«La emancipación del proletariado es la abolición del crédito burgués, pues significa la abolición de la producción burguesa y de su orden. El crédito público y el crédito privado son el termómetro económico por el que se puede medir la intensidad de una revolución. En la misma medida en que aquellos bajan, suben el calor […]
«La emancipación del proletariado es la abolición del crédito burgués, pues significa la abolición de la producción burguesa y de su orden. El crédito público y el crédito privado son el termómetro económico por el que se puede medir la intensidad de una revolución. En la misma medida en que aquellos bajan, suben el calor y la fuerza creadora de la revolución»
(K. Marx, «Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850» Edit. Progreso, 1966, p. 138).
Al entrar al año 11 del siglo XXI estamos en una extraña situación, los llamados progresistas de Chile son francamente regresivos porque pretenden ofrecer como una mercancía en el mercado nacional cierta gobernabilidad que el actual ejecutivo o no es capaz o le es muy difícil garantizar.
Casi apelando a la nostalgia podríamos decir que reformistas y socialdemócratas eran los de antaño. Los actuales no logran diferenciar entre «políticas sociales», «gasto social» y mucho menos llegar siquiera a conceptualizar algo así como «inversión social». Si lo lograran, no nos quedaría más remedio que hacer causa común, pues sin duda una política signada por la defensa del patrimonio social y el aumento del poder de compra de los trabajadores y el aumento permanente del valor del trabajo, es lo mínimo a lograr en todo momento como piso innegociable de la soberanía popular.
Para nuestros progresistas, concertados y desconcertados, fieles o díscolos infieles, un buen capitalismo es un capitalismo que chorrea por debajo de la manga lo que se apropia legal e ilegítimamente por medios de los subterfugios más burdos y simplones. Podríamos decir que lo que pueden gastar en subsidios es un mero «impuesto» al terrible temor que les asiste de que esa masa anónima de trabajadores subempleados, desempleados, familias enteras con la línea de la miseria apenas por arriba del cuello, jóvenes sin ocupación y miles y miles de chilenos y chilenas (documentados e indocumentados) que jamás conocerán siquiera lo que un contrato de trabajo significa, se les pase por la mente seguir el ejemplo de los insubordinados magallánicos que cada cierto tiempo patean el tablero (se lo patearon a Pinochet y se lo patearon a Piñera).
Si fuera colorín y ex ministro de Defensa diría que estos escuálidos progresistas chilenos valen callampa. Y aunque no soy colorín y difícilmente sea ministro de Defensa un buen día lo diré.
El empobrecimiento «crónico» (no hay pobres, hay empobrecidos, explotados y despojados) es caldo de cultivo para nuevos paros que han de tener alcance nacional. Pero los «banana boys» que nos gobiernan, o que están en la oposición transitoriamente (o al menos eso pretenden hacernos creer), saben que las famosas «políticas de programas y asistencia social» son un gasto más barato y las malas negociaciones se pagan caro.
(Nota al margen y con pretensiones de explicación. Los «banana boys» son los cómicos inventores de un país bananero que vende cerros molidos al capital financiero que termina especulando en las bolsas del mundo el cobre, oro, litio y otras materias primas esquilmadas a granel. Los «chicago boys» fueron los humoristas que le regalaron el ladrillo a su amigo el General.)
No se trata de simples confusiones de términos y conceptos, tampoco se trata de graciosos eufemismo o utilización descuidada de dogmas como aquella otra creencia religiosa y fundamentalista de que el mercado es un «factor» regulador. Se trata de un negocio redondo que implica endeudamiento permanente del Estado, percibiendo préstamos del Banco Mundial, BID y otras «generosas» instituciones como el FMI, algo así como las ONGs por arriba que en operación tenaza actúan como muchas otras del tipo en cuestión pero desde abajo. Es decir: el capital financiero, por arriba o por abajo esquilmando al Estado, se da toda suerte de artimañas para «combatir la pobreza», y de paso implantar el discurso de la pobreza. Esta es más bien la pobreza del discurso de lo que actualmente se presenta como muy progresivo.
Muy bien, entonces son progresistas, Good Time para buenos negocios entre «privados» y el Estado que paga a cuenta de nuestro bolsillo.
Sin embargo el «Gasto Social» es otra palabreja al uso que hay que tirar al tacho de la basura. Es de una vaguedad enorme, puede ser asistencialismo, transferencia de crédito público en crédito privado -al estilo créditos universitarios transferidos a bancos privados para la generación extraordinaria de excedentes- o inversión social efectiva. Según nuestra comprensión el concepto está referido a las inversiones productivas que por unos largos años seguirán estando en manos del Estado (independientemente de su denominación). El concepto «Gasto Social» debe ser resignificado en el concepto de «Inversión Social» definitivamente para una cabal comprensión de las problemáticas en disputa. Solo así se entendería como inversiones que están asociadas a una educación pública, laica y gratuita, salud que no sea negocio de financieras privadas llamadas ISAPRES, vivienda digna y segura en propiedad o arriendos muy baratos proporcionales al salario o sueldo percibido, transporte público pagado con impuestos reales cobrados a las transnacionales depredadoras del patrimonio soberano, infraestructura pública que no esté al servicio de negocios privados -las concesiones de Lagos son privatización con alevosía y premeditación-, seguridad social con AFP del Estado, entre otras tantas inversiones imprescindibles para toda la población, que al irlas enumerando y sancionando iremos construyendo el programa popular.
Inversión social que puede ser financiada ampliamente si cobramos al capital transnacional un royalty minero realmente de acuerdo a las ganancias que están pasando en forma oculta por sus correas transportadoras en un tráfico descarado. El cobre siguen siendo nuestro sueldo y el salario se defiende, o ¿nos acostumbraremos a no negociarlo en forma colectiva? Para ello hay que promover la sindicalización con estatura país y luchar aperrando contra las prácticas antisindicales, independientemente del rut de la patronal.
Cuando ocurre que alguien se autocalifique de progresista y haciendo mala digestión del concepto «Gasto Social», se termina por permitir que se nos hable de hacer llamados a «licitaciones» para hacer transparente la «función pública». En estos casos no se trata de «función pública» alguna, sino claramente de negocios privados; huelga decir que tampoco son tan transparentes.
Por eso no hablamos de «Gastos», sino claramente de «Inversiones». Por tanto cuando se nos mete en la cabeza tonteras como que hay que reducir el «gasto público» sabemos a la perfección que son momentos de hacer caja grande por parte de los llamados «privados», esa minoría enriquecida a costa del trabajo de millones o de buenos negociados con el patrimonio social. Es decir, por si alguien aún tuviera dudas, se trata de momentos en que nos tienen que meter las manos en el bolsillo para sacar lucas extraordinarias del pueblo trabajador.
Extraño país en que lo público no es público y lo privado siempre es enajenación del sudor de las grandes mayorías nacionales, por anchas o por mangas, y la Res-Publica es Res-Privada.
Las propuestas que convienen al pueblo trabajador tienen que ver derechamente con el control y/o regulación de las transacciones financieras, que los vasos comunicantes no se contrapesen del lado del crédito privado y se carguen definitivamente hacia el lado del crédito público. Sólo amarrando las manos del capital financiero y cortándole las alas a su liberal ideología, es que podremos abrir caminos de victoria en la dirección de la abolición del trabajo asalariado. La cuestión de las finanzas no se autocontrola, la cuestión es quién controla, bajo que impronta. El control y la regulación, que muchos ya tienen claro que tiene que suceder para evitar las crisis del capitalismo y la propia crisis del capitalismo, tiene que estar en manos de las grandes mayorías que por un largo período solo podrán ejercerlas controlando y regulando el Estado. Hace falta un gobierno de, para y por el pueblo y los trabajadores, no existe ningún otro camino posible. De cuáles son los derroteros para lograrlo, todo está por verse, pero independientemente del camino que se transite, esto solo será posible con un pueblo organizado, movilizado y con las riendas de la soberanía en sus propias manos. La democracia no es cuestión de mediaciones formales, es cuestión de participación real y efectiva o simplemente no lo es.
En fin, los progresistas somos nosotros, pues al plantear con fuerza estas demandas concretas (control y/o regulación de las transacciones financieras por parte de las grandes mayorías nacionales a través de los mecanismos del Estado de todo el pueblo) estamos diciendo que se trata de una cuestión fundamental en la dirección correcta tras una nueva praxis: la socialización de las riquezas (producidas, rentadas o naturales) contra la actual lógica de socialización de la pobreza.
Para el pueblo trabajador no hay peor negocio que seguir manteniendo con tubos de oxígeno un modelo de acumulación y concentración privada de riquezas socialmente producidas, hay que cerrarles el crédito y se declaren de una vez por todas en bancarrota y queden paralizados frente al movimiento popular en acción. La era quiere parir lo nuevo y los parteros tenemos que prepararnos definitivamente para entrar a la clínica. Somos las parteras, nos hemos ganado el derecho a entrar en acción y ser sujetos de emancipación y de dejar de ser objetos de la explotación y la dominación.
Para que el pueblo trabajador mande, lo primero es caminar y avanzar en la dirección de un Paro General. Ser progresista es definir un modelo de progreso basado en la soberanía de las mayorías.