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Paz, entre el acelerador presidencial y la cautela guerrillera

Fuentes: Rebelión

El proceso de paz registra nuevamente un debate político de gran impacto. El Presidente Juan Manuel Santos, seguramente estimulado por los importantes avances alcanzados hasta el momento en La Mesa de La Habana, ha pisado el acelerador en su discurso para indicar que las conversaciones abordan en este momentos, con la presencia de altos mandos […]

El proceso de paz registra nuevamente un debate político de gran impacto. El Presidente Juan Manuel Santos, seguramente estimulado por los importantes avances alcanzados hasta el momento en La Mesa de La Habana, ha pisado el acelerador en su discurso para indicar que las conversaciones abordan en este momentos, con la presencia de altos mandos militares, asuntos relacionados con el cese al fuego bilateral, la dejación de las armas y la vinculación política de los guerrilleros en la vida democrática. De igual manera, se ha oficializado una Comisión de Transición conformada por oficiales de las Fuerzas Armadas para que preparen el paso a un escenario sin guerras y conflictos violentos.  

Es explicable que Santos exprese entusiasmo por los logros de la paz y que su liderazgo en esta materia sea más pro activo y sinergico. Al único que se le ocurre aguar la fiesta es al personaje que ya conocemos por sus andanzas parapoliticas, quien no desaprovecha oportunidad para desacreditar los diálogos de La Habana y demeritar sus logros fundamentales. En esas anda, igualmente, la ultra derechista bancada del Centro (anti) Democrático en el Senado de la República.  

Obviamente, cualquier movida en las conversaciones de Cuba, debe considerar otras apreciaciones y otros puntos de vista, pues se trata de un esquema bilateral que tiene como soporte un Acuerdo especial firmado desde el año 2012.  

En ese sentido, la delegación plenipotenciaria de las Farc ha emitido un pronunciamiento para advertir que no se deben crear falsas expectativas sobre un inminente final del conflicto nacional. Aun quedan muchos aspectos para consensuar como las reformas institucionales que modifiquen la estructura del Estado en todos sus niveles y sectores, el paramilitarismo para erradicarlo, la seguridad de los militantes guerrilleros al momento de su vinculación a los procesos políticos, la revisión de los procesos judiciales que afectan a los partisanos farianos, la implementación de los consensos y el mecanismo para su refrendación.  

Hay cuestionamientos fundados a los actos unilaterales en lo que se refiere al Marco legal para la paz que fue validado recientemente por la Corte constitucional y a otros tópicos de no menor importancia.  

Mi opinión consiste en señalar que, efectivamente, son notables los progresos de la paz pero se debe ser prudente porque en efecto aun quedan temas bastante gruesos para tratar y consensuar. Un Acuerdo total no es viable en lo que resta del año en curso y, muy seguramente, La Mesa de la Habana se verá impactada por varios asuntos como la elección de autoridades locales en octubre del año entrante, por el tramite del Plan nacional de desarrollo del segundo gobierno del Presidente Santos, por la reforma política para eliminar la reelección presidencial, por la reforma a la justicia y por un nuevo auge de los movimientos sociales que regresaran a la escena publica a fin de formalizar su disputa por la distribución de la renta y los excedentes económicos nacionales. Siendo el petroleo, el gas y los recursos mineros la principal fuente de la riqueza nacional, es normal que el movimiento y la izquierda social quieran focalizar su movilización en la disputa por los excedentes económicos generados por la Locomotora minera, que son monopolizados por minorías sociales plutocraticas.

Es evidente que las rentas fiscales generadas por los hidrocarburos y la minería, equivalentes a los 40 billones de pesos (20 mil millones de dolares), que ingresan al Estado anualmente, incluidas regalías regionales, no están atendiendo efectivamente las agudas necesidades de amplios grupos populares. Muchos de esos dineros están parando en los bolsillos de una clase política corrupta que se los apropia con la contratación fraudulenta como le hemos podido confirmar con el caso del Jefe de las Regalías del Departamento de Córdoba, asesinado recientemente con ocasión de la distribución de multimillonarias comisiones o coimas entregadas por los contratistas favorecidos a quienes mandan en la administración departamental. Es por eso que una de las personas vinculadas a las investigaciones judiciales es el actual Gobernador de ese departamento, Alejandro Lyon Muskus, hijo de una importante Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura bogotana, vinculada a los escándalos de la parapolitica patrocinada por Mancuso a través de la Universidad del Sinu de propiedad de doña Mara Bechara, la suegra de Gordolindo, otro tenebroso asesino de campesinos e indígenas en las tierras sabaneras del Caribe..  

Colombia y la sociedad deben prepararse para la firma de un eventual acuerdo general de paz en el segundo semestre del año 2015, momento en que tomara forma la construcción de la paz una vez cese el conflicto armado.      

  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.