«Antioquia la más educada», es el nombre del Plan de Desarrollo de ese departamento, bajo la responsabilidad del señor Sergio Fajardo Uribe, implicado recientemente en el negocio de un título minero en Santa Rosas de Osos, el cual transfirió al marido de su Secretaría del Medio Ambiente, para evitar acciones legales enderezadas a proteger los […]
«Antioquia la más educada», es el nombre del Plan de Desarrollo de ese departamento, bajo la responsabilidad del señor Sergio Fajardo Uribe, implicado recientemente en el negocio de un título minero en Santa Rosas de Osos, el cual transfirió al marido de su Secretaría del Medio Ambiente, para evitar acciones legales enderezadas a proteger los bienes comunales de dicha región.
Sin embargo, Antioquia, después de un año de gestión de Fajardo y su Partido Verde, no parece ser la más educada y culta, sino la más violenta y feroz con la vida humana.
La semana pasada ocurrió la masacre de Santa Rosa de Osos, que se llevó la vida de 10 humildes campesinos, masacrados por grupos paramilitares muy acoplados al dispositivo regional del «monopolio legitimo de la violencia», el cual permanece atento con su descomunal poder político y capacidad de intimidación para proteger a los poderosos dueños de la economía antioqueña.
Seguidamente hubo otro exterminio colectivo en San Jerónimo, municipio del departamento paisa. El 3 de junio, en la vereda Martaná, Remedios, fueron masacrados 6 campesinos por las mal llamadas Bacrim, que en realidad son dispositivos paraestatales, organizados para acobardar, infundir pánico e impedir la movilización en demanda de derechos para los campesinos pobres afectados por el despojo y la arbitrariedad de los poderes locales articulados a las maquinarias departamentales del clientelismo y la politiquería, refozadas ahora con Mario Uribe (el primo de la bestia negra) en la calle, después de pagar 60 meses de cárcel por parapolítico.
Este 17 de noviembre siguió la racha. Fueron masacrados en la vereda Píramo, del municipio de San Roque, con 25 mil habitantes en extrema pobreza, otros 7 campesinos.
Llama la atención que este sangriento periplo ocurra al tiempo que el General Giraldo Serna, Comandante de la Séptima División del Ejército, entregue detalles a la prensa y los medios masivos de comunicación, de un gigantesco operativo estratégico en el Nororiente de Antioquia, en el que participan 15 mil unidades, con aviones, drones, carros de combate, caballería y demás infraestructura bélica ultramoderna dizque para acabar con los bandidos.
Atando cabos lleva uno el razonamiento hasta preguntarse por la relación entre estos eventos de guerra/muerte y las conversaciones que se adelantan en La Habana (Cuba) entre el gobierno y las Farc. ¿Será una manera de dinamitarlas?
En la historia de las últimas 3 décadas ocurre cada vez que se inicia un diálogo del Estado con la insurgencia campesina revolucionaria para alcanzar la paz, se despliega un nuevo «ciclo de violencia y terrorismo» con amplio protagonismo del tandém de agentes estatales y paraestatales, que después de prolongadas investigaciones periodísticas independientes, no judiciales, son desenmascarados. Van apareciendo generales, suboficiales, policías, otros funcionarios públicos, senadores, alcaldes, jueces, fiscales, sacerdotes, gamonales, terratenientes,
Pero, además de Antioquia, el rosario de masacres, decapitaciones, desaparecidos, torturados, empapelados judicialmente, se da por todo el país. En Buenaventura, en el Chocó, en la Comuna 13 de Medellin (donde han decapitado en dos semanas a 15 raperos), en Tulua (con decenas de descuartizados que se votan al río Cauca), en Córdoba, en Bosa, en Soacha y en Norte de Santander.
Pero, además de Antioquia, el rosario de masacres, decapitaciones, desaparecidos, torturados, empapelados judicialmente, se da por todo el país. En Buenaventura, en el Chocó, en la Comuna 13 de Medellin (donde han decapitado en dos semanas a 15 raperos), en Tulua (con decenas de descuartizados que se votan al río Cauca), en Córdoba, en Bosa, en Soacha y en Norte de Santander.
Y atérrense. La respuesta de las autoridades nacionales constituidas por 500 mil soldados, 150 mil policías, 10 mil CTIs, en el país más militarizado de América Latina, es que se trata de casos aislados y resultado de riñas. Que son las Bandas Criminales que heredamos de San José de Ralito.
Las masacres y asesinatos ocurridos no son casuales. Entramos a otra etapa de oscura violencia contra el pueblo porque los poderosos dueños de Colombia y sus aparatos armados no quieren la paz con justicia social. Prefieren la muerte al progreso de Colombia. Hay que prender las alarmas y avisarle a todo el mundo.
No más masacres en Antioquia ni en Colombia. Queremos la paz. Estamos cansados de tanta violencia oligarca.
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