La salud de tres de los seis presos políticos chilenos que cumplen hoy 39 días en huelga de hambre en la cárcel de alta seguridad se ha deteriorado y corren peligro de muerte, advirtieron hoy fuentes médicas. Pablo López, especialista en medicina interna y cuidados intensivos, visitó a los detenidos en compañía de la abogada […]
La salud de tres de los seis presos políticos chilenos que cumplen hoy 39 días en huelga de hambre en la cárcel de alta seguridad se ha deteriorado y corren peligro de muerte, advirtieron hoy fuentes médicas. Pablo López, especialista en medicina interna y cuidados intensivos, visitó a los detenidos en compañía de la abogada Alejandra Arraiza y elaboró un informe médico que califica de preocupante el estado de salud de los huelguistas. Todos han perdido hasta 18 kilos de peso y están muy debilitados, pero la situación más grave es la Hardy Peña, que arrastra las secuelas de 74 días que permaneció sin ingerir alimentos el pasado año en una protesta similar, afirmó el galeno. Los presos, que no fueron favorecidos por el indulto otorgado en agosto de 2004, mantienen la huelga para exigir que se otorgue carácter de urgencia a un proyecto de ley que ingresó al congreso el 4 de mayo, y les permitiría acceder a la libertad condicional. El informe médico subraya que si la situación se prolonga no sólo la vida de Peña corre peligro, sino también la de las de Pablo Vargas y Claudio Mergarejo, recluidos junto con él. A pesar de la huelga y el mal estado físico de los prisioneros, la Comisión de Derechos Humanos del Senado no vio este punto en la sesión de ayer.
La iniciativa es patrocinada por 10 diputados de la coalición de gobierno y promovida por la Iglesia católica. Con ello, la situación de los presos políticos seguirá postergándose, porque la próxima semana es distrital, y la instancia legislativa recién retomará sus funciones la primera semana de julio, fecha en que los huelguistas ya llevarán más de 50 días de protesta. Para López, la inercia del parlamento puede resultar fatal. «Si el procedimiento sigue demorándose, corren serio riesgo de muerte», advirtió el médico. Los seis presos políticos fueron condenados por tribunales militares a comienzo de la década de los 90 en el marco de la Ley Antiterrorista aprobada por la dictadura militar para endurecer gravemente las penas contra sus opositores. Por el carácter de esta normativa no fueron favorecidos por el indulto otorgado en agosto de 2004, y tampoco beneficiados por medidas alternativas comprometidas por el entonces ministro del Interior José Miguel Insulza, actual Secretario General de la OEA. Los prisioneros, que en promedio llevan más de 13 años encarcelados, reconocen haber «combatido resueltamente la dictadura asesina y su continuismo neoliberal» (en referencia a los gobiernos de la Concertación que le siguieron). Sin embargo, niegan haber cometidos actos de terrorismo y reclaman que fueron condenados por la justicia militar, «la que es juez y parte, violando principios de derecho internacional». Según López, los presos políticos están en una postura de llegar hasta las últimas consecuencias. «No quieren dar su brazo a torcer y pretende seguir con su movilización cueste lo que cueste», recalcó el especialista.