Hace un par de semanas, la revista Semana publicó un amplio y aterrador informe especial: «La barbarie que vivimos». Abre con una fotografía espeluznante: un cadáver flotando en un río y, sobre aquél, un chulo. Las demás imágenes son desgarradoras: el llanto de las víctimas, las filas de masacrados, los cortejos fúnebres. El texto detalla […]
Hace un par de semanas, la revista Semana publicó un amplio y aterrador informe especial: «La barbarie que vivimos».
Abre con una fotografía espeluznante: un cadáver flotando en un río y, sobre aquél, un chulo. Las demás imágenes son desgarradoras: el llanto de las víctimas, las filas de masacrados, los cortejos fúnebres. El texto detalla las atrocidades de los paramilitares: escuelas donde el examen final consiste en comer carne de la víctima; atrocidades como el desmembramiento de personas vivas; la desaparición de cadáveres en fosas clandestinas o en ríos.
Algunos periodistas y defensores de Derechos Humanos han venido denunciando estos horrendos crímenes desde hace años, ante una desconcertante impasibilidad de la opinión pública y una cínica y evasiva respuesta de las autoridades. Los medios y los gobiernos han creado la sensación de que las denuncias son fruto de una imaginación perversa, medio esquizofrénica y parcializada de los denunciantes. La verdad tal cual está saliendo de las fosas comunes y de lo poco que los criminales confesos recuerdan, y muestra que la imaginación se ha quedado corta y que lo que ayer era considerado «mera literatura», hoy hace parte de los sumarios. El derecho a imaginar es en nuestro triste país un método de investigación: piensa mal y acertarás, dice el refrán popular. Lo tomo a pecho. En fría lógica, mirando para atrás y para adelante, creo que el uribismo, con su caudillo a la cabeza, no está interesado en la libertad de los cautivos por las Farc y menos aun en la libertad de Íngrid. Por varias razones: primera, porque ella sería una candidata presidencial arrasadora en 2010.
Hay que imaginar el escenario: Íngrid, como lo anticipa la foto, denunciando la indiferencia del Gobierno y la crueldad del cautiverio; Íngrid mostrando la brutalidad de la guerra; Íngrid con su cara de niña aplicada señalando, acusando, proponiendo. ¿Podría alguien con más autoridad hablar del fracaso de la Seguridad Democrática? ¿Podría otro candidato hablar con mayor fundamento ético y político de la solución civil, no violenta y no militar de la guerra? ¿Habría en las tribunas alguien con mayor credibilidad pública? Segunda: El rescate militar intenta tanto volcar toda la culpabilidad en las Farc, lo que en parte es cierto, como atravesarse en la carrera política de Íngrid, así ella haya sido l’enfant terrible del establecimiento. Andrés Pastrana y Pachito Santos, ambos secuestrados por los narcos, ganaron las elecciones por muchísimo menos. Íngrid libre voltearía la torta mediática, y desnudaría la infame política de guerra que defiende el Gobierno.
Todo lo cual empuja mi imaginación hacia otra conclusión: las Fuerzas Militares se oponen al intercambio humanitario porque, como lo han dicho el Presidente y sus epígonos, debilitaría la Seguridad Democrática, es decir, la guerra, que es de lo que los militares viven. Pero, abusando de la imaginación, pienso en lo que pasaría después de la firma de un acuerdo justo y equilibrado de paz: los militares se quedarían sin oficio. O por lo menos no tendrían justificación alguna para apañar el 6,5% del PIB. (EE.UU., guerra de Irak y matonismo global incluidos, sólo destina el 4% de su PIB.
Durante el segundo mandato de Uribe, las FF.AA. recibirán 60 billones de pesos (un billón = un millón de millones). Un sólida y sobre todo corta investigación de José Fernando Isaza y Diógenes Campos revela datos complementarios que ayudan a entender cuál es el verdadero resorte de la vehemencia y el patriotismo de Uribe y de sus militares. Se han desmovilizado 35.000 hombres de las Auc y se han entregado 13.000 de las guerrillas, pero el presupuesto de guerra aumenta: en el 2008 habrá 450.000 nuevos cargos dedicados a la guerra; más de la mitad de sueldos y salarios que paga el Gobierno se van en militares y anexos.
El gasto en defensa es igual a la suma de todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental. El 65% de las inversiones del gobierno va a la guerra. Según Isaza, que es gran matemático, cada guerrillero muerto o reinsertado cuesta 5.562 millones de pesos. Para rematar: hay dos ejércitos: uno en retiro -dedicado a sus ganaderías y a sus empresas de seguridad-, que se lleva el 40% del presupuesto militar, y otro en servicio, que se alimenta del 60% complementario.
Cuando se habla de Fuerzas Armadas se debería hablar con rigor: son un verdadero gremio armado que controla la mayor empresa económica del país y que, como toda empresa, su prioridad es reproducirse de manera ampliada. ¿Quién en el futuro será capaz de ponerle el cascabel al gato? ¿Cómo se desmontará esa infernal maquinaria de guerra? Lo peor de Uribe no será lo que hizo, sino lo que a nuestros hijos les tocará pagar.