Persiste la impunidad ante la sistemática violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado

El 14 de abril de 2008, la Corte Constitucional a través del Auto 092, constató que «La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano», los derechos humanos de las mujeres.

En el mismo pronunciamiento, la Corte identificó las diferentes barreras en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual e instó a la Fiscalía General de la Nación a «adoptar, a la mayor brevedad, las medidas necesarias con el fin de asegurar el avance de las investigaciones en curso y el inicio de los procedimientos investigativos de imperativo desarrollo respecto de los hechos que aún no han sido objeto de atención por la justicia penal ordinaria» [1].

Así mismo, le solicitó «incluir la respuesta al fenómeno de la violencia sexual a la que han estado y están expuestas las mujeres colombianas en el marco del conflicto armado dentro del más alto nivel de prioridad de la agenda oficial de la Nación» [2] .

Tres años después.

La Mesa de seguimiento sigue constatando la persistencia de patrones de impunidad en las investigaciones sobre violencia sexual, así como la presencia de barreras y el avance de las investigaciones que dificultan el acceso de las mujeres víctimas a la justicia.

En el cuarto informe de seguimiento al Auto 092, la Mesa documenta la persistencia de dichas barreras, entre las cuales se destacan:

• La falta de garantías para denunciar.

• La presencia de patrones discriminatorios y estereotipos de género en las decisiones judiciales.

• La ausencia de enfoques diferenciales frente a poblaciones en especial condición de vulnerabilidad.

• La carencia de medidas efectivas y adecuadas de protección para las víctimas. En este sentido los programas de protección no están diseñados para atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia sexual, carecen de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, y no contemplan medidas suficientes para garantizar la seguridad de las mujeres en el acceso a la justicia.

Dichas barreras se traducen en la reiterada impunidad respecto a los hechos de violencia sexual, la ausencia de garantías en la denuncia y la presencia de obstáculos relacionados directamente con el sistema de justicia.

«El informe está orientado principalmente a la Corte Constitucional […] y a la Fiscalía General de la Nación para que conozca y aplique los estándares de garantía y protección sobre violencia sexual contra mujeres y supere las barreras detectadas por la Mesa que impiden el avance de las investigaciones; a las entidades del Estado para que tomen medidas que garanticen la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia sexual; y a la sociedad en general para que conozca el nivel de impunidad en el que permanece la investigación de estos casos y las barreras que atraviesan las víctimas para acceder a la protección de sus derechos e intervenga de manera activa en la exigencia de los derechos de las mujeres» [3] .

El 97.8% de los casos reportados por la Fiscalía (en relación al auto 092 de la Corte Constitucional) no cuentan con sentencia condenatoria [4]. Acerca de la Mesa de Seguimiento al Auto 092:

La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Corporación Casa de la Mujer, la Corporación Sisma Mujer, la Liga de Mujeres Desplazadas, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Ruta Pacífica de las Mujeres, reunidas en la mesa de seguimiento respecto al anexo reservado del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, presentan el cuarto informe de seguimiento titulado «Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual». La Mesa cuenta con el acompañamiento, en calidad de observadoras, de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de ONU Mujeres.

Informe