Culmina el Fast Track con resultados por todos y todas conocidos. Quedan en pie preguntas, y necesarias – pese a lo arriesgadas – síntesis de la situación creada y desarrollada hasta ahora. Una de ellas será: ¿Realmente apoyaron el sí en el plebiscito los sectores que hoy se oponen a la implementación normativa de un […]
Culmina el Fast Track con resultados por todos y todas conocidos. Quedan en pie preguntas, y necesarias – pese a lo arriesgadas – síntesis de la situación creada y desarrollada hasta ahora. Una de ellas será: ¿Realmente apoyaron el sí en el plebiscito los sectores que hoy se oponen a la implementación normativa de un acuerdo que públicamente dijeron respaldar? Si lo hicieron, y ahora se oponen o sabotean la implementación, ¿responde esa actitud al cálculo político, electoral en el que «la paz» ya no ofrece réditos? ¿Se trata entonces, de una desbandada por razones electorales de sectores de la Unidad Nacional? O, por otra parte, ¿La situación refiere, más bien, una conveniente aprobación pública, y desaprobación solapada de los acuerdos que se mantuvo alimentada por el clientelismo hasta ahora, que dicha mermelada disminuye?
La cuestión se hace más compleja al detallar los reagrupamientos propios de la disputa presidencial. Sin negar el pragmatismo, el cálculo político y el clientelismo como elemento medular de la reproducción del régimen político colombiano, pretendemos indicar que de fondo, estamos ante la reconstrucción y refrendación de un consenso estratégico de la vieja política. Ello no niega, al contrario le da mayor relevancia, a los matices del consenso en su proyección inmediata.
Rendición y entrega
Sería un error pretender que la continuidad de la guerra es un asunto incentivado desde cualquier tendencia de la clase política tradicional. El fin de la confrontación Estado-Insurgencia implica, desde su perspectiva, la legitimación del orden social vigente, proyecta nuevos campos en extensión y profundidad para la reproducción de capital y permite regular, canalizar, la conflictividad social y política. Otro asunto es la naturaleza de la finalización y sus alcances. En ellos, la lógica de la derrota militar y política del actor insurgente mediante la fuerza, y el posterior disciplinamiento agrupa la «extrema derecha». Por otra parte, está la visión de la negociación en una perspectiva de mayor internacionalización de la economía nacional – mediante el modelo extractivo y productor de materia prima sin valor agregado -, una negociación que a nivel político, antes que un gesto humanitario, proyecta la transformación del conflicto, y en dicho contexto, la absorción sistémica del actor insurgente armado. Es decir, reducirlo, al juego de «la democracia más antigua de Latinoamérica».
Valga anotar, al respecto, como de la implementación los aspectos más «avanzados» son los referidos a la creación y reconocimiento del partido político nacido del acuerdo de La Habana, la bancarización de los excombatientes, la amnistía e indulto, la «seguridad» a las ZVTN, PTN y -ahora- ECTR, las curules, y la disposición logística y jurídica para la dejación de armas y destrucción de armamento. Los aspectos referidos a modificaciones asociadas a las causas políticas, sociales e inclusive culturales – la verdad y la memoria – son justamente aquellos cuya condición es menos que preocupante. Ello no implica, desde luego, sugerir que siquiera en estos puntos la implementación fue efectiva o satisfactoria.
El problema de la tierra
No existe y si se vislumbra se trata de cinismo y demagogia, una diferencia de perspectiva ante el aparato productivo nacional entre las facciones de la clase política – incluido Fajardo, De La Calle y las López -. La lógica extractiva, primarizada y la perspectiva de nuevos campos para la cosecha del sector especulativo son elementos transversales del consenso estratégico que señalamos. Ello, sin embargo, no puede negar un desacuerdo esencial: la circulación de la tierra como factor productivo y de acumulación. Mientras el sector vinculado a la tenencia de grandes áreas de tierra, improductivas o sub explotadas, proyectan vía rentas conservar la estructura agraria latifundista – y de allí la oposición a la ley de tierras, la desfiguración del acuerdo referido a Reforma Rural Integral. A contramano, la perspectiva del acuerdo desde un sector de la clase política, consistirá en la institucionalización de dicha estructura agraria – legalización de la propiedad, actualización catastral – en perspectiva de consolidar un mercado, moderno, de tierras que, por lo demás, permite la vinculación del sector financiero al mismo.
Disciplinamiento o cooptación, legitimación de un régimen en crisis y descomposición
El clientelismo se erige en el aspecto cohesionador de los agrupamientos de clase. Se podría afirmar, enfrentamos a dos facciones de clase que comparten un consenso estratégico, matices y divergencias ante temas importantes de orden político y económico, pero con iguales crisis de liderazgos y cuyo agrupamiento hace converger actores políticos sin capacidad de dirigir un proyecto – de derecha o extrema derecha – de largo plazo. Esa contradictora condición deriva en la fluctuación de un campo a otro, y la facilidad de agrupamientos auspiciados para la mayoría de los políticos por la conveniencia y la lógica transaccional.
Abstencionismo, desprestigio generalizado de los partidos – en todas sus formas y manifestaciones, que incluso arrastra al campo alternativo -, la altisonante y progresiva evidencia pública del grado de penetración de la corrupción en todas las ramas – ¿carteles? – del poder público. Aún, pese a ello, el régimen político, logra reproducirse, y mantener un cierre estructural a nuevas formas de representación, construcción y práctica política – la negación de las circunscripciones especiales, la crisis del sujeto juvenil en casi todos los partidos allende su adscripción ideológica, la cacería estatal contra las consultas populares, y la imposición normativa de la forma partido como mecanismo de participación son hechos patentes de lo anterior. La visión individual de la actividad política, desplaza y niega actores colectivos que han emergido al margen del sistema político, justamente por su hermetismo, y que han ganado en las calles un lugar en el régimen político que se sigue negando – lo demostró ampliamente la vergonzante dinámica de la reforma política.
Desde luego, que la derivación de esto es el discurso de ‘mano firme’ que algunos sectores han abanderado, la lógica de acentuar los rasgos autoritarios del régimen político. De nuevo, el matiz emerge, en una lógica no menos autoritaria, pero aderezada con la cooptación, la dilación y el desgaste de las agendas y acciones sociopolíticas del campo popular, del que no está demás afirmar, sufre hoy dicho desgaste y pierde cada vez más capacidad de acción, de convergencia, y pasa de una dispersión creativa, a una dispersión que le hace presa fácil de la cooptación o inmovilidad. Son, desde luego, dos perspectivas que comparten en lo fundamental, la visión de regulación de la conflictividad social, y su desactivación como necesidad ante la perspectiva de legitimar el modelo político, y profundizar el modelo económico vigente. Esta necesidad de legitimidad se hace cada vez más urgente, habida cuenta de la delicada situación fiscal del país, producto del congelamiento del crecimiento económico, y la descomposición institucional que de manera progresiva se hace pública en el país. Neutralizar las alternativas, asfixiar o cooptar la alternativa, es condición sine qua non para legitimar y profundizar el proyecto de la vieja política.
Aspectos de perspectiva
Ante un panorama de este tipo, no está demás sugerir algunas vías de análisis que puedan contribuir al discernimiento de un momento tan complejo, e importante, como el actual:
Retomar la visión del acuerdo de la Habana como agenda inicial, de transformaciones sociales y políticas. Renegando, de eso sí, de la lógica y lenguaje de derrota que a veces doblega a quienes asumimos la paz como nuestro proyecto político. Los acuerdos de la Habana son un instrumento programático de primer orden, y de su desarrollo, se abren o cierran, posibilidades de transformación hacia el buen vivir de las gentes del común. Todo elemento programático, por su naturaleza, se acompaña de diversos mecanismos de ejecución. Así como en su momento se decía que lo que no se logra en la mesa de diálogos, se ganará en las calles, hoy vale la pena afirmar que lo que ha sido negado del acuerdo mantiene su vigencia, y se convierte en agenda de trabajo del campo alternativo, y por tanto, es una bandera a agitar en los diversos espacios de construcción e incidencia que ganemos como actor alternativo. Finalmente, la verdad completa del conflicto y todos sus actores, no la ponemos en duda, y la mutilación de la JEP, no puede derivar en deponer esa exigencia.
Enmarcar la disputa del acuerdo, como una disputa constituyente en clave de construcción de una alternativa de poder: Es decir, enmarcar la crisis del proceso de implementación como evidencia de una crisis general del ordenamiento del poder en Colombia, y en ello, de las alternativas antagónicas que ante dicha situación se perfilan. Esto es, abandonar la lectura de un actor «traicionado» en lo acordado – que de facto solo llama a la desazón y la tristeza, que, juramos, nunca irá unida a nuestros nombres- a la de un actor agente de transformaciones que, como en toda disputa política, atraviesa dificultades para proyectarse como opción de poder y que, por tanto, no reduce su margen de acción a sus dificultades, sino más bien, a crear nuevas realidades políticas y coyunturas.
Retomar la perspectiva de movimiento
Quizá una de las preguntas más acuciantes hoy, es la pregunta por el movimiento real, por el proceso, por el sujeto de las transformaciones. Es decir, por el proceso constituyente, esa combinación de movimientos y posiciones.
Hay que seguir juntando rebeldías, hay que seguir con alegría como bandera. Las luchas que siguen, son las libertades que faltan.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22443