondos terminados siendo usados en graves violaciones a los derechos humanos. Otros sectores tampoco ven moralmente defendible el otorgamiento de ventajas comerciales o la realización de tratados comerciales con un gobierno que se apoya en poderes mafiosos regionales que serían los beneficiarios de los renglones exportables en un posible tratado de libre comercio (especialmente los vinculados a la explotación de rentas agrarias ligadas a la obtención de biocombustibles, detrás de los cuales estaría el poder paramilitar) o que utilizan la violencia antisindical como manera de regular los conflictos laborales e incrementar la competitividad con base en la negación mediante la violencia de los derechos y reivindicaciones laborales.
Pero no puede negarse que en este contexto internacional, la primacía de lo comercial sobre las consideraciones de derechos humanos, y la preponderancia que adquieren los intereses de las empresas y los inversionistas, ha jugado a favor del Gobierno. Las muestras de respaldo a las posturas oficiales y el debilitamiento de posturas de respaldo a la consideración política del conflicto armado, su salida negociada, la urgencia de los acuerdos humanitarios y la condescendencia en aceptar las modalidades del asistencialismo en detrimento de una visión de derechos humanos universales e integrales son síntomas de las dificultades de sociedad civil para contar con el respaldo a sus posturas en su visión sobre la paz, los derechos humanos, la salidas negociadas y la necesidad de alcanzar de manera pronto acuerdos humanitarios que pongan fin a los abusos que se dan en medio de la guerra.
9. Política de Paz y Acuerdos Humanitario. El escalamiento de métodos de guerra utilizados, de la potencia destructiva y de la cooperación milita militar en la nueva fase del Plan Colombia muestran que el actual Gobierno no tiene interés en resolver el conflicto armado por la vía negociada y no está para nada interesado en la paz negociada. Eso explica su negativa rotunda a por qué ha mantenido su posición de no hacerles concesiones a las Farc
La búsqueda, para Colombia, de una solución ‘iraquí’, ‘bushiana’ ha puesto en la carrilera del incremento de las políticas guerreristas y la abolición de cualquier posibilidad de una paz negociada. Recientemente la Contraloría General de la República alentó sobre el monto descomunal que ha alcanzado la defensa nacional, diciendo que este gasto es «explosivo» y que además «pondrá en aprietos las finanzas públicas», pues solamente el pasivo pensional de la Fuerza Pública alcanzó en 2006 un monto de 52,73 billones de pesos[12].
Según un estudio reciente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano conducido por José Fernando Isaza y Diógenes Campos[13] en la guerra se gastan hoy en Colombia 22,21 billones de pesos, o un 6,5% del Producto Interno Bruto. El gasto en defensa es pues superior la suma de todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental. Isaza y Campos citan cifras del Ministerio de Defensa, según las cuales, entre 2002 y 2007 fueron capturados 27.290 guerrilleros, 9.841 fueron abatidos y 13.333 se desmovilizaron. Eso da un total de 50.464 guerrilleros fuera de combate. Simultáneamente, el Ministerio reportó que en 2007 había 12.499 guerrilleros de las Farc y del Eln frente a los 20.600 que había en 2002. La reducción total fue de 8.101 efectivos. Se observa que el número de retirados de la guerrilla es superior al doble de la cifra inicial de combatientes irregulares, lo que demuestra que de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró en el período 2002-2007, reclutar 84 nuevos combatientes, lo cual no sólo hace surgir dudas sobre la eficiencia de la lucha, sino que refuta la posición de quienes sostienen que el conflicto armado no tiene raíces económicas y sociales, o motivaciones políticas.
El conflicto interno tiene pues fuertes incidencias de los conflictos y tensiones económicas y políticas internacionales, pero además se alimenta con causas ancladas en una sociedad profundamente excluyente y autoritaria y en un modelo económico que no ofrece opciones de sobrevivencia digna a amplios sectores de la población, sobre todo aquellos vinculados al mundo rural y agrario. Seguir considerando la realidad nacional en términos de simple amenaza terrorista es tal vez el mayor obstáculo al que se enfrenta la sociedad colombiana para salir de la larga encrucijada de la guerra.
Según el estudio de Isaza y Campos, en estos momentos en Colombia hay cinco soldados por cada 1.000 habitantes y sacar de combate a un guerrillero o un paramilitar le cuesta al Estado casi $1.000 millones. Afirman que los Estados Unidos, que mantienen dos frentes de guerra activos, en Irak y Afganistán, y subsidian multimillonariamente aparatos militares como el de Israel, Pakistán y Colombia, entre otros, dedica sólo el 4,04% de su Producto Interno Bruto al gasto militar. Y en todos los países de la Unión Europea que hacen parte de la OTAN, el gasto militar llega, en casos extremos, al 2% de su PIB. Colombia ha al ha alcanzado ya el 6,5% del PIB en gastos de guerra y defensa, y nada indica una reducción en el futuro pues, no obstante la elevada participación del gasto militar en el año 2007, esta crecerá para el año 2008, superando la proporción del PIB, en toda la historia registrada en el siglo XX.
Así pues garantizar la paz y el acceso universal a derechos a las mayorías excluidas del país a través de acercamientos humanitarios y a una paz negociada resulta inevitablemente menos costoso que prolongar la insostenible y destructiva situación de guerra, con el ánimo de profundizar un modelo de sociedad fragmentada y de economía excluyente y de desigualdades crecientes.
En su última columna de prensa escrita en el diario El Tiempo el 7 de Julio de 2007, cuatro días antes de su muerte, el Presidente López Michelsen, formulaba una propuesta audaz para desentrabar el laberinto agónico de la guerra en Colombia, mediante un «un canje de concesiones humanitarias por concesiones territoriales», refiriéndose a la negativa del presidente Álvaro Uribe de no ceder en materia territorial ante la guerrilla.
Planteaba allí «Devolverles la libertad que se les ha arrebatado a los secuestrados a cambio de hacer propietarios a los minifundistas, que podrían desarrollar sus conocimientos agrícolas impulsando, así fuera en pequeños cultivos, los de pancoger, que permitirían hacer de Colombia un Estado casi suficiente, cuyo consumo per cápita se fijaría como meta el desarrollo colombiano»[14]. . Se trataba de reducir el problema del conflicto a los términos más elementales y más allá de los debates académicos: una reforma agraria en la que el Estado dejaría de ser el mayor latifundista, como una forma de entender que la comprensión de la naturaleza política del conflicto constituye una premisa para reducir los sufrimientos de la población y una oportunidad para acercarse a la construcción de una sociedad en paz aún desde los primeros acercamientos a la búsqueda de mecanismos para avanzar en la implementación de los acuerdos humanitarios, y como garantía de que estos conduzcan a soluciones negociadas las causas que han determinado la permanencia y la continuidad de nuestro largo conflicto armado interno.
[1] Cepal: Crecimiento económico de América Latina supera lo previsto. En: http://www.infolatam.com
[2] Difícil saber si crecimiento de América Latina es por buenas políticas o buena suerte: Santiago Levy. En: El Tiempo.com. 7 de abril de 2008
[3] El 61% de la inversión extranjera en Colombia en 2007 se dedicó a petróleo y minería. En: Portafolio.com 2 Abril 2008
[4] Gobierno y empresarios rechazan petición del Procurador General para que se tumbe reforma laboral. Octubre 18 de 2007 – El Tiempo.com
[5] Utilidad de la Banca en Colombia sube 12,60% en 200. En: http://www.dinero.com/wf
[6] Corporación Andina de Fomento. Comprometidos con el Desarrollo Social. Presentación en Power Point. En : http://www.caf.com/attach/17
[7] Tres Ramas distintas y un Solo Poder Verdadero. En: Revista Semana Nro. 1352. Marzo 29 de 2008
[8] El Congreso en ruinas. En: Revista Semana. Nro. 1353. 5 Abr. De 2008
[9] «Respeto y objetividad» exigió Uribe a candidatos a la presidencia de Estados Unidos. En: Abril 5 de 2008 – El Tiempo.com
[10] Comisión Colombiana de Juristas. Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia. 2002-2007. Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4 de Marzo de 2008
[11] CCJ. Ibid.
[12] Gasto Militar pondrá en aprietos las finanzas púbicas, asegura Contralor General de la República. En: http://www.portafolio.com.co
[13] Isaza, José Fernando y Campos Romero, Diógenes. Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia. En : http://www.dhcolombia.info/IMG
[14] López Michelsen, Alfonso. DIH por Derecho Territorial. En : http://www.eltiempo.com