El ministro en visita Hugo Dolmestch condenó en primera instancia a cadena perpetua al ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel, por los asesinatos de doce militantes de FPMR, perpetrados entre el 15 y 16 de junio de 1987 en la llamada Operación Albania. Asimismo, sentenció a quince años de prisión al ex jefe […]
El ministro en visita Hugo Dolmestch condenó en primera instancia a cadena perpetua al ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel, por los asesinatos de doce militantes de FPMR, perpetrados entre el 15 y 16 de junio de 1987 en la llamada Operación Albania.
Asimismo, sentenció a quince años de prisión al ex jefe operativo de ese disuelto organismo represivo Álvaro Corbalán, y a diez al ex oficial de Carabineros Iván Quiroz, quien fue pieza clave de esta operación, también conocida como Matanza de Corpus Cristi.
El magistrado aplicó también penas que van entre los cinco y los diez años a otros doce procesados, acusados todos de participar en las ejecuciones de los frentistas.
Abosolvió, en tanto, a otros once ex agentes que estaban involucrados en esta causa por haber participado en los operativos de detención.
Este fallo causó profunda molestia entre los familiares de las víctimas, entre los que se cuenta Patricia Silva, quien alegó que contra el magistrado, pues éste sólo resolvió que hubo cinco homicidios calificados, y los otros siete los catalogó como homicidios simples.
«Creemos -dijo Patricia Silva- que estos crímenes merecían condenas a cadenas perpetuas para todos los responsables de su ejecución».
Los crímenes castigados
Durante la causa, se estableció que los acusados dieron muerte en el número 582 de la calle Pedro Donoso, en la comuna de Recoleta, a Ricardo Rivera Silva, José Valenzuela Levy, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa, Ricardo Silva Soto, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo.
Asimismo, se determinó que en Varas Mena 417 se encontraron los cuerpos acribillados de Juan y Wilson Henríquez; mientras que pasada la medianoche del 15 de junio de 1987 fue ejecutado Julio Guerra Olivares en la Villa Olímpica, mientras que Ignacio Valenzuela fue asesinado en la calle Alhué de la comuna de Las Condes.
Según consta en la voluminosa investigación, Hugo Salas Wenzel supo con una semana de anticipación que la unidad antiterrorista de la CNI estaba preparando este operativo contra la plana mayor del FPMR, y su orden fue eliminar a quienes estaban detenidos.
Ya en la resolución que procesó a Salas Wenzel, se establecía que «desde aproximadamente el mes de marzo de 1987, la Central Nacional de Informaciones, que conforme al D.L. 1878 de 1976 constituía un organismo militar especializado, a través de la División Antisubversiva (Š) ubicó a numerosos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Š) Que con la información antes indicada, el Comandante de la Brigada da cuenta al comandante de la División Borgoño (Š) que a su vez da cuenta al director Nacional de la CNI, el cual luego de una semana de espera, ordena por el mismo conducto, una acción de neutralización respecto de aquellos miembros que se suponía representaban la jerarquía o jefatura del FPMR».
El montaje y sus cómplices
Cinco de las víctimas fueron emboscadas y muertas en distintos lugares, mientras las siete restantes fueron detenidas e ingresadas al cuartel central de la CNI en calle Borgoño, a la espera de la orden del Director Nacional de ese organismos para ser eliminadas.
De esta manera, los miembros del FPMR fueron llevados a una casa de Pedro Donoso, la cual se preparó con días de anticipación para realizar el operativo. Los frentistas fueron distribuidos en distintas piezas, y luego, por disparos con armas de fuego, se les quitó la vida.
«El director de la CNI ordena que todos aquellos sujetos privados de libertad debían ser eliminados». Luego, las víctimas fueron trasladadas a la casa «previamente preparada» de calle Pedro Donoso 582, introducidos a distintas piezas, y muertas por armas de fuego.
Asimismo, consta que «el fiscal militar, que en esos momentos se encontraba en el Cuartel, espera que se cumpla la orden y concurre al sitio del suceso para «supuestamente practicar una inspección personal que derivó simplemente en evitar que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones efectuara su labor en el sitio del suceso de manera eficaz ordenando que hicieran su trabajo rápido y se retiraran del lugar», agrega el escrito. El montaje de enfrentamiento fue de tal magnitud que, por ejemplo, se estableció que el asesinato de Julio Guerra Olivares ocurrió en el baño de su domicilio. Luego de obligar a otra persona que vivía en el lugar a abandonar el inmueble y lanzar una bomba lacrimógena a su interior, y consta en los expedientes que «cuando éste se encontraba sentado en la taza del baño del segundo piso, le dispararon varios tiros de corta distancia en la cabeza y en su cuerpo, trasladando luego su cadáver al descanso de la escalera que da al segundo piso en el cual se le volvió a disparar en repetidas oportunidades y se instaló en unos escaños de la escalera un arma de fuego para suponer la existencia de un enfrentamiento».