Los familiares de desaparecidos ven con esperanza el reciente acuerdo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno Nacional frente a la búsqueda de las víctimas de este crimen, pero saben que para conocer la verdad de lo ocurrido con sus familiares se necesita de voluntad política por parte del Estado […]
Los familiares de desaparecidos ven con esperanza el reciente acuerdo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno Nacional frente a la búsqueda de las víctimas de este crimen, pero saben que para conocer la verdad de lo ocurrido con sus familiares se necesita de voluntad política por parte del Estado o, de lo contrario, estos casos continuarán en la impunidad.
Por esto, han venido exigiendo al Estado, principal responsable de este crimen en Colombia, resultados concretos para la aplicación no sólo de lo definido en el acuerdo surgido de los diálogos de paz sino lo definido en la Ley 589 de 2009, o Ley de Desaparición Forzada, y que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ofrezca resultados concretos sobre la suerte de miles de personas desaparecidas, luego de 15 años de labores de ese órgano mixto, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, Medicina Legal y organizaciones de víctimas.
15 años y pocos resultados
Las organizaciones de familiares de los desaparecidos sostienen que en la comisión se avanzado en la creación de un plan de búsqueda de personas desaparecidas y en la construcción de un protocolo de entrega digna de restos para quienes han sido encontrados sin vida, pero que durante 15 años la comisión no ha logrado dar respuestas claras sobre qué ha pasado con los más de 45.000 víctimas de este crimen. Además, señalan que hasta el momento no se ha avanzado significativamente en las investigaciones y mucho menos en los planes de búsqueda, siendo estos asuntos parte esencial de las funciones de una comisión que se ha quedado corta ante la realidad.
Por esto, desde que el pasado 30 de agosto se celebró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Fundación Nydia Erika Bautista, la Asociación Familiares Colombia y los Familiares del Palacio de Justicia vienen exigiendo que se evalúe el funcionamiento y el objetivo de la comisión y que el Estado demuestre voluntad real para que se sepa el paradero de las víctimas, especialmente cuando le cabe la responsabilidad por protegerlas y porque en la mayoría de casos los victimarios han sido sus agentes.
No obstante, las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición han declarado que respaldan el acuerdo y consideran importante la creación de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, desaparecido en la retoma del Palacio de Justicia, manifestó que la comisión no cumplido con su labor de búsqueda e identificación y que «en el caso del Palacio de Justicia les preguntamos qué hacían por nosotros después de treinta años […] y nos mandaron una carta con la respuesta, donde decía que les mandáramos las coordenadas de donde estaban nuestros familiares y ellos los buscaban. Es una respuesta absurda».
Por su parte, Gloria Luz Gómez, secretaria general de Asfaddes, indicó que «la Fiscalía no tiene una política realmente a favor de las personas desaparecidas. Con la restructuración, lo que hizo […] fue dejar aún más en el olvido y en la impunidad los casos de desaparición forzada y, por ello, nosotros venimos ahí en la comisión haciendo trabajo de presión y de exigibilidad, porque la Fiscalía nos debe dar respuesta de las investigaciones, de la búsqueda, de la identificación y de las entregas dignas, porque todo esto le corresponde a la Fiscalía y no lo está haciendo como debe ser».
El Estado no tiene las cuentas claras
Adicionalmente, los familiares vienen solicitando una investigación exhaustiva para que se revisen todas las bases de datos con registros oficiales sobre desaparición forzada, pues ven con preocupación que estos no estén unificados: mientras el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) reporta 19.400 víctimas, la Fiscalía General de la Nación habla de 69.000, mientras la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas maneja en su Registro Único de Víctimas (RUV) una cifra de 159.615, de las cuales 45.515 son víctimas directas y 114.100 son víctimas indirectas, y las organizaciones sociales que acompañan los casos de desaparición forzada denuncian al menos 45.000 casos.
La ausencia de una cifra unificada en los registros estatales evidencia que no hay una articulación de las instituciones para investigar los efectos de esta abominable práctica. La Fundación Nydia Erika Bautista, en el informe alterno al Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas de 2015, denuncia que «el Registro Nacional de Desaparecidos no contiene los casos de la Fiscalía General, ni del Registro Único de Victimas de la Ley de Víctimas ni de los muertos en combate del Ministerio de Defensa» y agrega que «las bases de datos estatales no cubren todos los rangos temporales de ocurrencia de las desapariciones forzadas, casos antes del año 2000». Además, señala el documento que es alarmante el subregistro en este crimen, puesto que en diferentes regiones del país no se realizan las denuncias por amenazas o porque, en ocasiones, las autoridades encargadas no las formalizan y muchos de los casos quedan archivados.
Exhumaciones y fosas comunes
Otra preocupación es el alto número de personas no identificadas que se encuentran en los cementerios regionales y municipales. Según aseguran las organizaciones, hay más de 20.000 personas muertas reportadas como NN, víctimas de todo tipo de violencias y entre las que se encontraría un buen número de integrantes de las guerrillas que han perecido y a los cuales sus familiares siguen buscando.
De la misma manera, han expresado su preocupación por la existencia de cementerios clandestinos y fosas comunes como la de La Macarena (Meta), donde se han hallado más de 2.000 cuerpos, y la de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde la Fiscalía reporta a 95 personas encontradas, pero las organizaciones sociales y la comunidad han señalado que puede haber más de 300 cadáveres. Actualmente, muchos de los cuerpos exhumados no se han logrado identificar, lo cual se ha convertido en un problema logístico por la falta de espacios adecuados para mantenerlos, la ausencia de un registro único en el cual centralizar la información y la falta de recursos para mantener las investigaciones.
Que el Estado responda
De otra parte, los familiares de las personas desaparecidas forzosamente le exigen al Estado colombiano que reconozca su responsabilidad y que acepte que la desaparición ha sido utilizada como una práctica generalizada y sistemática para exterminar la oposición, a los líderes sociales y a las organizaciones populares. En este sentido, Candelaria Vergara, esposa de Pedro Julio Movilla, sindicalista desaparecido el 13 de mayo de 1993, expresa que «las desapariciones a las que nosotros nos referimos son desapariciones de tipo político, son las desapariciones que hacen fundamentalmente el Estado o sus agentes, en las cuales están comprometidas las Fuerzas Militares y sus organismos de inteligencia, como lo que era el antiguo DAS, el B2, la Dijín».
Asimismo, Gladis López, hija de Faustino López Guerrero, desaparecido el 5 septiembre de 1984 en Puerto Boyacá, revela que «mi papa fue un dirigente agrario y miembro del Partido Comunista [Colombiano]. Lo persiguieron por muchos años […] no le perdonaron el haber luchado por un país mejor por más de 40 años. Se lo llevaron, tenía 78 años […] fue desaparecido con la participación de un agente rural del DAS, José Ruiz Barrero», el mismo día en que también fue desaparecido el dirigente sindical Miguel Ángel Díaz.
Frente al tema de justicia, las organizaciones de víctimas de desaparición forzada aseguran que se necesita reestructurar el sistema judicial, puesto que la mayoría de casos continúan en total impunidad, no hay voluntad para juzgar e investigar a los responsables y en los casos desaparición no se registran los autores intelectuales de los crímenes. Al respecto, María del Pilar Navarrete sostiene que, en el caso Palacio de Justicia, «en instancias internacionales el caso ya tuvo un fallo en el que se condena al Estado colombiano por la desaparición de nuestros 13 familiares y por torturas de otras personas […] el caso ya tiene dos condenas de militares, aunque están en un resort: salen, entran, dan clases de patriotismo en las universidades, pero, bueno, están supuestamente detenidos, que son Arias Cabrales y Plazas Vega, y están en juicio otros militares que pueden estar vinculados».
En lo que va del año, se han presentado las desapariciones forzadas de Róbinson Rendón Londoño, líder sindical de la seccional Valle de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y servicios complementarios de Colombia (Anthoc), quien fue desaparecido el 29 de septiembre, y de Édison Torres, concejal del Polo Democrático en el municipio López de Micay (Cauca), desaparecido el 19 de mayo. Hasta el momento no se tienen noticias del paradero de estos líderes sociales y las investigaciones continúan, pero no hay una respuesta por parte de las autoridades, mientras los familiares de las víctimas aseguran que es necesario lograr el hallazgo de las personas desaparecidas con vida.
Durante años, los familiares y amigos de las personas desaparecidas forzadamente han guardado la esperanza de poderlos encontrar y los siguen esperando. Luz Marina Hache Contreras, compañera de Eduardo Loffsner Torres, dirigente sindical de la Universidad Pedagogica Nacional desaparecido el 20 de noviembre de 1986, revela que «estoy convencida de que algún día, si no soy yo será mi hijo el que encuentre los restos de mi compañero».
Por su parte, Yanet Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista, manifiesta que vienen exigiendo al Estado colombiano la verdad sobre lo ocurrido y justicia frente a los más de 45.000 casos de desaparición forzada: «que nos den el derecho de conocer dónde están para darles una sepultura digna y llorarlos, recordarlos, dignificarlos como se lo merecen […] pedimos justicia, pedimos paz con justicia y paz sin desaparecidos».
Fuente original: http://elturbion.com/?p=12195