La necesidad de más recursos para lograr la suficiencia del sistema no se pone en duda. La cuestión planteada es cómo lograr esa suficiencia.
El acuerdo anunciado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT para fortalecer el Fondo de Reserva y, de paso, cubrir potencialmente las necesidades presupuestarias en las pensiones de la generación de los años 70, se basa en subir 6 puntos las cuotas de empresas y trabajadores durante diez años.
Este aumento provisional tiene diversas lecturas. Las cuotas de la Seguridad Social pueden considerarse un ‘impuesto’ al trabajo, al encarecerlo, pero también como un salario diferido para los trabajadores, dado que asegura la percepción de las pensiones de los de ahora y su demanda de bienes y servicios y, dado el sistema de reparto, se mantienen los derechos de sus futuras pensiones.
En todo caso, este acuerdo parte de varios supuestos. El primero de ellos es que las cotizaciones sociales tienen un carácter finalista, se cotiza para las prestaciones fijadas; el segundo es que hay un cierto nivel estanco entre las cotizaciones y prestaciones sociales y el resto de los ingresos y gastos del Estado.
Con respecto al primer supuesto, hay una realidad contable y un consenso académico de acuerdo con los cuales las cotizaciones sociales han estado contribuyendo a sufragar gastos o inversiones espurias a los fines establecidos desde hace décadas y no se han ‘devuelto’ a la Seguridad Social las cantidades liquidadas en todos estos años. Más de 100.000 millones de euros calcula el Tribunal de Cuentas. Por eso, en las propias negociaciones del acuerdo de subida de las cotizaciones se acordó que el aumento de las mismas tendría que llevarse a cabo una vez que las cotizaciones dejaran de servir para pagar otras partidas presupuestarias ajenas a las prestaciones de las pensiones regladas.
El segundo supuesto, el de una cierta estanqueidad, viene matizado, y mucho, por la disposición de los Pactos de Toledo que señala que “la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales”. Es decir que, como no puede ser menos, la financiación de las pensiones contributivas puede obtenerse de la recaudación general del Estado.
Otra suficiencia, con más equidad
La necesidad de más recursos para lograr la suficiencia del sistema no se pone en duda. Es un asunto actuarial el cálculo de cuántas personas se van a jubilar y la pensión media que deben recibir, junto a la esperanza de vida de los actuales pensionistas, la que determina un aumento global de las prestaciones por pensión más elevada cada año, aunque en un porcentaje del PIB menor al de otros países europeos.
La cuestión planteada es cómo lograr esa suficiencia. Los firmantes del acuerdo piensan que subiendo provisionalmente las cotizaciones de forma lineal. A todos los trabajadores y empresas, un porcentaje de 1 y 5 puntos, respectivamente.
Se supone que se han descartado otras opciones por insuficientes, aunque tendrían unos efectos positivos de estabilidad laboral e ingresos que harían menor el incremento de cotizaciones pactado, como una subida diferente de cotizaciones a los contratos temporales y horas extras; se considera insuficiente el posible aumento de las cotizaciones por el incremento del número de trabajadores en activo, por cuenta ajena o propia, y los ingresos sobre las que se fijan las cotizaciones; también se ha dejado de lado la composición de las cotizaciones y las finalidades a las que están dedicadas, cuya eficacia es discutida, como formación, y que podrían aliviar esa subida.
Por último, se ha descartado y creo que es un error, la financiación total o parcial de ese incremento de prestaciones por pensiones, vía presupuestos generales del Estado y su sistema tributario. El sistema tributario español tiene unas posibilidades de recaudación potencial que facilitarían ese trasvase de impuestos a prestaciones. No solo con los posibles ingresos derivados de combatir el fraude, la captación de ingresos en la lucha contra la elusión fiscal, los paraísos fiscales y los impuestos a las plataformas digitales que hasta ahora escapan de su responsabilidad social. Me refiero con todo ello a la mejora de la progresividad fiscal del conjunto del sistema tributario. Piénse, por ejemplo, en la doble tarifa en el IRPF según la procedencia de los ingresos de los contribuyentes, que grava más a las rentas del trabajo.
El factor trabajo lleva desde hace décadas perdiendo peso en la distribución de la renta nacional, en favor de otras rentas. La forma de corregir esta desigualdad, por supuesto, está en la negociación colectiva y en una reforma laboral que equilibre el ‘poder’ contractual de trabajadores y sus sindicatos y empresarios; pero también, ex post, en el reparto de cargas impositivas y gasto social.
Por esto último, creemos que sería necesario que fuera el sistema tributario el que soportara en mayor medida el necesario aumento de las prestaciones sociales, antes que la simple solidaridad entre los trabajadores y el factor trabajo, para que se incluyan al resto de la ciudadanía y los demás factores productivos.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pensiones/pensiones-si-con-solidaridad-fiscal
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