El proceso de paz para dejar atrás el conflicto social y armado sigue su marcha y avanza en temas importantes que lo hacen irreversible. Colombia y su sociedad necesitan prioritariamente superar la violencia para resolver muchos de los problemas que la aquejan en todos los campos. Los límites de su sistema político y en el […]
El proceso de paz para dejar atrás el conflicto social y armado sigue su marcha y avanza en temas importantes que lo hacen irreversible.
Colombia y su sociedad necesitan prioritariamente superar la violencia para resolver muchos de los problemas que la aquejan en todos los campos. Los límites de su sistema político y en el funcionamiento de la democracia tienen mucha importancia por sus graves incidencias en la participación popular. Las recientes elecciones locales han confirmado nuevamente las lacras y los vicios del sistema electoral y de la representación.
De nuevo se hizo sentir la compra y venta de votos, el clientelismo, la corrupción, la manipulación con los presupuestos oficiales, las maquinaciones con los principales medios de comunicación y la contaminación política con las encuestas que jugaron un papel crucial en el encauzamiento del «voto útil» para favorecer los candidatos de las camarillas oligárquicas, como en el caso de Bogotá.
Desde la izquierda de poco sirve quejarse por enésima vez sobre la naturaleza ventajista y tramposa del sistema electoral. Esa es una realidad súper conocida. Igual sucede en el campo económico en el que el feudalismo y el capitalismo neoliberal siguen intactos.
Nada nuevo en lo sucedido. Es tendencia crónica e inveterada. Poco se descubre en ese degradado mundo de la politiquería y la corrupción electoral.
De lamentar, eso sí, el nefasto papel del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuyo gobierno de supuestas banderas progresistas, ha propiciado, con su generalizada corrupción, mediocridad gestora, nepotismo y caudillismo propio de una «arrogante reliquia del militarismo rojaspinillista del M19», el retorno neoliberal de Peñalosa. Petro le ha hecho un enorme daño a la izquierda colombiana con su fracaso administrativo y mediocridad al frente de la Alcaldía de la Capital. Con sus jefazos que ahora salen con los bolsillos llenos, fruto de la contratación fraudulenta e ilegal, particularmente en la Secretaria de Integración Social, en la de Desarrollo Económico, en la de Gobierno, en el Acueducto y en el IDEPAC.
Todas sus irregularidades terminaran siendo procesadas por el sistema judicial y disciplinario con las correspondientes sanciones penales, penitenciarias y políticas.
Este negro panorama hace más urgente agilizar el proceso de diálogos de La Habana y la firma de un acuerdo general para iniciar la construcción de la paz con la presencia de nuevas fuerzas políticas más honestas y comprometidas con los derechos fundamentales de los trabajadores y campesinos. Lo importante, de acuerdo con el comandante Timoleon Jiménez, es que las guerrillas puedan adelantar su accionar político sin la amenaza de la muerte y el exterminio. Por eso es de tanta trascendencia erradicar el fenómeno del paramilitarismo.
En ese sentido, la decisión de iniciar el cese bilateral al fuego desde el próximo 16 de diciembre es un avance muy importante. El cese al fuego unilateral ordenado desde hace meses por las Farc y el desescalamiento del conflicto con diversos actos del gobierno, deben cerrar con la acción que se pondrá en marcha a fines de año, una vez se definan mecanismos de verificación y se den las garantías correspondientes a los integrantes de la insurgencia revolucionaria, que se prepara para sus actividades agrarias pacificas en las zonas de influencia.
Adicionalmente ya se debaten otros temas de la agenda que tienen que ver con la refrendación y la implementación de los diferentes acuerdos logrados.
El gobierno, según las explicaciones del Doctor Humberto de La Calle, privilegia para los efectos de la refrendación, los mecanismos constitucionales y legales vigentes: referendo, consulta popular y plebiscito, de acuerdo con los procedimientos fijados en la Ley de mecanismos e instituciones de participación ciudadana. Desde luego, como producto de un acuerdo con las Farc en la Mesa de conversaciones.
Las Farc mantienen sin alteración su propuesta de convocar a una Constituyente soberana y popular que debe reglamentarse conjuntamente para que de esa manera se legitimen los acuerdos y se prevean las seguridades jurídicas necesarias.
El debate está abierto en esos términos y recientemente se ha planteado por el Senador Uribe Vélez una idea para convocar una Constituyente que se ocupe solamente de los temas de la Agenda de Paz de La Habana.
Respecto de la implementación de los acuerdos, la administración del Presidente Santos ha dicho que el Acto legislativo para la paz, actualmente en trámite, creara una Comisión legislativa especial y le otorgara facultades especiales al Jefe de Estado para que dicte las normas y leyes que hagan efectivos los pactos alcanzados.
Este el estado actual de las negociaciones de paz que no debe ser afectado por las apreciaciones políticas sobre los resultados electorales recientes, que nada nuevo plantean, y por los fenómenos de la crisis económica que cada día cobra mayor forma y se sentirá con las medidas de austeridad y recortes que se anuncian para el 2016.
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