La paz total avanza articulando distintas piezas del modelo planteado por el presidente Gustavo Petro, enfocado en las regiones y en las medidas pertinentes para erradicar las causas de la violencia y el conflicto social y armado.
Los diálogos y negociaciones con las Farc Ep (EMC) han dado importantes pasos con la organización de la Mesa correspondiente y la instalación del Mecanismo de veeduría y verificación del Cese Bilateral del fuego nacional y temporal.
El 2 de mayo se reunirá la Mesa de diálogos con el Eln en su tercera fase para abordar la Agenda pactada en México, que tiene como punto prioritario organizar los diálogos populares vinculantes que permitan identificar y caracterizar los problemas de las comunidades en sus territorios regionales y locales para proyectar de esa manera las soluciones y alternativas correspondientes.
En esos términos, queda claro que la vinculación de las comunidades, de las organizaciones populares y de los actores emergentes a la construcción de la paz es un elemento esencial de la nueva estrategia para dejar atrás la violencia asociada con el poder de los clanes oligárquicos que han dominado el Estado en los últimos dos siglos.
En la Agenda pactada con el Eln en México se fijaron los parámetros de estos diálogos y al respecto quedó dicho que la participación popular y democrática de los sindicatos, las organizaciones indígenas, las organizaciones de las mujeres y de los consejos comunitarios se hará en los siguientes términos:
En primer lugar, se perfilará la construcción de una alianza política y social para un Acuerdo nacional popular y pluralista que incluya a profundidad a los diversos sectores de la sociedad civil; alianza que supone la existencia de un sólido bloque popular alternativo y constituyente que le dispute a fondo a la ultraderecha el poder político en todos los territorios.
Segundo, los diálogos se harán para identificar las causas y el origen de los problemas fundamentales del país, y al tiempo formular iniciativas y estrategias que conduzcan a las transformaciones para la paz. Causas que están muy relacionadas con la concentración de la propiedad agraria, de la riqueza y del poder del Estado.
Tercero. Los diálogos se entenderán como un ejercicio, una práctica democrática de movilización de la sociedad en torno a la planeación, decisión e implementación eficaz de los acuerdos que se firmen en las localidades, las regiones y la nación. Movilización que debe tener todas las garantías en cuanto a libertades y derechos, empezando por la liquidación del tenebroso Esmad, la desmilitarización de los territorios y la depuración efectiva de la fuerza pública controlada por elementos neonazis vinculados con el uribismo y la ultraderecha.
Cuarto. Los diálogos se entienden como un ejercicio dinámico y activo, incluyente, pluralista y efectivamente vinculante que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación, las regiones y las localidades. Visión común de paz que debe plantearse su hegemonía en términos de consenso y legitimidad.
Quinto. Los diálogos populares deben fortalecer la participación efectiva y eficaz de las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas -niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+ y en condición de discapacidad-, en la construcción de la democracia para la paz. Participación popular que debe permitir la construcción de un instrumento político como expresión superior del pueblo como alternativa al partidismo corrupto, clientelista, electorero y neoliberal, disfrazado ahora de centro ecuánime para favorecer los intereses de la oligarquía imperante en el Estado.
De la tercera fase de diálogos en La Habana (las anteriores se realizaron en Caracas y en México), saldrá una hoja de ruta detallada que involucre el mayor número de personas y actores con un proceso organizativo que facilite la intervención de todas y todos, recogiendo cada aporte.
Todo lo anterior debe permitir profundizar la democracia para apalancar las transformaciones para la paz, dando prioridad a las víctimas de la guerra, todo lo cual debe incluirse en un Plan general de ejecución de los acuerdos que deberán aplicarse conforme se alcancen los consensos respectivos.
Cabe resaltar que en estos diálogos no hay “líneas rojas” ni temas vedados como ocurrió en los acuerdos con las Farc de Rodrigo Londoño.
De otro lado, el escenario de la Paz total con las Farc Ep (EMC), que lidera Ivan Lozada, propone y acoge la intervención directa de las comunidades tal como se dio en la presentación de los diálogos y negociaciones el pasado 16 de abril en el evento realizado en los Llanos del Yarí, en que participaron casi 12 mil campesinos, indígenas, afros, mujeres y lideres populares de varios departamentos del país.
Como quiera, esta Mesa se desplegará de manera itinerante por todos los territorios y será necesario adoptar un protocolo que proyecte la intervención amplia y pluralista de las comunidades en un esquema horizontal que descarte las formas autoritarias o tecnocráticas que han permeado otros diálogos que a la postre terminaron siendo un ejercicio estéril emparentado con las formas neoliberales de la democracia oligárquica.
En todo caso, estos diálogos de paz que se van consolidando deberían saltar hacia un proceso constituyente que en reciente análisis caracterizamos en los siguientes términos:
La Paz total planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para superar la violencia social y política en Colombia está cargada de un enorme potencial transformador, pues, tanto por los objetivos y la metodología gubernamental planteada, como por los actores participantes, gobierno y guerrillas revolucionarias (Eln y Farc EP EMC), su contenido bien puede superar el alcance de los Acuerdos de paz del 2016, que evadió temas álgidos como la eliminación del modelo neoliberal, la transformación del Estado oligárquico, la reforma militar y la configuración de un nuevo ordenamiento territorial para atender las demandas de las comunidades indígenas, afros y campesinas, excluidas del «desarrollo» capitalista.
Siempre se ha dicho que cambios de tal envergadura deberían ser objeto de una Asamblea constituyente, previamente convocada por los actores centrales del régimen político; convocar, elegir y desarrollar una Constituyente es un evento y un proceso que suele ser presentado por la ultraderecha como un atajo cargado de conspiración golpista del que se vale la izquierda para destruir la democracia liberal y sus reglas de juego ciertas y estables.
Una Asamblea constituyente, con toda su parafernalia electoral, su escenografía de deliberaciones y la aprobación de un nuevo texto no necesariamente es el escenario adecuado en el que conversaciones y negociaciones de paz reflejen su capacidad transformadora del viejo régimen oligárquico.
La Paz total tiene una esencia constituyente, un potencial constituyente que puede fluir directamente de su dinámica y sus lógicas esenciales.
La Paz total como «paz constituyente», a mi juicio, debe articular y conectar los procesos de resistencia agraria, la desobediencia civil, la deserción y el sabotaje de la guerra con las luchas obreras, campesinas, afros, indígenas, urbanas, feministas, LGTBI, anticoloniales, antifascistas, ecologistas, por la salud, por la reforma agraria democrática, por la vivienda, por la educación, por la disolución del Esmad, la depuración de la policía, el ataque a la corrupción y la destrucción de las castas regionales oligárquicas en su expresión político partidista y electoral.
Paz constituyente es un movimiento múltiple y convergente de transformación revolucionara que debe contar con el apoyo y concurso de los actores involucrados en el proceso de diálogos, acuerdos y ejecución de estos.
La paz constituyente debe ella misma animar, facilitar y construir nuevas formas de poder popular. En este caso, estamos hablando de una paz que proyecte una democracia emancipadora y antifascista de la lucha contra los amarres entre guerra, austeridad neoliberal, concentración de la riqueza y autoritarismo; como una lucha por un Estado y una república regionalizada, federalizada y con plena autonomía territorial.
En esos términos es que es posible ir más allá de las famosas «líneas rojas» de la paz neoliberal santista a la que se acogió un sector de las Farc (Timochenko y su rosca contrarrevolucionaria) en evidente plan transformista por la vía de un reformismo grotesco y un parlamentarismo de alcantarilla que destapó su degradación ética y su naturaleza oportunista (https://www.aporrea.org/internacionales/a316849.html).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.